Nacional

Coordinadora Civil demanda suspender pagos de Cenis


Los miembros de la Coordinadora Civil (CC) demandaron del Estado la suspensión del pago de los Certificaciones Negociables de Inversión (Cenis) hasta que la contraloría General de la República (CGR) concluya la investigación del caso.
Georgina Muñoz, enlace de la CC, expresó su preocupación porque la CGR esté hablando de un informe conclusivo, sin antes efectuar auditorías financiera y jurídica, a través de las cuales se establezca las responsabilidades de cada funcionario y la violación a las leyes.
Muñoz recordó que la CC ha demando desde 2002 una investigación profunda de todo el proceso de liquidación de los bancos: Interbank, Bancafé, Banic y Bamer, la que iniciaron el año pasado y que aún no concluye.
Adolfo Acevedo, economista de la CC, expresó su preocupación por las declaraciones del Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, quien afirmó honraran el pago de los Cenis.
“Desde el inició hemos pedido que se suspenda el pago de la deuda, porque hay una denuncia de nulidad de la CGR por la emisión de los Cenis, y no ha terminado la investigación sobre la irregularidad del proceso”, afirmó Acevedo. Aunque hay un interés especial de darle confianza al sector privado, no puede ser a costa de los sectores más pobres. Acevedo recordó que en 2003 el presupuesto para los Cenis fue equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Educación. No puede ser que para darle tranquilidad a dos o tres bancos se sacrifique al pueblo.
Enrique Picado, del Movimiento Comunal, dijo que esperan que el gobierno cumpla con la promesa de campaña de investigar a fondo el tema de los Cenis.
Por su parte, el economista Adolfo Acevedo aconsejó establecer con claridad las responsabilidades de cada funcionario y no achacar las que no corresponden.
El caso Ramírez
“El BCN, a través de su consejo directivo donde había dos accionistas de Banpro, se arroga la potestad de valorar la cartera del Interbank con el Banpro, y esa es facultad de la Superintendencia de Bancos (SIB)”, dijo Acevedo.
Vale mencionar que en 2000-2001, cuando firman los contratos con los bancos adquirentes, el Consejo Directivo del BCN lo integran: Noel Ramírez Sánchez (Presidente del BCN y socio de Banpro), Esteban Duquestrada (Ministro de Hacienda y Crédito Público), Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra, (socio de Banpro y representante del sector privado), Silvio Conrado (representante del FSLN) y Benjamín Lanzas (sector privado y familiar de la esposa del presidente Arnoldo Alemán).
El hasta ayer Presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dijo que él y sus colegas decidieron remitir el informe conclusivo del economista Néstor Avendaño a la Dirección de Auditoría, para que lo tomen como un insumo al momento de determinar las responsabilidades del caso en contra de quienes consideren que se deben imponer.
Lamentablemente, lo que dice el doctor (Noel) Ramírez no es lo que dice el informe (de Avendaño)”, dijo Argüello, tras recordar que la reclasificación de la cartera se hizo de común acuerdo entre el BCN --dirigido por Ramírez-- y los bancos adquirentes de las entidades quebradas, aún cuando esa función le correspondía SIB.
Ramírez era Presidente y miembro del Consejo Directivo del BCN, y, a la vez, directivo del Consejo de la SIB y socio del Banpro (a través de su esposa, Inelia Lovo Balladares). El propio Ramírez reconoció ayer que la SIB era la facultada para nombrar y supervisar a las juntas administradoras y liquidadoras de los bancos quebrados, pero no supo responder por qué él se arrogó esas facultades al pedir cuentas a las juntas liquidadoras y negociar con los banqueros la reclasificación de los créditos.
En una carta enviada en septiembre de 2001, el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, dejó claro lo que Ramírez niega: su injerencia en el nombramiento de las juntas administradoras y liquidadoras: “Usted recordará que la Junta Administradora de Interbank fue nombrada por el suscrito atendiendo recomendaciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público, así como del Presidente del Banco Central”.
Otra evidencia de que Ramírez se arrogó facultades de la SIB en lo atinente a las juntas liquidadora son las cartas enviadas por el liquidador Rodolfo Delgado en diferentes fechas, en las que pide que tome decisiones sobre bienes y carteras del Interbank.
Delgado (nombrado a propuesta de Ramírez) siempre consultó a éste sobre las decisiones que debían tomarse en las juntas liquidadoras. Por ejemplo, en una carta del 11 de marzo de 2001, le pide que decida el futuro de bienes adjudicados.
Ramírez también admitió ayer que su esposa es accionista del Banpro, pero negó que se trate de millones, y afirmó que no violó ninguna ley al tomar decisiones que favorecieron directamente sus intereses. Aun así dijo que no existió ningún conflicto de intereses.
La “reingeniería”
En 2002-2003, cuando se aceptan las reclasificaciones y se renegocia la deuda con los banqueros, el Consejo Directivo del BCN lo integran: Mario Alonso Icabalceta (Presidente), Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público y accionista de Bancentro), Gilberto Cuadra (accionista de Banpro), Ricardo Parrales, Benjamín Lanzas y Silvio Conrado.
Según Montealegre, la “reingeniería financiera” fue para evitar que el país siguiera pagando enormes cantidades de dinero en intereses y que el plazo para saldarla se extendiera.