Nacional

3 tres mil trozas de pino decomisadas

* Al menos seis personas han sido identificadas como presuntas depredadoras de pinares * Procuraduría Ambiental podría acusar por delito ambiental

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA
La Delegación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) de este departamento, notificará a seis presuntos depredadores de pinares en el área protegida Dipilto-Jalapa, donde patrullas del Ejército, en días recientes, encontraron mil 306 trozas de pino, más 509 matas que duplicarían la cantidad de madera incautada, es decir, el equivalente a tres mil trozas.
Todavía el último jueves se toparon en el mismo sitio con un plantel acopiador, donde contabilizaron 85 trozas de 14 y 16 pies de longitud, y 32 piezas aserradas.
Melvin Martínez, delegado interino del Marena, reveló que serán llamados Rigoberto Flores y dos de sus hijos, en cuyas propiedades se encontró la mayor cantidad del recurso forestal despalado. También han citado al señor Rigoberto García como presunto prestador del patio de su casa para el acopio de madera ilegal.
“Pero buscamos en el sector a una persona de nombre Carlos, que vive en la colonia Aranjuez, de quien se dice es el dueño de esa madera, y a la señora María Auxiliadora Bellorín Pagauga, como presunta propietaria de la finca donde la han cortado”, indicó el funcionario.

Procuraduría compaginando papeles para acusar
Martínez dijo que los Flores ya notificaron a su abogado defensor en el proceso administrativo que está en marcha.
Confirmó que el procurador regional ambiental, Aristeo Zeledón, documenta el despale ilegal para valorar si las evidencias reúnen motivos suficientes para acusar por delito ambiental ante el Ministerio Público.
Además de ser en el área protegida los puntos depredados, corresponden a la franja de 15 kilómetros de ancho que bordea la frontera con Honduras, en la cual la veda sobre cualquier especie es absoluta. Esta zona está bajo control del Ejército de Nicaragua, que mantiene puestos de vigilancia en los principales ganchos de camino que comunican con el área boscosa.
Según el artículo 18 de la Ley Especial de Delitos contra el Ambiente y Recursos Naturales, la persona natural o jurídica que sin autorización de la autoridad competente o excediéndose de lo autorizado, aproveche los recursos naturales, será sancionada con un periodo que va de seis meses a dos años de prisión, además de restituir a su costa la situación a su estado anterior al ilícito.
Y será más agravante el delito si la deforestación ocurriese en pendientes y cerca de vertientes, manantiales naturales o áreas de recargo. En este caso, las sanciones serán de dos a cuatro años de prisión, y con una multa de 200 a cinco mil dólares, más la siembra de cinco árboles por cada derribado de la misma especie.