Nacional

Magistrados por reformas profundas a Constitución


Eloisa Ibarra

La agenda principal del país este año será las profundas reformas constitucionales que prometen modificar a fondo el sistema político nicaragüense, afirmó ayer el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, al inaugurar la VII Jornada de Derecho Constitucional.
Dijo que la comisión de la Asamblea Nacional que trabajará en el proyecto de reformas se nombrará después de la aprobación del Presupuesto General de la República, para trabajar una parte en esta legislatura y terminar en 2008.
Las reformas prometen modificar a fondo el sistema político. Unos creen que se debe pasar a una democracia más participativa, donde se puede considerar la formación de consejos de los diferentes sectores, sin alterar la división de poderes, y el fondo del régimen republicano presidencial.
Otros, comentó Solís (magistrado sandinista), se inclinan por una mezcla de régimen parlamentario con ejecutivo, aunque lo fundamental es tomar en cuenta la opinión de la población.
Selva también por reformas
El magistrado liberal, Guillermo Selva, comparte la necesidad de reformar la Constitución, porque considera que la de 1987 es anacrónica y obsoleta, con disposiciones buenas para ese tiempo, pero que adolece de vacíos, 20 años después.
La Constitución, agregó, es inconsistente, y tiene un defecto: es tremendamente populista y casuística. Hay que reformarla (y estructurarla) acorde con la realidad política, económica y social, y quien debe impulsarla es el Poder Legislativo, porque los diputados fueron electos por el pueblo directamente y los magistrados indirectamente.
Selva comparte con Solís la necesidad de que los diputados consulten ampliamente a todos los sectores --económico, político y social-- para hacer una reforma que responda a la actual situación en todos esos aspectos.
En cuanto al Poder Judicial, Solís opina hay que abrir la discusión para los períodos y el número de magistrados, y también que si la Sala Constitucional deberá seguir siendo parte de la CSJ o ser autónoma, es decir, un Tribunal Constitucional, como en otros países.
Además, se debe delimitar si la CSJ podrá pronunciarse sobre el conflicto de los poderes, porque aunque lo ha venido haciendo, no queda muy claro en la Constitución.
Para el magistrado Francisco Rosales, se requiere de una Constitución precisa y concisa para evitar estar en los jaques de los últimos años, porque algunos aspectos de la Carta Magna tienen sus dificultades, por ejemplo, si las leyes secundarias son declaradas inconstitucionales, aparecen con efecto de inaplicabilidad, aunque el artículo 182 dice que no tendrá valor ninguna ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución.
Rosales cree que se debe reformar la Ley de Amparo porque tiene roces constitucionales, y en Nicaragua ese es el “pan nuestro de cada día”, porque la realidad es cambiante, obligando al juez constitucional a actuar con racionalidad.