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Ofrecen arreglo a las víctimas de Nandaime


Radio La Nandaimeña

La señora Martha Ortiz está ofreciendo a los familiares de las víctimas mortales y a los sobrevivientes de la explosión de la fábrica de productos pirotécnicos en Nandaime un arreglo extrajudicial en el cual se compromete a entregar 10 mil córdobas por afectado, pero según fuentes extraoficiales, los familiares y los afectados no aceptan menos de 20 mil córdobas.
Ortiz ofrece un arreglo para que se suspenda el juicio laboral en su contra, y según el abogado Wilfredo Sandino, quien representa a los familiares de las víctimas de la tragedia, es una propuesta que está siendo considerada por sus representados.
Sandino manifestó que la ley permite que ambas partes lleguen a un acuerdo, por lo que considera que la propuesta es viable y resolvería la situación de los familiares de las víctimas mortales y de los tres sobrevivientes.
El Ministerio del Trabajo (Mitrab) fijó montos de indemnización por muerte y reajuste salarial en una resolución emitida el 22 de noviembre pasado, dada a conocer por Mario Obando Flores, inspector departamental del Mitrab en Granada. La resolución número 030-2006, ordena el cierre definitivo del taller que explotó en Nandaime, cuyos dueños son Martha Ortiz y José Zelaya, por lo que deberán pagar una multa de 10 mil córdobas.
El documento detalla que deben pagar una indemnización de 620 días de salario por cada fallecido a los familiares; esto equivale a 24 mil 719 córdobas por cada víctima; de igual forma deberán pagar por las secuelas de los sobrevivientes de la explosión.
La resolución contempla una multa de 18 mil 190 córdobas por el hecho de tener niñas trabajando en el taller de productos pirotécnicos.
Martha Ortiz y José Zelaya, dueños de la fábrica que explotó el 14 de noviembre de 2006 en el barrio Quinta Catalina y causó la muerte de 12 personas y lesiones graves a otras tres, deben comparecer el 15 de febrero a la audiencia inicial en Granada, donde enfrentarán los cargos de exposición de personas al peligro, almacenamiento indebido de materiales explosivos y otros contemplados en la Ley 510, Ley de Armas y Explosivos.