Nacional

Trato inhumano del INSS contra varios pensionados

* Denuncian maltratos, barreras judiciales y legalismos

El señor Leonidas Suárez, de 65 años, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se negó a otorgarle su pensión por vejez bajo el argumento de no cumplir con las 750 cuotas mínimas, a pesar de que la empresa embotelladora para la que laboró durante siete años enteraba las cotizaciones que mensualmente le deducían de su salario.
A Suárez no le aparecieron computadas en su cuenta individual las cotizaciones en un período de siete años entre 1963 a 1970, y el INSS no las quiso reconocer a pesar de presentar comprobantes de la empresa a la que trabajó.
La negativa obligó al señor Suárez a iniciar un proceso judicial en contra del Seguro Social en mayo de 2005, pero un juez laboral le negó la demanda, por lo que recurrió de apelación al Tribunal de Apelaciones, que emitió una sentencia ordenando se le compute el período que no aparecía en su cuenta individual en el Seguro Social.
En diciembre del año pasado, Suárez bajo la asesoría legal de abogados del Cenidh, intentó llegar a un acuerdo con el Seguro para evitar el proceso de ejecución de sentencia, pero la asesoría legal de esta institución aseguró que había orientaciones de recurrir de amparo contra la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.
El abogado Pedro Alberto Contreras consideró absurda la decisión del INSS, pues explicó que “la Ley de Amparo es clara al señalar que contra sentencia judicial no procede un recurso de amparo”, por lo que solicitarán al Tribunal de Apelaciones declare no tramitable el recurso.
Según Contreras, “existe indolencia de parte del Seguro Social de pagar una pensión de vejez, pero además someten a una persona a un proceso judicial desgastante, siempre existe una negativa de no querer reconocer a los asegurados su derecho”.

Otra batalla
Otra batalla judicial contra el Seguro Social es la que desarrolla desde hace cinco años el ingeniero civil René Moreno Martínez, de 64 años. Moreno logró mediante sentencia del 19 de julio de 2003 del Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de Managua, que el Seguro le otorgara su pensión por incapacidad total y permanente.
La sentencia fue apelada, pero el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, falló a favor de Moreno en mayo de 2004, confirmando la sentencia del juez de Distrito del Trabajo. El Seguro pagó a Moreno una parte de las pensiones, pero se niega a pagarle un retroactivo que alcanzaba unos 112 mil córdobas.
Para obligar al Seguro Social a pagar el retroactivo, el señor Moreno solicitó la ejecución de un embargo en bienes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero la juez de Distrito Primero del Trabajo denegó la solicitud, lo que motivó al demandante recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, y el 13 de octubre de 2006, el Tribunal revocó la resolución de la juez de Distrito Primero del Trabajo.
La batalla de Moreno Martínez comenzó cuando la Comisión Médica del INSS resolvió que no podía seguir trabajando por un problema cardíaco, y le orientó pedir su cesantía por incapacidad total y permanente.
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a través de una resolución negó la solicitud del ingeniero Moreno Martínez, bajo el argumento de no cumplir con el artículo 44 del Reglamento General para recibir una pensión de invalidez.
La abogada Carla Ortiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, aseguró que debido a la negativa de Seguridad Social de no pagar el retroactivo, decidieron recurrir a la Fiscalía para demandar a la entonces presidenta ejecutiva del INSS, Edda Callejas, por desacato a la autoridad, “pero la Fiscalía tiene un año de conocer la denuncia y nunca ha dado una resolución si va o no a actuar”, señaló.
Pero además, según la abogada Ortiz, en noviembre de 1999 las autoridades del INSS le entregaron un adelanto de 35 mil córdobas del retroactivo y le ordenaron firmar un testimonio donde se da por satisfecho. “Eso no tiene ninguna validez, porque los derechos laborales y de seguridad social son irrenunciables”, señaló la abogada Ortiz.

Le niega pensión por viudez
Otro caso que maneja el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es el de la señora Johana Chévez, quien está reclamando le otorguen una pensión por viudez y por orfandad a favor de su pequeño hijo tras el fallecimiento en 2004 de su esposo, Manuel Salvador Aguilar Leiva, quien cotizó durante 13 años al Seguro Social.
Aguilar Leiva dejó de cotizar al INSS después de quedar en el desempleo, explicó Chévez, quien considera inhumano que sólo por no tener las 49 cotizaciones que le hacían falta para completar el mínimo que establece la Seguridad Social, su hijo ahora no tenga el beneficio de una pensión por orfandad.
“Mi esposo cotizó 701 cuotas, y cuando murió no tenía trabajo debido al problema de desempleo que hay en el país, el Seguro me dijo que no reunía los requisitos reglamentarios”, señaló Chévez.
EL NUEVO DIARIO consultó a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a través de la oficina de Relaciones Públicas de esa institución, esperamos hasta en horas de la tarde y no se tuvo respuestas sobre el caso.