Nacional

Quiebres en Rivas en trasfondo de las amenazas a Aminta

* Informe de magistrado contra el judicial es respaldado por varios magistrados que dan todo su respaldo a Jefa de la Policía

El plan para atentar contra la vida de la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, podría haber sido fraguado por algunos de los capturados en los quiebres de droga efectuados en diferentes municipios de Rivas, reveló una fuente vinculada al caso.
Es por ello que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) siguen con lupa la actuación del juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Edward Peter Palma, quien, violando la ley, según un informe, ha dejado en libertad a algunos de los capturados en los últimos quiebres más grandes de droga.
“Sabemos quiénes son, pero no podemos darles ninguna información”, afirmó la jefa policial, quien reiteró su compromiso de seguir trabajando para garantizar mejores niveles de seguridad de los nicaragüenses.

“No se doblegarán”
Para la jefa policial, los planes de atentados en contra de su persona, son realmente amenazas en contra de la Policía Nacional. “Si hacen amenazas en contra de mi persona es porque represento a la institución”, dijo Granera.
“Lo más importante es que no vamos a doblegarnos ante las amenazas del crimen organizado”, dijo, y reconoció tener temores por lo que le pueda ocurrir a su familia. “Obviamente (teme por la seguridad de su familia), sin embargo estamos comprometidos con la seguridad de los nicaragüenses”, señaló.
El pasado 17 de enero, el juez Palma otorgó arresto domiciliar a cinco de los trece acusados por la incautación de más de 1,600 kilos de cocaína, efectuada en el municipio de San Juan del Sur, Rivas.
El operativo, donde se capturaron los más de 1,600 kilos de droga, inició en las playas El Yankee, El Ostional y La Virgen, ubicadas en Rivas, y culminó en el kilómetro 131 de la carretera Panamericana con la captura de 14 personas. Uno de los traficantes se dio a la fuga y es buscado por efectivos de la Policía.
Al presentar la acusación el Ministerio Público, Palma ordenó prisión preventiva, pero días después cambió la medida por arresto domiciliar a favor de Alfonso Díaz, de 38 años; Miguel Antonio Jaen, alias “El Capi”, de 36; Germán Zamora Orozco, alias “Pineda”; Alfonso Cruz Barrios y Manuel de Jesús López.

No tenía facultades
El juez Palma alegó que no existían elementos de prueba y que el Ministerio Público tenía que ampliar la acusación. Sin embargo, un informe preparado por el magistrado Marvin Aguilar, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), afirma que el juez no tenía facultad para emitir criterio de los elementos de prueba, porque esa es competencia del juez de juicio.
Además, Aguilar deja claro que el Código Procesal Penal (CPP) establece como medida cautelar para los casos de droga la prisión preventiva. Recomendó la destitución de Palma a fin de resguardar el interés de la sociedad contra estos tipos de delitos, que se extienden al ámbito internacional y requieren un esfuerzo en común para erradicarlos.
La magistrada Yadira Centeno afirmó que cuando el caso sea sometido a la Corte Plena votará a favor de la destitución de Palma, como lo recomienda su colega Marvin Aguilar, por considerar que el juez ha actuado más allá de su competencia y violado la Constitución Política.
Centeno, quien brindó su total respaldo a Granera, dijo que el Poder Judicial debe actuar con mano dura cuando los jueces violan la ley en casos de droga, porque no es posible que la Policía se exponga en los operativos y los jueces dejen libres a los acusados.
El magistrado Francisco Rosales expresó que Granera tiene el respaldo de los magistrados que apoyan totalmente el desempeño de sus funciones. “Si algo puede obstaculizar, quitaremos esos obstáculos”.
En este caso (Palma), estableceremos la gravedad del asunto, porque le interesa a la nación, al orden público y a la sociedad entera y se tomaran cartas en el asunto, porque el narcotráfico es grave.

Navas reconsidera
El magistrado Edgard Navas, miembro del Consejo, y quien le había dado el beneficio de la duda a Palma, dijo ayer que analizará el caso con toda la delicadeza que amerita.
“Sabemos que Rivas se ha convertido en una zona de mucha incidencia de droga, y el Poder Judicial debe tener un tratamiento fuerte en ese sentido. Voy a tomar la decisión más acertada”, dijo Navas.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en un pronunciamiento denuncia que los planes de atentar contra la jefa de la Policía se inscriben en un contexto de fragilidad del sistema de administración de justicia, que por errores y actos de corrupción, muchos casos quedan en la impunidad.
En comunicado condena enérgicamente las amenazas en contra de Granera, y pide a las autoridades del Estado de Nicaragua dotar a la Policía de recursos necesarios y suficientes para el fortalecimiento de la capacidad técnica, logística y profesional para garantizar la seguridad de la población nicaragüense.
“Reiteramos el respaldo y solidaridad para la primera comisionada Granera Sacasa, quien en pocos meses de haber asumido la Jefatura de la Policía, ha realizado notorios esfuerzos como las medidas contra los actos de corrupción y abusos de poder dentro de la Policía Nacional, y la lucha contra el narcotráfico”, afirma un pronunciamiento del Cenidh hecho público la tarde de ayer.