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Empresario se exalta, embajador insiste y el de la DGI despistado

* Representante de principal grupo económico de Nicaragua sostiene que realidad de países nórdicos es diferente de la nuestra * Diplomático noruego asegura que iniciativa debe provenir del gobierno, y se puso a la orden por si quieren trabajar con ellos * El titular de Ingresos lució desinformado y trató de defenderse con retórica político-partidaria que lo dejó mal parado

El embajador de Noruega, Kristen Crhistensen, reiteró ayer su interés en apoyar una reforma tributaria para que los más ricos paguen más impuestos en Nicaragua, en una actividad pública donde coincidió con Silvio Solórzano Pellas, directivo de la Casa Pellas, quien dijo no saber a quién se referían cuando hablan de grandes grupos de poder que deberían pagar más impuestos.
“No tengo ningún conocimiento de estas reformas tributarias de los países nórdicos, y si lo tuviera son dos realidades completamente diferentes, vos no podés aplicar en Nicaragua lo que aplican en países europeos, porque el nivel de vida es mucho más bajo, y el nivel de producción… vos tenés que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. No nos podemos comparar con países como Noruega y Finlandia, ¿me entendiste? ¿quedaste claro? Te lo puedo volver a repetir”, dijo Solórzano Pellas.
Por supuesto que quedó claro. Efectivamente, no hay punto de comparación entre los países nórdicos y Nicaragua: allá los bancos pagan hasta el 28 por ciento en impuestos por sus ganancias anuales, y aquí los bancos no pagaron mil millones de córdobas hasta 2003. Allá las personas con grandes ingresos pagan hasta el 42 por ciento de su salario, y aquí se exoneró en su momento del pago de US.5 millones de impuestos al Grupo Pellas por la construcción de su sede central. Lo que no le quedó claro a Solórzano Pellas, y en esto también fue enfático, es cuáles son esos “grupos fuertes” que podrían pagar más impuestos.

Noruega vuelve a la carga
El empresario coincidió con el embajador Christensen durante la convocatoria abierta por Emprendedores Juveniles, para un concurso de ensayos sobre corrupción bajo el auspicio del Banco Mundial y Noruega, quienes premian con cinco mil dólares.
Christensen afirmó que para los donantes nórdicos lo importante es que “el gobierno de Nicaragua sea consciente sobre el sistema tributario (que tiene), porque el gobierno necesita más ingresos para combatir la pobreza, que es su prioridad número uno, y evidentemente combatir la corrupción (también) es importante”.
El embajador indicó que esperan la reformulación presupuestaria de este año para conocer las prioridades del nuevo gobierno, y señaló que la iniciativa de una reforma tributaria debe ser del gobierno. “Lo que pensamos nosotros será necesario, pero es el Parlamento el que debe decidir evidentemente. Si tienen interés para trabajar con nosotros, estamos listos, aunque ellos tienen sus expertos y sé que hay mucho interés”.

INDE comparte propuesta nórdica
René González Mejía, vicepresidente del INDE, un organismo autollamado “brazo social” de la empresa privada, dijo por su lado que “la iniciativa de los países nórdicos es bastante buena y está dentro de los principios de correcta distribución de la riqueza”.
González aseguró que ellos están de acuerdo con la idea de que “la empresa privada contribuya a través de los impuestos a mejorar la educación, la salud”, y a apoyar a los más pobres, y que están dispuestos a discutir una reforma tributaria en este sentido.
Por su parte, el economista José Luis Medal aseveró que es necesaria una reforma tributaria integral, pero esto implicaría tocar las exoneraciones más importantes otorgadas a las zonas francas, el turismo, la Bolsa Agropecuaria y Bolsa de Valores. “Los grupos de interés y de presión dificultan una reforma tributaria integral”, advirtió Medal.
El especialista dijo que sería preferible bajar el Impuesto sobre la Rnta al 25 por ciento, y el Impuesto General al Valor al 13 por ciento, pero no exonerar estrictamente a nadie. “Se requiere un sistema tributario simple, transparente, con bases amplias, sin exenciones ni exoneraciones, el problema no es técnico, es de decisión política para el gobierno sandinista, que supuestamente está a favor de la justicia y la equidad social”.
Medal advirtió que habría que examinar a fondo si los bancos están pagando impuestos, y se preguntó si en las recientes adquisiciones y ventas de acciones del Banco de América Central, el Banco de Finanzas y el Banco Uno, hubo el debido pago de impuestos. “¿Pagaron el 30 por ciento de renta por estas ganancias de capital? Sería bueno saber eso”, dijo Medal.

Titular de la DGI no se entera, pero cita a fritangueras
En tanto, el titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Walter Porras, no supo dar una opinión técnica sobre la propuesta de los embajadores nórdicos, secundada por el experto fiscal Julio Francisco Báez, respecto de la urgencia de una reforma tributaria, y respondió con una serie de incoherencias apelando a la retórica política y dejando entrever un absoluto desconocimiento sobre el tema.
“El derecho al respeto ajeno, es la paz”, respondió inicialmente Porras, citando al ex presidente mexicano Benito Juárez. “Nosotros respetamos las opiniones que nos dé cualquier persona o cualquier gobierno del exterior, y en relación a estos gobiernos, que son europeos, nunca podemos adecuar un sistema europeo con el sistema nuestro, sin embargo agradecemos su opinión y vamos a llevarlo a efecto a estudio para ver qué determinación se puede hacer”, añadió.
Luego hizo un llamado a las fritangueras, quienes pagan 300 córdobas de cuota fija, a que visiten la DGI para “hacer un estudio” porque “nuestro objetivo es favorecer al pobre”, dijo.
“Para mí eso es un irrespeto a nuestra población cobrarle 200 córdobas de cuota fija a una pobre hermana que está vendiendo fritanga en las calles”, dijo el funcionario, pero evitó mencionar a los grandes empresarios que no pagan impuestos.
Porras expresó que “reformas tributarias siempre tienen que haber” y agregó que “los gobiernos anteriores que estuvieron durante los últimos 16 años hicieron su reforma tributaria para favorecer a un sector y desfavorecer a otro. Hoy nosotros estamos hablando de equidad fiscal”, manifestó.
¿Pero cómo se explica que una bicicleta pague impuestos y no los pague un yate?, se le reclamó.
“Usted me está asegurando algo que tengo que verlo, porque un yate es una cuestión de lujo y aquí todo el que hace una compra tiene que pagar sus impuestos. Anteriormente se le llamaba aquí represión fiscal y hay hablamos de reconciliación fiscal, y cuando hablamos de reconciliación fiscal es: que el que tiene que pagar, tiene que pagar, y cuando me dice una bicicleta, es un artículo también, y todo artículo paga impuestos, pero considero que un yate tiene que pagar sus impuestos, todos por igual porque es equidad fiscal”, contestó.
La retórica de que “los impuestos se están invirtiendo a favor del pueblo” que “estamos en una nueva etapa de reconciliación fiscal” y que los contribuyentes están llegando a la DGI “porque creen en el gobierno de Daniel Ortega”, fueron otras de sus expresiones.
Respecto a la propuesta de eliminar las exoneraciones fiscales, dijo que eso también “debe ser objeto de estudio”, porque “tenemos que respetar” y “como le dije inicialmente, el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

Según Cirilo Otero, economista

“Con recaudación transparente el país tendría más recursos”

Matilde Córdoba
La política de recaudación de impuestos debe ser lo más importante después del Presupuesto General de la República “porque de eso vivimos, de lo contrario seguiremos enjaranándonos”, considera el economista Cirilo Otero, quien cree conveniente que se eliminen todo tipo de exoneraciones.
“Debería haber un mutuo acuerdo entre el gobierno y la sociedad. Para la sociedad lo más importante debería ser pagar los impuestos, y el gobierno debería estar consciente de que el uso de los impuestos es el aspecto más sagrado”, expresa Otero. Si la recaudación fuese transparente el país tendría más recursos, “lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a estirar la mano”.
Lo ideal, a juicio de Otero, es que el gobierno implemente una política fiscal transparente y equitativa, de tal forma que se elimine el uso discrecional que permite otorgar grandes exoneraciones. “Si la sociedad civil estuviera mejor organizada nosotros estaríamos en la calle, pidiendo que no sólo nos cobren a nosotros”.
Ejemplo de ello es la Ley de Zonas Francas Industriales y de Exportación, publicada en la Gaceta del 22 de noviembre de 1992, donde se exime a las zonas francas del pago del ciento por ciento del Impuesto sobre la Renta (IR), de los impuestos a la importación de maquinaria, equipos, repuestos, etc.; y del pago de los impuestos municipales, entre otros. Todo “con el objeto de promover la generación de empleos y la inversión extranjera”, como lo dice la ley.