Nacional

Confirma plan para dar muerte a Aminta

* “A ciencia cierta, atentarían contra Primera Comisionada y contra comisionado de Rivas”, dice Dr. Manuel Martínez * Confirma destitución de juez Palma y asegura que en frontera sur opera una organización “pesada”

Eloisa Ibarra

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Martínez, llamó la atención en que por ahora las amenazas del narcotráfico son contra la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, pero en el futuro pueden extenderse, porque el narcotráfico internacional no perdona nada.
Hoy miré en los periódicos, pero “yo lo sé a ciencia cierta que había un plan para matar a la comisionada (Granera) y para matar también al comisionado de Rivas, y así sucesivamente se pueden ir extendiendo las amenazas, porque esa gente anda en negocios grandes y no le niego la razón a un juez que se niegue a conocer por miedo”, afirmó Martínez.
¿Jueces sin rostro?
Expresó que en el futuro se podría llegar a tener jueces sin rostro, porque el narcotráfico internacional no anda respetando nada. “A mí me han dicho que me cuide, y les he respondido de qué, y la seguridad me dice que por mi posición no puedo andar solo”.
“Hay una organización en la frontera sur, pesada, pero ayúdeme a decir pesada”, reveló Martínez, tras indicar que todas las instituciones del sistema judicial deben trabajar unidas para enfrentar el narcotráfico internacional, que tiene dinero para comprar gente.

Palma será destituido
En ese sentido, adelantó que en las próximas horas firmarán la destitución del juez de Distrito Penal de Rivas, Edward Peter Palma, porque se confirmó que actuó al margen de lo establecido en la ley, y sobre todo atendiendo una recomendación de la Policía Nacional que les expresó que les botaba el trabajo y que no seguirían trabajando con él en los casos de narcotráfico.
“Será destituido, la resolución se dará a conocer hoy (ayer) o mañana, una vez que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial pase el expediente”, dijo Martínez, tras afirmar que para tomar la decisión fue determinante la queja de la Policía, que recomendó su destitución.

Hay que esconderse
“En esta clase de delito no es que sea parcializado, pero hay que ser cuidadosos, porque los narcotraficantes tienen dinero para comprar voluntades. Si la circunstancia lo amerita, conforme la Inteligencia de la Policía Nacional, y dicen por ahí anda una banda capaz de todo, lo primero es esconderse y meter la cabeza como el cusuco, mientras se aprueba una nueva ley para que comiencen a funcionar los jueces sin rostro”, dijo.
Martínez hizo un llamado a los jueces de todo el país, a no tomar medidas de arresto domiciliar cuando se trata de delincuentes muy peligrosos, e indicó que si la Policía considera que debe protegerse la vida de un juez, seguramente lo hará.
Vale recordar que el artículo 173 del Código Procesal Penal (CPP), establece que en todo caso el juez decretará la prisión preventiva sin que pueda ser sustituida por otra medida cautelar, cuando se trate de delitos graves relacionados con el consumo de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas o con lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas.
Martínez adelantó que la escogencia del juez que sustituirá a Palma será de forma estricta y en atención a lo establecido en la Ley de Carrera Judicial.

El caso de Defensoría Pública
En relación con la defensora pública Dora Cordón, Martínez informó que es investigada, porque la Policía les advirtió de una supuesta “confabulación” con el juez Palma.
Cordón llegó en calidad de abogada defensora de Palma el día que éste compareció ante la Comisión del Consejo, reveló una fuente de la CSJ que estuvo presente en la audiencia.
La Directora de la Defensoría Pública, Marielos Mendoza, dijo desconocer que Cordón haya llegado a la Corte en calidad de abogada defensora de Palma, porque su función no es esa, y el juez, por el salario que devenga --más de 23 mil córdobas--, no es una persona pobre a quien deban prestar esos servicios.
Martínez reconoció que en muchos casos los defensores públicos defienden a narcotraficantes, alejándose del objetivo para el cual fueron creados, como es la defensa a reos pobres.