Nacional

Turno del INSS en cadena de despidos


Melvin Martínez

¡Sálvese quien pueda! La lista de trabajadores despedidos de los entes y ministerios se incrementa día a día, mientras ayer se conoció que ascendió de 348 a más de 400. No hay leyes ni sindicatos que puedan hacer algo, y tampoco nadie está seguro.
Ayer, un grupo de trabajadores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), quienes hablaron con EL NUEVO DIARIO bajo la condición del anonimato, denunciaron que más de 40 trabajadores han sido despedidos desde que asumió la presidencia Ejecutiva Roberto López, ex funcionario del Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños”.
La “escoba” llegó primero a nueve directores generales, entre los que se cuentan los de Salud Previsional, Riesgo Laboral, Pensiones, Finanzas y el director administrativo.
Ni explicación ni evaluación
El director de Salud Previsional, doctor Jaime Fuentes, declaró que sin recibir explicación alguna, y sin haber una evaluación al desempeño, le pidieron que pusiera su carta de renuncia.
“No hubo ninguna explicación, ni siquiera hubo evaluación al desempeño, aún desconozco las razones, hay como una coacción, te ofrecen que pongas la renuncia. No lo considero justo, porque siempre traté de hacer lo mejor posible, dedicado a mi trabajo ciento por ciento, tendría que haber una evaluación al desempeño, pero no la hubo”, dijo.
Afirmó que los despidos evidencian el irrespeto a las leyes laborales que amparan a los trabajadores, sin embargo, se siente capaz de servir al país, desde otro sitio, por su experiencia y capacidad profesional.
“No te dicen si sos fantasma, que no venís a trabajar…, nada, simple y sencillamente me dicen poné tu renuncia. No hay evaluaciones, no respetan la Ley de Servicio Civil, que no es para usarla a conveniencia, pues necesita estabilidad”, manifestó Fuentes.
Calificó los despidos en el INSS como una decisión desacertada, pues de la institución depende el futuro de los asegurados. “Por cada día que se trabaja mal o no se trabaja son millones de córdobas lo que se pierden”, señaló.
Los trabajadores, por su parte, mencionaron la existencia de una lista de unos 70 empleados, de los que hasta ahora han despedido a unos 40.
“Todo el consejo técnico que era de 12, ha sido removido, se ha hablado de listas, pero no es nada confirmado, es posible que haya mas sustituciones”, agregó el doctor Fuentes. Además de los trabajadores y directores generales, la Junta Directiva de la institución fue removida en su totalidad.
Además, mencionaron que el presidente de sindicato de trabajadores, Otoniel Marenco, se benefició durante la administración de Edda Callejas, al recibir aumento salarial, inicialmente de 10 mil córdobas a 16 mil mensuales en 2005, y de 23 mil a enero 2007. Además de otros beneficios como vehículo con combustible asignado.
“Eso es para quedarse callado y así no denunciar públicamente lo que pasó y sigue pasando”, agregaron.
“Violan derechos humanos”, dice Procuraduría
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos calificó como una violación a los Derechos Humanos los despidos de cientos de empleados del Estado, mandados a la calle por funcionarios de la Administración sandinista.
El subprocurador Adolfo Jarquín Ortel aseguró que violentar los derechos laborales de una persona “es una violación a sus derechos humanos”. Jarquín urgió cambiar esa práctica común cada vez que un nuevo Presidente llega al poder, “de barrer los entes estatales”.
Para el subprocurador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería actuar con beligerancia en el caso de los empleados del Estado que son corridos por los nuevos funcionarios de gobierno.
“La Procuraduría debería asumir el rol que le corresponde y con beligerancia”, afirmó, tras calificar como una violación de los derechos humanos el despido masivo de empleados del Estado.
Jarquín Ortel llamó a todos los empleados despedidos a hacer uso de sus derechos y denunciar la violación de sus derechos laborales. En tal sentido, afirmó que las puertas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están abiertas para quienes quieran interponer sus denuncias. “Los despidos irregulares deben ser denunciados”, dijo el subprocurador.
Aplicar Ley 476
Aunque no está de acuerdo con los despidos, el subprocurador señaló que el nuevo gobierno está en su derecho de cesantear cuando se trate de empleados de confianza, “pero hay indicios de que se ha cometido mucho abuso”, al despedir hasta a conserjes y jardineros que no juegan un papel de confianza para el ministro o presidente de una entidad estatal.
“Despedir a un empleado es atentar contra los derechos laborales de esas personas, y tenemos que ver qué podemos hacer para garantizar la estabilidad laboral”, dijo jarquín Ortel, para quien los despidos son una mala práctica de los gobiernos de turno. “Así no se puede avanzar en democracia”, señaló.
Gobierno minado
Criticó lo que llamó la vieja práctica de los gobiernos de llenar de supernumerarios y empleados fantasmas las instituciones del Estado, cada vez que asume un nuevo gobierno. “Eso no es aceptable”, dijo el Subprocurador, quien reconoció que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene información que el gobierno anterior contrató a una serie de empleados “para dejar minado al Gobierno”.
Pero según Jarquín, si bien es cierto que el nuevo gobierno tiene derecho de contratar a nuevos empleados de confianza, este personal debe ser mínimo y necesario, pero no despedir a medio mundo. “Debemos ser claros y tomar posición en defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses”, señaló.
“Sustituciones necesarias”, dice Ministra de Salud
La ministra de Salud, Maritza Cuan, catalogó de “sustituciones necesarias” los despidos que hasta ahora se realizaron en el Ministerio de Salud, entre los que se contabilizan más de seis directores de hospitales y Sistemas Locales de Atención en Salud (Silais), del país.
“Son algunas sustituciones necesarias, hemos cambiado directores de hospitales y de Silais, y estas personas se han reubicado de acuerdo con su perfil como médicos especialistas o médicos salubristas. Cuatro de estas personas presentaron su jubilación por edad, y dos de ellas solicitaron su liquidación porque tenían otras opciones”.
Con respecto a las reuniones secretas que sostuvo con la ministra del Trabajo, Janeth Chávez, y el diputado Gustavo Porras, dijo que son reuniones de la comisión de gobierno que trabaja en el tema de los afectados de insuficiencia renal crónica y el tema de la protección a la niñez. “Es para ver cómo implementamos acciones, pero en lo absoluto es para despedir a nadie”, dijo la titular de Salud.
El doctor López se negó a hablar con EL NUEVO DIARIO para dar conocer en qué se basó para obligar a los trabajadores a renunciar y así violar la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
(Con la colaboración de Luis Alemán)