Nacional

2006 fue año ignominioso en materia de derechos humanos

* Todo ha sido pisoteado: los derechos civiles, políticos, sociales y económicos * Pacto Ortega-Alemán continuó debilitando institucionalidad, y Asamblea Nacional actuó de forma cuestionable * Quizá lo más bochornoso fue la penalización del aborto terapéutico, que condena a muerte a miles de mujeres

María Haydée Brenes

El XVI informe de Derechos Humanos en Nicaragua, realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó como negativa la situación de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de las personas, con base en las principales denuncias a las que esta institución dio seguimiento el año pasado.
De acuerdo con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Cenidh, durante 2006 se mantuvo el debilitamiento institucional producto del pacto de 2000, que reformó la Constitución, provocando y manteniendo la crisis en todos los poderes e instituciones estatales.
“El pacto de Ortega y Alemán continuó el deterioro institucional que hizo que la Asamblea Nacional en 2006 actuara de forma cuestionable, de la misma forma que se cuestiona la instrumentalización de la Corte Suprema de Justicia, donde se llegaron a resolver problemas de carácter político, en detrimento de las necesidades de la población urgida de justicia”, declaró la doctora Núñez.
La Corte Suprema de Justicia está instrumentalizada para resolver problemas de carácter político, sostuvo la presidenta del Cenidh, y eso fue notorio, tomando en cuenta que estuvo acéfala desde el 18 de marzo hasta junio del año pasado, cuando no pudieron poner en práctica la alternabilidad de la presidencia entre sandinistas y liberales.

Terrible prioridad
Los intereses electorales y políticos, destacó la doctora Núñez, primaron ante la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres, que fueron violentados con la derogación del artículo 165 del Código Penal, que establecía como una “tabla de salvación” para la madre enferma la posibilidad de un aborto terapéutico, y el establecimiento de una pena de 20 años de prisión al médico o persona que lo practicase.
“En este caso la Asamblea Nacional ejecutó los intereses electorales y complació a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, incluso todos fuimos testigos de cómo la Iglesia llegó con una propuesta de modificación al Código Penal que se estaba discutiendo, y fue evidentemente el presidente de la Asamblea Nacional en funciones, René Núñez, en ese entonces, quien facilitó la forma más rápida para que la Asamblea Nacional cometiera esta agresión en contra del derecho a la vida de las mujeres”, señaló la presidenta del Cenidh.
Otro acto deleznable del Parlamento que recoge el informe, fue la Aprobación de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que sustituye el reglamento y estatuto de ese Poder del Estado, el cual fue posteriormente vetado por el ex presidente Bolaños, veto que fue rechazado en una sesión de dudosa validez legal.

La delantera
El informe también incluye una valoración de la situación general de los derechos humanos en el país, con base en las principales denuncias e investigaciones que el Cenidh atendió el año pasado, lo cual permite hacer el escalafón de las instituciones que más violentaron los derechos humanos en 2006.
De acuerdo con las denuncias e investigaciones, se comprobó que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos vienen de los particulares, seguidos por las instituciones, en la que despunta con 213 casos la Policía Nacional, y grupos económicos con 158 denuncias comprobadas.
A éstos les siguen ministerios y otras instituciones del Estado (64); Poder Judicial (31); Ministerio Público (29); Empresas Maquiladoras (28); Alcaldías (14); Sistema Penitenciario Nacional (4); INSS (5) y Consejo Supremo Electoral (5), entre otros, que suman 997 casos reportados y comprobados de violaciones a los derechos humanos.

Tercera edad
Por primera vez, desde que hace 16 años se publica este informe, se le dio cabida --además de los derechos de los niños y adolescentes, mujeres, migrantes, libertad de expresión, medio ambiente--, un espacio, para analizar la situación de los derechos humanos de las personas de la tercera edad en Nicaragua.
“La situación de las personas de la tercera edad no sólo se aborda en relación con la seguridad ciudadana o en su carácter de jubilado o pensionado, sino en su problemática en cuanto a la salud, la recreación e integración social”, concluyó la presidenta del Cenidh.

Libertad de expresión
La Ley de Acceso a la Información Pública, que facilitaría las investigaciones periodísticas sobre el manejo de bienes y recursos del Estado, así como el monitoreo y control ciudadano de la gestión pública, continúa engavetada a pesar de haber llegado a la Asamblea Nacional en 2001.
Siete periodistas y dos reporteros gráficos fueron violentados mientras ejercían su labor en 2006. De ellos, Eloísa Ibarra, Oliver Bodán, Heberto Rodríguez y Darling López, pertenecen al equipo de redacción de EL NUEVO DIARIO.
También el informe enfatiza en el cierre del espacioso noticioso “Criterio”, del periodista William Roiz, por medio del cual se reclamaba al partido sandinista el encubrimiento de los responsables del accidente de tránsito en el que perdieran la vida Ernesto Cantillano y Carlos Roiz, este último hijo del conductor del programa.