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Magistrado pide cabeza de juez Edward Peter Palma


Eloisa Ibarra

El magistrado Marvin Aguilar, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (Cnacj) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recomendó a sus colegas la destitución del juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Edward Peter Palma, por incurrir en infracciones graves a las leyes que regulan la actuación de los jueces.
El informe se encuentra en manos de los también miembros del Cnacj, el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, y el magistrado Edgard Navas, quienes deberán tomar una decisión para luego presentarla a la Corte Plena, de conformidad con lo que establece en la Ley de Carrera Judicial.
Una comisión de la CSJ investigó la actuación del juez Palma en dos casos: uno es el proceso por violación y asesinato atroz de la joven Doris Ivania Jiménez, ocurrido en San Juan del Sur, donde recientemente la juez de juicio de Rivas, Ivette Toruño, condenó al mexicano-estadounidense Eric Stanley Volz y al nicaragüense Julio Martin Chamorro.
El otro caso investigado es por el proceso judicial por tráfico de drogas de 1,600 kilos de cocaína, donde Palma decidió sacar del juicio a una parte de los acusados argumentando que no había suficientes pruebas en su contra.
El magistrado Aguilar considera que Palma incurrió en una falta muy grave al actuar más allá de lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP), y por consiguiente violar la Constitución al excederse en las atribuciones que éste le confiere.

Cambió indebidamente prisión preventiva
En el caso de Stanley, el juez Palma decidió cambiar la medida de prisión preventiva por arresto domiciliar, cuando ya había remitido el caso a juicio, y, por consiguiente, perdido la competencia para actuar de conformidad con lo establecido en el CPP.
Ante los magistrados, Palma alegó que cambió la medida cautelar porque las pruebas de peritaje contra Stanley eran insuficientes. Aguilar recuerda que la finalidad de la audiencia preliminar es hacer del conocimiento del detenido la acusación, resolver sobre la aplicación de medidas cautelares y garantizar el derecho de la defensa.
La finalidad de la audiencia inicial es determinar si existe causa para proceder a juicio. Al cambiar la medida cautelar, entra a hacer valoraciones de los medios de prueba que no son susceptibles de su ámbito de competencia, máxime cuando había concluido su etapa de organización del juicio, como es el intercambio de las pruebas. Pero Palma exteriorizó criterios sobre falta de evidencias que no son del ámbito de su competencia, según el informe en manos de Martínez y Navas.

Audiencias “adulteradas”
El juez conocía bien cuál era la finalidad de las audiencias que debía practicar como parte de competencia funcional, sin embargo, éstas se vieron adulteradas al asumir un rol que no es compatible con los principios de responsabilidad e independencia establecidos en la Ley de Carrera Judicial.
Vale mencionar que semanas atrás, el magistrado Navas, después de escuchar las explicaciones de Palma, expresó que éste había aclarado su actuación y señalado deficiencias en la actuación de fiscales y policías a cargo de la investigación.
En relación con el caso de los 1,600 kilos de cocaína, Aguilar expresa que el artículo 166 del CPP establece con claridad cuáles son los criterios a tomar al momento de establecer las medidas cautelares, sobre todo en lo concerniente a los delitos de estupefacientes cuyas medidas son restrictivas en cuanto a la libertad de los acusados, a fin de resguardar el interés de la sociedad contra estos delitos, que se extienden al ámbito internacional y que requieren de un esfuerzo en común para erradicarlos.

Vulnerable a “tecnicismos”
En el presente caso se denota una falta de conciencia de la responsabilidad de la acción de dicho funcionario, cuyos actos repercuten al interés público y constituyen una falta de apego a lo dispuesto en el CPP, y a los demás convenios y tratados en materia de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas.
Los Policía y fiscales expresaron ante los magistrados que el juez Palma siempre les botaba el trabajo realizado en los casos de droga. Se aprecia un exceso de parte del juez, en cuanto a la forma en que condujo el proceso, atribuyéndose funciones que únicamente le corresponden al juez de juicio, y que el mismo hecho de que dichas audiencias se hayan extendido a cinco horas, denota que el juez se extralimitó en todo lo concerniente al caso.
El juez Palma ha sido cuestionado desde tiempo atrás por sus actuaciones en casos donde se ha capturado millones de dólares en la frontera sur y en los que los acusados han quedado en libertad por uno u otro tecnicismo alegado por los defensores y aceptado por el juez.