Nacional

“Riqueza mal habida”

* Hubo “colusión de intereses financieros”, y Noel Ramírez fue el director de orquesta * ¿Papel de Eduardo Montealegre?: “Debe aclarar reestructuración de la deuda” * Cartera de préstamos subastada “se regaló”: cada dólar lo vendieron en menos de tres centavos

Oliver Bodan

Un informe del economista independiente Néstor Avendaño, por encargo de la Contraloría, puso los puntos sobre los íes alrededor de las intervenciones, quiebras, reclasificación de carteras y liquidaciones bancarias que dejaron al país “pérdidas dolosas” de hasta 120 millones de dólares.
Avendaño no duda en identificar a los responsables: “Podría hasta hablarse de una colusión de intereses financieros para abultar la deuda pública en los nicaragüenses”.
Y sentencia categórico: “Creo que lo más positivo de este análisis es demostrar a los involucrados la riqueza mal habida en todas estas alteraciones entre los grupos financieros que se beneficiaron de las intervenciones y liquidaciones bancarias”.

Lo que debió haberse hecho
Conocemos las anomalías en el proceso de los Cenis. ¿Cómo debió realizarse el proceso?
El Presidente de la República debió haber convocado a la Asamblea Nacional a emitir una ley de rescate bancario para los depositantes en todos los casos; haberse emitido bonos del Tesoro de la República y no del Banco Central, el cual no tiene competencia alguna en ese sentido.

¿No había sustento legal?
Así es, por eso la Contraloría declaró nula la emisión de Cenis. Luego debió haber actuado la Superintendencia en una forma más activa para evitar el deterioro de la cartera de préstamos que se llevaron los bancos adquirentes de los bancos intervenidos y liquidados. Ahí tenemos una gran pérdida para la nación: se dejó en una forma dolosa deteriorar la cartera nueve meses después de que los bancos adquirentes la habían tomado.
Creo que en el rescate bancario también no tenía que honrarse ninguna deuda con acreedores nacionales e internacionales de los bancos intervenidos y liquidados. Esto aumentó la deuda.

¿Cómo debió enfrentarse esta responsabilidad?
Es que los decretos presidenciales, aunque no tienen sustento legal, especificaban exclusivamente el rescate a los depositantes y no a bancos intervenidos y liquidados, que --se suponía-- debían haber tenido sus garantías correspondientes. Se fue más allá, y esto es una falla no solamente de las instituciones estatales, si no de las juntas administradoras y liquidadoras de los bancos.
Tampoco las instituciones estatales debieron haber permitido que el Banco Central reclasificara las carteras de préstamos, porque no tiene competencia alguna: la ley manda que eso lo tiene que hacer la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

¿Y qué consecuencias tendrá este informe?
He dicho a los miembros de la Contraloría que lo más importante de los hallazgos es señalar, primero, las responsabilidades de los ex funcionarios públicos sobre este problema.
El problema no es levantar juicios, el objetivo no es perseguir, buscar sanciones, penas, nos desgastaríamos totalmente. Creo que lo más positivo de este análisis es demostrar a los involucrados la riqueza mal habida en todas estas alteraciones entre los grupos financieros que se beneficiaron de las intervenciones y liquidaciones bancarias.
Si el Estado de Nicaragua puede recuperar todos esos recursos mal habidos, será un éxito, si no quedará otra cosa más penosa: la inmoralidad de empresarios financieros que gozan de una gran honorabilidad, pero quedan al descubierto con los hallazgos de estas investigaciones que hemos llevado a cabo en la Contraloría.

Lo cual me lleva a una pregunta: ¿esto dice mucho de la clase empresarial y financiera de Nicaragua?
Así es, por eso yo invito a que estos empresarios financieros que se han visto involucrados, mediten todas estas consecuencias que pueden repararse en el futuro, y creo que la nación nicaragüense los aplaudiría si retornan al Estado, lo mal habido.

¿Cómo reguló la Superintendencia a las juntas liquidadoras?
La Superintendencia no debió haber permitido más allá de doce meses el funcionamiento de las juntas liquidadoras. La ley establece seis meses, y una prórroga de seis meses más como máximo. Algunas juntas liquidadoras trabajaron hasta dos años y seis meses, abultando más la deuda de los nicaragüenses por gastos administrativos y operativos.
La Superintendencia de Bancos debió haber exigido el cumplimiento de las normas relacionadas con el pago de honorarios de cada junta. Hay juntas que se excedieron en sus pagos. La norma decía que el dos por ciento de la masa operativa neta, calculada por cada junta, correspondía a los honorarios de los miembros de esa junta.
Y aplicaron el dos por ciento sobre el valor bruto y no sobre el valor neto, que equivale al valor de la masa de bienes menos los gastos administrativos y operativos. Es decir, en todos los casos hubo un exceso de honorarios pagados a todos los miembros de las juntas liquidadoras, abultando más la deuda pública de los nicaragüenses.

El director de orquesta
¿Estamos ante una incompetencia institucional o ante una confabulación para enriquecer a ciertos sectores?
Piensa mal y acertarás, diría yo. Pero eso es competencia de otras instancias del Estado para determinar responsabilidad en cada uno de estos casos. Aparentemente se nota muy bien y esto lo he manifestado no sólo hoy, sino desde hace varios años: el director de orquesta de esta operación que sobreendeudó en más de 120 millones de dólares más los intereses al pueblo de Nicaragua, es el señor Noel Ramírez.
Arranquemos de algo: el Interbank no se subastó y la ley indicaba subastarlo; el Consejo Directivo del Banco ordenó pagar Cenis, cubrir la brecha bancaria que equivale al monto total de los depósitos cuando la cartera de préstamos del Interbank que se llevó el Banpro, prácticamente no tenía ningún préstamo, pero devengaban una tasa de interés similar a la de la última subasta de Cenis que había realizado el Banco Central.
Y recuerdo que el señor Noel Ramírez en una posición olímpica pagó ocho puntos porcentuales más sobre la tasa de la última subasta que había realizado el Banco Central, así que se ve claramente una inclinación para capitalizar al Banco de la Producción sobre la base de las intervenciones, quiebras y liquidaciones.

Y no hablamos de centavos.
120 millones de dólares, más los intereses. Estamos hablando que nos cobraron en una forma inapropiada casi el 40 por ciento de los 500 millones que generaron esas quiebras bancarias.

¿Cómo debió reclasificarse la cartera? ¿Qué criterios técnicos debieron imperar?
No debieron haber dejado deteriorar (la cartera). Así como tan pronto se le pagó a los depositantes, así debían los bancos adquirentes haber iniciado sus gestiones de cobro sobre la cartera, y en esa falla creo que podría hasta hablarse de una colusión de intereses financieros para abultar la deuda pública en los nicaragüenses.
Esto implicó al final menos recursos para Educación y Salud. Gran parte de esta deuda explica también el aumento de la pobreza humana en los cinco años de la Administración Bolaños.

La subasta
Según su informe, las subastas no fueron realizadas de forma correcta. ¿Qué procedimientos debieron seguirse?
Una subasta de bienes y activos estatales debe ser protegida por los funcionarios públicos. ¿Crees que el señor Mario Alonso, ex presidente del organismo donde se formó una comisión liquidadora de estos activos, o el ministro de Hacienda en ese entonces, principal guardador de la cosa pública, si estuviesen subastando bienes particulares, hubieran subastado a ese precio?
Prácticamente la cartera de préstamos subastada se regaló. Se descubre ahí rápidamente que cada dólar lo vendieron en menos de tres centavos. Eso es insólito para un guardador de la cosa pública, que debería defender a los nicaragüenses. Y un funcionario público llega a un cargo para proteger a la nación como protege a su familia en sus asuntos particulares. Pero aquí las cosas funcionan de otra manera.

Los liquidadores siempre han afirmado que hicieron un buen trabajo. ¿En realidad cumplieron una buena labor?
No hicieron muchas cosas. Hay muchas dudas acerca del actuar correcto de las liquidadoras. Me da la impresión que esto lo vieron como una forma bastante personal y no como un problema nacional.
La integración de las juntas liquidadoras fue indebida. Por ejemplo, funcionarios del Banco Central miembros de la junta liquidadora del Interbank. ¿Qué cosa es eso? El gerente de un banco, Banpro, miembro de la junta liquidadora del Interbank. ¿Qué cosa es eso?: colusión de intereses. Hay muchas fallas.
También observamos fallas en las subastas. Entran bancos que rechazaron carteras de los bancos liquidados a comprar en subastas, parte de esa cartera rechazada por ellos mismos. ¿Por qué se permitió eso? Hay una serie de acciones bastante grotescas que por supuesto conducen a pensar un poco mal.

¿Cuál fue el nivel técnico de este estudio?
El nivel técnico son mis conocimientos.

¿Cuánto tiempo le llevó?
Un año.

¿Hubo alguna responsabilidad directa de Eduardo Montealegre mientras era Ministro de Hacienda?
El economista Eduardo Montealegre nada tuvo que ver en la emisión original de esta deuda. Esto se realizó en el gobierno del doctor Alemán cuando él fungía como Ministro de Relaciones Exteriores, pero el señor Eduardo Montealegre tiene que aclarar algunas acciones que cometió durante la reestructuración de esta deuda y no atribuirla a resoluciones del Consejo Directivo como se trata de defender el director de esta operación en detrimento del pueblo de Nicaragua, como es el señor Noel Ramírez, que se escuda en las decisiones del Consejo Directivo del Banco Central.
Igual en el caso de Mario Alonso, quien está muy, muy, muy señalado en el mal manejo de la guarda de los activos de los bancos intervenidos.
Y Montealegre fue designado por el Presidente de la República para realizar esa reestructuración.