Nacional

Policía investigará ingreso de armas de guerra en caso Volz

*Graves interrogantes en caso de protección desproporcionada de empresa de seguridad en caso de mexicano-estadounidense *Agentes debieron pedir cuentas inmediatamente en el juzgado, exigir permisos correspondientes y decomisar armamento *“Nada exime a la Policía de haber fallado en su función de controlar este tipo de situaciones”

La Policía Nacional revisará los procedimientos y actuación de la empresa Corporate Security Consultants durante la custodia brindada al norteamericano Eric Stanley Volz, declaró el comisionado mayor Alonso Sevilla, Director de Relaciones Públicas de las fuerzas del orden.
La institución conformó para tal fin una comisión compuesta por los jefes de las direcciones de Armas, Auxilio Judicial y Seguridad Pública. “La Jefatura Nacional reitera su decisión de tomar las medidas administrativas correspondiente con las empresas de seguridad que incumplan con lo establecido de a cuerdo a normas y regulaciones”, dijo Sevilla.
Igualmente, se tomaran las medidas disciplinarias con aquellos funcionarios policiales involucrados, informó.
Habla especialista en seguridad
Mandos de la Policía Nacional incurrieron en graves violaciones legales al permitir el ingreso y uso de armas de guerra para garantizar la seguridad del norteamericano Eric Volz, aseguró Elvira Cuadra Lira, especialista en temas de seguridad.
Cuadra también enfatizó que el actuar policial abre graves interrogantes sobre el desempeño institucional en el caso, que podría involucrar a altos mandos de la Jefatura o de la Policía de Rivas, quienes habrían desconocido la Ley de Armas, posiblemente, debido a “dinero de por medio”.
La polémica inició cuando el primer día del juicio contra Volz, el pasado 14 de febrero, éste se hizo resguardar por una escuadra de agentes de seguridad privada de la empresa Corporate Security Consultants, CSC, quienes portaban escopetas, pistolas 9 milímetros y un fusil AR-15.
Volz fue encontrado culpable el viernes pasado, junto a Julio Martín Chamorro, por el asesinato atroz en perjuicio de la joven Doris Ivania Jiménez. Ivette Toruño Blanco, Juez del Distrito Penal de Juicio de Rivas, estableció en su sentencia que ambos actuaron en calidad de autores y ejecutaron de manera directa la acción del delito.
“¿Quién autorizó que entraran esas armas y que esa empresa de vigilancia pudiera operar en el país? ¿Quién autorizó el uso de esas armas específicamente en este caso? Esas son competencias únicamente de la Policía, y la cosa podría haber ocurrido de tres formas: que alguien en el nivel central autorizara pasando por encima de la ley; que el permiso se tramitara desde las oficinas locales en Rivas”, dijo Cuadra.
“Pero esta segunda opción indica claramente que quien autorizó desconoce la ley o simplemente le importó poco (en este caso, lo más probable es que hubiera dinero de por medio). Como sea, nada exime a la Policía de haber fallado en su función de controlar este tipo de situaciones”, agregó.
“Y la última alternativa es que la empresa de vigilancia actuó arbitrariamente, sin importarle la regulación del país, o amparándose en que el tema de las empresas de vigilancia privadas no tienen una ley específica para regularlas, solamente existe regulación para el uso de las armas por parte de estas empresas”, insistió.
“Pero en el caso de que la empresa hubiese actuado al margen de la ley, la Policía tenía que haber pedido cuentas inmediatamente de la situación, en el lugar, exigir los permisos correspondientes y decomisar las armas”, añadió.
Violaron artículo 10 de Ley de Armas
De acuerdo con la investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI) y del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), el caso dejó muchas interrogantes acerca de la actuación de la Policía, “porque hubo una violación de la ley que tácitamente prohíbe el uso de armas de guerra a civiles (arto. 10)”.
“Nadie en este país puede utilizar ese tipo de armas bajo ningún pretexto, a excepción de las Fuerzas Armadas, y de acuerdo con su reglamentación y algo que ellos mismos llaman la “proporcionalidad y gradualidad” en el uso de las armas de fuego y la fuerza”, aseguró.
“Esto se refiere a que las instituciones militares y policiales tienen que usar las armas y la fuerza, dependiendo del caso, y guardando proporcionalidad con respecto a la situación de las víctimas o de los supuestos hechores”, aseguró.

Gran despliegue, ¿y la actuación judicial?
A Cuadra le llamó la atención que los agentes de seguridad privados se presentaron al juzgado de Rivas “haciendo un gran despliegue, y prácticamente ocupando el lugar de la Policía”.
“Al menos eso es lo que se puede apreciar en las fotografías. Me sorprende que la autoridad judicial no los hubiera hecho salir del sitio y que los policías que resguardaban el lugar no les impidieran tampoco la entrada. La ley dice que nadie puede ejercer esas funciones por encima de la institución policial”, acotó.
“Las preguntas aquí son: ¿Cómo entraron esas armas al país? La ley solamente autoriza licencia para armas de uso civil (que están muy bien especificadas en la ley y no se ajustan a las características de estas que se utilizaron) a las empresas privadas de seguridad (Cap. IX, arto. 66 y siguientes) debidamente registradas”, detalló.
Débiles controles
¿Hay vigilancia sobre el tema? De acuerdo con la especialista, hay registro de las armas, pero no hay un buen control: “El sistema que está establecido actualmente es débil, hay avances pero son muy lentos y de bajo impacto”.
“Por ejemplo, todavía no se tiene un registro completo y automatizado, el sistema de información de la Policía no da seguimiento constante a las estadísticas relativas a los delitos/armas de fuego, la supervisión de las empresas vendedoras, empresas de vigilancia, etc. es esporádico y no muy riguroso (de hecho existen empresas que están fuera del control de la Policía), el personal que atiende ese tipo de trámites es escaso y no está bien preparado”, destacó.
El comisionado mayor Francisco Díaz, jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional, confirmó el pasado viernes a EL NUEVO DIARIO que la empresa Corporate Security Consultants fue amonestada por brindar protección a una persona procesada por un delito grave, como es el asesinato. Actualmente hay una investigación en proceso.