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“Consejos ilegales, nulos e inexistentes”

**Opinan que nacieron sin ley, y que aún si la tuvieran no pueden tener funciones de gobierno **Sin embargo, también son coincidentes en que se les está dando un enorme poder de facto con la titularidad de la esposa del Presidente

Eloisa Ibarra

El jurista Sergio García Quintero afirmó ayer que el presidente de la República, Daniel Ortega, debe explicar al pueblo y a la comunidad donante internacional, si Nicaragua está cogobernada por Rosario Murillo, en abierta violación a la Constitución Política.
García Quintero considera que el presidente Ortega no puede postergar una explicación al pueblo en torno al inconstitucional nombramiento de su esposa como coordinadora de un Consejo con enormes facultades y poderes.
“Es una cuestión que debe aclararse para que la ciudadanía sepa a qué atenerse, porque ni Murillo ni los hijos y familiares pueden figurar como funcionarios públicos en asuntos que están vedados por la Constitución”, afirmó.
Consejos sin sustento jurídico
Por su parte, el especialista en derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, dijo que ni la Constitución ni la Ley 612 permiten a estos Consejos --que carecen de sustento jurídico-- ejercer atribuciones de ministerios.
Representantes del FSLN han defendido la creación de los Consejos aduciendo que son de carácter consultivo, de coordinación interinstitucional, que no le quitan atribuciones a los ministerios.
Sin embargo, al finalizar la semana, el ministro de Hacienda y Crédito Público reconoció que las actividades de publicidad y propaganda serán manejadas por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que preside Murillo, quien ha argumentado que ella sólo está coordinando con los ministerios cómo establecer políticas de austeridad para evitar gastos enormes de dinero en publicidad, e invertir los recursos que se ahorren en proyectos sociales de los mismos ministerios.
Hasta ahora, ninguno de los abogados constitucionalistas del FSLN ni el gobierno han brindado una explicación técnica jurídica convincente en torno a los Consejos y las atribuciones de facto.
Enormes poderes de facto
El “Decreto 03-2007: Reformas y Adiciones al Decreto número 71-98, Reglamento de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su reforma Decreto No. 25-2006”, otorga un enorme poder a quien lo ejerce, en este caso Murillo.
Con el decreto creador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por Murillo, pasan a formar parte de dicha instancia, los titulares de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; de Salud; del Ambiente y Recursos Naturales; de la Familia o sus delegados.
Asimismo, los directores ejecutivos de los institutos de: Fomento Municipal (Inifom); Nicaragüense de Cultura; Nicaragüense de la Juventud y Deportes; Nicaragüense de la Mujer; el Nicaragüense de Turismo o sus delegados.
Además, los secretarios de Comunicación y Ciudadanía, departamentales, municipales y de las regiones autónomas. Dicho Consejo tendrá, además, un Secretario Ejecutivo que será designado por el Presidente de la República.
“Las funciones, atribuciones y competencias de las instancias antes señaladas se transfieren a este Consejo, en consecuencia de cualquier decreto, resolución, acuerdo o disposición normativa en la que se haga referencia de ellas, deberá entenderse que se refiere al Consejo de Comunicación y Ciudadanía”, ordena el decreto.
Nacieron sin ley
Álvarez considera que se ha actuado de forma precipitada rompiendo los elementos básicos de la técnica legislativa y jurídica, porque los Consejos nacieron a la vida jurídica antes de haberse aprobado la ley que los crea.
Explicó que el artículo 141 de la Constitución establece que el Presidente puede reglamentar las leyes que lo requieran, y coherente con ello, entre las facultades del Presidente, según el artículo 150, está el reglamentar las leyes cuando se requiera.
Pero, en este caso, ni la Ley 290 dice que puede ser reglamentada, ni su reforma, la Ley 612 establece que el Presidente debe reglamentarla, por lo tanto, el Decreto 03-2007 no sólo es absurdo porque fue dictado antes de la ley que pretende reglamentar, sino que carece de sustento jurídico, porque la Constitución dice que sólo que la ley lo establezca se puede reglamentar.
“Por consiguiente, ninguno de los Consejos es válido ni existente ni legal: ni el Consejo de Políticas Nacionales, ni el de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ni el de Comunicación y Ciudadanía, ni el de la Costa Caribe”, señaló.
Además de que todo está viciado de nulidad e ilegalidad, el Consejo de Comunicación y Ciudadanía no sólo viola el artículo 151 de la Constitución, sino que el artículo cuatro de la Ley 612, que no le otorga atribuciones de ministerios y entes del Estado, pero que de facto parece que los ejercerá.
Explicó que todos los órganos de la administración pública que ejercen atribuciones de gobierno y que pueden afectar derechos y libertades de los ciudadanos deben ser creados por ley, no por decreto, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución.
No pueden ejercer funciones de gobierno
El Presidente puede crear secretarías y Consejos, siempre y cuando no ejerzan funciones de gobierno y que el espíritu de sus atribuciones no afecte la esfera individual de los ciudadanos. “Cuando la Ley 612 dice que los Consejos no ejercerán funciones de ministerios ni poderes del Estado, significa que no pueden ejercer atribuciones de gobierno, pero da la impresión de que sucede lo contrario”, dijo Álvarez.
Afirmó que la Ley 612, que reforma la Ley 290, está ajustada a la Constitución, pero el reglamento es inconstitucional e ilegal, y se puede considerar derogado por la ley, y si no se considera así cabe derogarlo a través de un Recurso de Inconstitucionalidad, y también cabe el amparo cuando se dicte un acto en concreto, proveniente de funcionarios que no tienen sustento jurídico.
Recordó que, en derecho, la derogación puede ser expresa o tácita, pero en este caso, parece ser que los diputados revistieron de legalidad los Consejos con la aprobación de la Ley 612, aunque desde el punto de vista jurídico está derogado, porque además de ser anterior a la ley, es inferior en jerarquía.
El procedimiento a seguir, explicó Álvarez, era que después de aprobada la Ley, el presidente procediera a crear los Consejos o Secretarías, o bien a introducir una disposición que le permitiera reglamentar los Consejos o que la propia Asamblea Nacional lo hiciera para actuar conforme derecho.
Preocupación por desprecio a la ley
Sin embargo, Álvarez expresó su preocupación porque los indicios marcan una tendencia no favorable al principio de la división de poderes; al ejercicio democrático del poder, sino todo lo contrario, motivado por afinidad e intereses personales de líderes de partidos políticos, que no ejercen la labor de control político, dentro del marco constitucional.
Opinó que el mejor favor es velar porque se gobierne dentro del marco del Estado de Derecho, presentando propuestas y críticas, como sucedió con la misma Ley 290, que el Presidente escuchó, y reconsideró lo referido al Ministerio de Gobernación y Defensa, por roces constitucionales.
García Quintero comparte esa preocupación y prefiere creer que lo que existe es un entusiasmo enorme de la familia Ortega para servir al país, una vocación que han llevado a las situaciones planteadas.
Para García, como están planteadas las cosas, da la impresión de que Murillo es una altísima funcionaria, que está acaparando poder, y en ese aspecto, el Presidente tiene que aclarar ante el pueblo y ante la comunidad internacional que ayuda: si es una funcionaria o no, y si está o no violando el artículo 130 de la Constitución Política, que prohíbe que haya nombramientos que recaigan en personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.