Nacional

Quitaron fusil de guerra a los vigilantes privados

* Diputados no descartan que se cometieran violaciones a leyes, y hasta se habla de citar a primera comisionada Granera para que explique qué pasó

La Policía Nacional ocupó el fusil AR-15 que portaba uno de los agentes de seguridad que custodiaban al norteamericano Eric Stanley Volz, durante el juicio realizado en su contra por el asesinato atroz de Doris Ivania Jiménez, la semana pasada en el departamento de Rivas.
El NUEVO DIARIO conoció también que la empresa Corporate Security Consultants (Corporación de Seguridad y Consultoría), a la cual pertenecen los más de 12 custodios que resguardaban la seguridad de Stanley Volz, fue inscrita en Registro Público Mercantil como una sociedad anónima, el 22 de septiembre de 2005.
El jefe de la División de Relaciones Públicas, comisionado mayor Alonso Sevilla, confirmó ayer la ocupación de esta arma, y explicó que es parte del trabajo que está realizando una comisión compuesta por los jefes de las direcciones de Armas, Auxilio Judicial y Seguridad Pública, la que investiga la actuaciones de los agentes de esta empresa la semana pasada en el departamento de Rivas.
Sevilla explicó también que el arma ocupada está siendo sometida a peritajes, para determinar “si está dentro de las armas permitida para ser portadas, según la ley”.
Como parte del mismo proceso investigativo, esta comisión viajó ayer a Rivas, donde se revisa igualmente la actuación de los policías.
De encontrarse irregularidades, la ley establece el cierre temporal de la empresa, el decomiso del arma y medidas disciplinarias para los funcionarios policiales.
Esta sociedad anónima, conformada por ciudadanos nicaragüenses y extranjeros, solicitó permiso de operación a la Dirección de Seguridad Pública, el 21 de febrero de 2006, para funcionar como empresa de seguridad. Según la Policía, cumplió con todos los requisitos.
No obstante, a juicio de algunos diputados, la Policía Nacional podría haber violentado la Ley de Armas de Fuego, al permitir que la empresa extranjera de vigilancia Corporate Security Consultants, haya introducido al país fusiles de guerra, usurpando las facultades exclusivas de las fuerzas armadas y del orden público.
La Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Explosivos y Materiales Relacionados (DAEM), adscrita a la jefatura de la Policía Nacional, es la encargada de fiscalizar la importación, exportación, posesión, tenencia y uso de armas de fuego y municiones autorizadas a personas, cuyo giro comercial sean las actividades de vigilancia, protección física, traslado de valores y similares.
“Ningún cuerpo de seguridad privado nacional o extranjero tiene facultades legales para portar armas de guerra. De acuerdo con la Ley de Armas, el único organismo del Estado que está facultado para portar armas de guerra es el Ejército, porque incluso ni la misma Policía utiliza ese armamento para defensa personal; usan ligeras, livianas que están reguladas en la ley”, aseguró el diputado sandinista José Figueroa.
Figueroa no descartó que se cometieran irregularidades en el otorgamiento de la licencia a este cuerpo de vigilancia armado, no obstante, propugnó porque la Comisión de Defensa y Gobernación del Parlamento se involucre en el caso, luego que culminen las indagaciones que realiza la Policía dirigidas por el inspector general Juan Báez.

Diputados pedirán explicación a la Policía
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, Enrique Quiñónez, no descartó la posibilidad de citar a la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, para que explique bajo qué premisa se autorizó la introducción de ese tipo de armas al país.
“La Ley de Armas deja establecido que las únicas personas aparte de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, que pueden tener este tipo de armas con un permiso especial, son aquellos que tienen inmunidad. Ninguna empresa de servicio de vigilancia y el uso de armas de guerra en actividades de carácter civil, son prohibidas en Nicaragua”, enfatizó.
“Vamos a pedirle a la primera comisionada Aminta Granera, que nos rinda un informe a la Comisión de Defensa y Gobernación, sobre este caso”, agregó.
Según Quiñónez, ninguna empresa de vigilancia puede sustituir el trabajo y funcionamiento de la Policía, y, a juicio del legislador, eso fue lo que ocurrió en el caso de la protección que se brindó al hoy condenado Eric Stanley Volz, durante el juicio en Rivas
“Hicieron gala de prepotencia y dieron a entender que esa empresa tenía mayor autoridad que la misma Policía e incluso, que el Sistema Penitenciario. Yo creo que la Policía no tenía por qué autorizar a ninguna empresa para garantizar la seguridad que se le puede dar a cualquier privado de libertad”, añadió.
Quiñónez no descartó la posibilidad de pedir un informe a los representantes de la empresa en cuestión.

(Con la colaboración de Ary Neil Pantoja)