Nacional

Contralores van contra los Cenis y San Jacinto Tizate

* Empiezan a cobrar judicialmente glosas por 1,700 millones de córdobas * PGR y CGR acuerdan trabajar coordinadamente para defender al erario

Luis Galeano

Los contralores colegiados solicitaron ayer al procurador general Hernán Estrada, que denuncie en los tribunales la nulidad de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) y la concesión otorgada al titular del Cosep, Erwing Krüger, para la explotación geotérmica conocida como San Jacinto Tizate o San Jacinto Power, que luego pasó a otros socios con el nombre de Polaris Energy.
La solicitud la hicieron los colegiados ayer al reunirse con Estrada, con quien acordaron mecanismos para impulsar y hacer cumplir las resoluciones que han emitido y que nunca se hicieron efectivas en la administración de su antecesor Alberto Novoa, informó el titular de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.
Los contralores en 2003 declararon la nulidad de los Cenis, que suman más de 500 millones de dólares y que fueron utilizados para soportar los depósitos de las quiebras bancarias, pero esa resolución nunca la hizo efectiva Novoa, aduciendo que existía un recurso de amparo del Banco Central en contra de la resolución, el cual fue tramitado por el Tribunal de Apelaciones, pero nunca mandó a suspender el acto.
En el caso de San Jacinto Power, Estrada incluso tiene en sus manos el fallo que emitió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 9 de octubre del año pasado, el cual no dio lugar al recurso de amparo que interpusieron en contra de una resolución del ente fiscalizador, la cual denunció de nulidad el contrato de concesión que el gobierno de Enrique Bolaños le cedió para utilizar los pozos de la empresa estatal Intergeoterm, en el campo geotérmico San Jacinto Tizate.
“Le dijimos al señor Procurador que es necesario que la Procuraduría impulse esos juicios civiles, porque se trata de la problemática de la energía y de los miles que se pagan por los Cenis, los cuales forman parte de la deuda interna”, dijo Argüello, quien aseguró que Estrada se mostró receptivo a esa petición.
Acuerdan mayor acercamiento
Argüello indicó que el encuentro --al que no tuvimos acceso los medios-- se dio a petición de ellos, con el fin de mejorar el trabajo del ente fiscalizador y el de la Procuraduría, dos entidades que deben caminar de la mano en la lucha contra la corrupción.
“Fue una reunión muy constructiva, hablamos con franqueza de los problemas que tenemos ambas instituciones y acordamos trabajar juntos para hacer más efectivas las labores que le corresponden a cada uno”, dijo Argüello.
En ese sentido explicó que entregaron a Estrada un listado detallado de las glosas que han determinado desde 1999 hasta la fecha, y que suman más de 1,700 millones de córdobas, para que se proceda a su cobro, así como de las presunciones penales pendientes de llevarse a los tribunales y de las denuncias de nulidad que han aprobado y que están en espera de un juicio civil.
Otra de las situaciones que discutieron con Estrada, señaló el contralor Argüello, fue los más de un mil recursos de amparo que se han interpuesto contra resoluciones que ha emitido el ente de control superior, “porque la Procuraduría, como parte, tiene que agilizar estos procesos”.
Asimismo, recordó unas glosas más “antiquísimas” que nunca han sido cobradas porque se encuentra pendiente de resolver el recurso de amparo correspondiente. Es una responsabilidad civil de hasta 110 millones de córdobas contra el ex ministro de Finanzas, Emilio Pereira, por un caso de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI).
“Esa resolución fue el resultado de una auditoría que se hizo cuando era contralor el ingeniero (Agustín) Jarquín, y desde entonces nunca se ha fallado el amparo de manera definitiva, por eso le pedimos al procurador Estrada que como parte, pida a la honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema que falle en ese tipo de casos”, dijo Argüello.
El acercamiento entre los colegiados y el procurador también implica un mayor conocimiento del trabajo que ambas entidades están constitucionalmente obligadas a realizar.
“También decidimos trabajar de cerca e incluso brindar capacitación desde la Contraloría a empleados de la Procuraduría, con relación al trabajo propio de las normas de esta institución. Estamos iniciando una nueva etapa de cooperación franca, que va a ser beneficiosa para las dos instituciones y para el país en general”, dijo Argüello.
Argüello confirmó que Estrada ha solicitado a los contralores colegiados que le remitan varios informes de auditoría y resoluciones referidas a supuestos actos de corrupción de la Administración del ex presidente Enrique Bolaños, así como las declaraciones de probidad de los ex funcionarios involucrados en los mismos, sobre todo lo relacionado con la presunción penal contra ex directivos de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).
Recuadro
Procuraduría comienza a
cobrar millones en glosas
La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a cobrar públicamente millonarias glosas a ex funcionarios de los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, que fueron sancionados administrativa y civilmente por la Contraloría.
En un campo pagado publicado ayer en medios de circulación nacional, aparecen los nombres de los ex funcionarios de las últimas tres administraciones, quienes juntos en glosas suman 191 millones 854 mil 577 córdobas con ocho centavos y un millón 992 mil 612 dólares con 48 centavos.
La lista la encabezaron el ex Presidente del desaparecido Banades, Dionisio Chamorro Chamorro; Hugo Gutiérrez Espinoza; Luis Emilio Midence Padilla, ex funcionario del Banic, al igual que el ex presidente de esa entidad financiera y amigo de Alemán, Donald Spencer.
También se observó en la lista al ex ministro de Hacienda de Alemán, Esteban Duquestrada, y al ex titular de Enitel, Jorge Solís Farias, a quien alegremente se ha visto disfrutando de los juegos de la final de béisbol en el Estadio Dennis Martínez.
También aparecen el ex Presidente de Enitel, Salvador Quintanilla; así como Armando Bermúdez, el ex procurador y ex ministro de Gobernación de Bolaños, y Francisco Fiallos, a quien le están reclamando un millón 74 mil 381 córdobas del total reclamado en general.