Nacional

Privatizan seguridad nacional

*EmbUSA no confía en la Policía para resguardar a “sus” ciudadanos, “al menos aquellos con capacidad de ejercer presión” *Empresa de seguridad no da la cara; Ejército: Ley establece quiénes deben usar armas de guerra

La tendencia de privatizar la seguridad conlleva al peligro de la “desnacionalización”, opinó Alejandro Bendaña, Director del Centro de Estudios Internacionales (CEI), al referirse al penoso incidente en el que una empresa de seguridad privada blandió armas de guerra en el juicio contra el norteamericano Erick Volz.
Volz fue encontrado culpable el viernes pasado, junto a Julio Martín Chamorro, por el asesinato atroz en perjuicio de la joven Doris Ivania Jiménez. Ivette Toruño Blanco, Juez del Distrito Penal de Juicio de Rivas, estableció en su sentencia que ambos actuaron en calidad de autores y ejecutaron de manera directa la acción del delito.
“Al igual que en lo económico, la tendencia a la privatización, esta vez de la seguridad, conlleva el peligro de desnacionalización. Y cuidado con protestar demasiado, porque si no los gringos van invocar el Cafta y plantear que “sus” servicios de seguridad tienen que “prestar servicios” en igualdad de condiciones, dentro del marco de la liberalización y desprotección nacional imperante”, señaló Bendaña.
De acuerdo al especialista en temas de seguridad, el Ejercito debería ser más vigilante en el tema, “pero su reciente intervención en la Zona Franca provoca la pregunta de si también está en vías de privatización al servicio del poder económico”.
A finales de enero pasado, unos 20 militares ingresaron a la Corporación de Zonas Francas para “calmar” a un grupo de trabajadores que protestaba por abusos de guardias privados de seguridad. Las Fuerzas Armadas alegaron que protegían las instalaciones de la terminal aérea de Managua.
Incluso cuando personalidades visitan el país, los sistemas de seguridad extranjeros se subordinan a la Policía Nacional, lo cual no ocurrió ahora. ¿Que opinión le merece?
Cuando Rumsfeld visitó el país (en octubre de 2006), fue el Ejercito el designado para resguardar su seguridad, apartando evidentemente a la Policía, hasta en la revisión de vehículos. Éste es otro indicio de que la Embajada (norteamericana) no confía en la Policía para resguardar a “sus” ciudadanos, al menos aquellos con capacidad de ejercer presión.
Bendaña también criticó una misión de tropas norteamericanas en el país, a la cual el canciller Samuel Santos y el embajador estadounidense Paul Trivelli dieron esta semana la bienvenida en Carazo.
“Esto obliga a una pregunta: ¿tienen permiso de portar armas? ¿No es la Asamblea la que debe prestar consentimiento? Negligencia hay por todos lados. ¿Qué diría Sandino?”, apuntó.
Ejército: Policía debe responder
Por su parte, el teniente coronel Juan Ramón Morales, vocero interino del Ejército de Nicaragua, informó que se pondrá en contacto con las autoridades policiales para conocer detalles del caso y brindar así una posición oficial.
“Me voy a poner al tanto con la Policía de los pormenores de esa situación, y conocer la posición oficial de ellos, para ver cómo ellos lo están manejando, para en esa medida ver qué posición alrededor (de esto) podría darte de manera oficial”, manifestó el oficial.
¿La actuación de los escoltas de Volz puso en riesgo la seguridad ciudadana?”
Lo mismo te diría yo si anda cualquier otra persona un tipo de arma de esa naturaleza. Vos sabés que la misma ley establece quiénes deben hacer uso de ese tipo de armas, y quiénes no.
Morales sostuvo que la Policía Nacional es la institución que debe responder por el control de armas de parte de los agentes de seguridad de Volz durante del juicio. “Como institución que hace valer y hacer cumplir la ley en el caso de la Ley de Armas, creo que la voz oficial en relación a esta situación la debe de tener la Policía”, señaló.
Empresa de seguridad no da la cara
EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión de los ejecutivos de la empresa Corporate Security Consultants, CSC, radicada en Guatemala e involucrada en la seguridad del extranjero. Sin embargo, la persona que nos atendió rehusó a darnos su nombre y dijo que quien podía brindarnos información no se encontraba.
“Mi nombre no te lo puedo dar, no estoy autorizado a darte ninguna información. Voy a informar a la persona encargada de esto, y él te va a llamar en la próxima oportunidad”, dijo.
El empleado de CSC en Guatemala tampoco facilitó el nombre del supuesto ejecutivo que nos atendería. Al cierre de nuestra edición, no recibimos su llamada.
La polémica inició cuando en el primer día del juicio contra Volz, el pasado 15 de febrero, éste se hizo resguardar por una escuadra de agentes de seguridad privada que portaban escopetas, pistolas 9 milímetros y un fusil AR-15, según agentes policiales.
El comisionado mayor Francisco Díaz, jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional, confirmó el pasado viernes a EL NUEVO DIARIO que la empresa Corporate Security Consultants fue amonestada por brindar protección a una persona procesada por un delito grave, como es el asesinato.