Nacional

Ley de Amparo debe reformarse para que sea precisa y coherente

* Por el momento los magistrados tienen que corregir los vacíos y roces con la Constitución

Eloisa Ibarra

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, reconoció ayer que los magistrados se han convertido en legisladores, al llenar vacíos y contradicciones existentes entre la Ley de Amparo y la Constitución Política, lo que los ha llevado a modificar la jurisprudencia.
Al dictar la conferencia “Reforma de la Ley de Amparo en Nicaragua”, dentro la VII Jornada de Derecho Constitucional, Rosales detalló las contradicciones existentes, por las cuales la CSJ propone una reforma que pretende un modelo de justicia que garantice la supremacía de la Constitución en todos los aspectos.
Refirió que la Ley de Amparo --aprobada en 1988 en medio de circunstancias especiales y producto de las negociaciones de Esquipulas--, tiene contracciones y vacíos de forma y de fondo, que no permiten a la CSJ ejercer su función de garante de la constitucionalidad y los derechos de los gobernados.
Reconoció que entre 1996 y 2000, la CSJ no entró a conocer el fondo del 80 por ciento de los recursos interpuestos, porque no cumplían los requisitos de la forma establecida por el legislador, para que los magistrados puedan pronunciarse sobre lo alegado.
Se requiere ley más sencilla y ágil
No obstante, criticó la falta de preparación de los abogados para interponer debidamente los recursos, lo que provoca daño jurídico a sus representantes y un costo político a los magistrados, a quienes, al rechazarlos y no pronunciarse sobre el fondo, se les ha señalado hasta de corruptos.
Indicó que para subsanar ese vacío, la CSJ, convirtiéndose en legisladora y teniendo como fundamento la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso que los Tribunales de Apelaciones mandaran a subsanar esas omisiones y luego remitieran a la Sala Constitucional el expediente para resolver el fondo.
De la misma forma, agregó Rosales, la CSJ dispuso que la Sala Constitucional resolviera los recursos de amparo y preparara los proyectos de los recursos de inconstitucionalidad, aunque la Constitución establece que a la Corte Plena le corresponde conocer los recursos de amparo.
Todos esos requisitos de forma, afirmó, constituyen un obstáculo para el acceso a la justicia en materia constitucional, por lo que se requiere una ley más sencilla, ágil y que a la vez conserve la solemnidad del amparo.
Limitar el ámbito
Se requiere delimitar el ámbito del amparo para evitar confusión con el contencioso administrativo; establecer los límites e involucrar a los poderes públicos para el cumplimiento de las sentencias, porque existe un problema de conciencia de los poderes del Estado.
Afirmó que aunque en Nicaragua no ha habido problema de los poderes para someterse a la Constitución Política, el ex presidente Enrique Bolaños le quiso dar un golpe de Estado al Legislativo, al Poder Judicial y al Electoral, pero no lo logró porque la Policía Nacional se opuso.
Recordó que Bolaños pretendió ese golpe de Estado contra los demás poderes del Estado, a través de una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia que la CSJ dejo sin valor, con base en el artículo 182 de la Carta Magna, que establece la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes.
“La CSJ preservó la supremacía de la Constitución Política, porque el derecho interno prima sobre el internacional”, afirmó Rosales, tras señalar
que los cuatro poderes
del Estado están subordinados a la Constitu-
ción y al ordenamiento jurídico.