Nacional

Buscan minimizar daños en caso de remolcadores


Mauricio Miranda

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) y la compañía Proyectos de Ingeniería Electromecánica S.A. (Prinel) radicada en El Salvador, negociarán el cierre del contrato que suscribieron --durante la administración de Alejandro Fiallos-- para que esta última reparara dos barcos remolcadores propiedad de la entidad nicaragüense.
Los remolcadores son el “Rubén Darío”, de Puerto Corinto, y el “Rolando Calderón” --llamado también “Güegüense”--, de Puerto Sandino. Ambas embarcaciones se encuentran desde el primero de septiembre de 2006 en los predios del complejo pesquero Corsain, del Puerto La Unión, de El Salvador, donde serían reparados por Prinel.
Rodrigo Obregón, Gerente Técnico de EPN, confirmó la visita que les hará Edgard Omar Solórzano, Director Presidente de Prinel mañana miércoles. “Estamos buscando cómo minimizar el impacto financiero que los cambios emergentes están causando al patrimonio de esta empresa”, aseguró Obregón.
“Vamos a ser exigentes en cuanto a la garantía que tienen que darnos de los equipos y el cumplimiento, y de que la calidad de las operaciones haya sido correcta”, aseguró por su parte José Genet, Gerente Coordinador de Operaciones Portuarias y Equipos Marítimos, de la misma empresa.
Las nuevas autoridades de la empresa portuaria, y documentos en poder de EL NUEVO DIARIO, revelaron serias irregularidades alrededor de la contratación de Prinel, como el sometimiento de la EPN a las leyes salvadoreñas; la cancelación del IR por parte de la misma entidad --a pesar de que era obligación del contratista--; y las pretensiones de Prinel de lucrarse con las piezas de una de las naves.
Una certificación que agilizó la contratación de Prinel, emitida por la Contraloría el 21 de agosto de 2006, detalla que en total la EPN desembolsaría US$736,866.04: US$569,983 invertidos en el “Rubén Darío”, y US$ 166,883 en el “Rolando Calderón”. Rodrigo Obregón señaló que la EPN ha cancelado poco más de US$600,000 por los trabajos realizados.
Sin embargo, la mala gestión del contratista, inconsistencias en el contrato, y gastos generados por el retraso de tres meses en la entrega de las naves, han incrementado los costos en unos US$250,000, según dijeron Obregón y Genet a EL NUEVO DIARIO.
“No existe ninguna penalidad sobre los gastos. Forzosamente nos vemos obligados a esperar y aportar para que nos entreguen en el menor tiempo posible los remolcadores. Si el contrato hubiera establecido penalidades por la no entrega a tiempo de los remolcadores, te aseguro que hubiéramos hecho las reclamaciones, pero ese es un contrato en el que está totalmente desprotegida Nicaragua”, expresó Genet.
Rodrigo Obregón señaló que en la reunión con los ejecutivos de Prinel discutirán los beneficios económicos que dicha compañía obtuvo, con 13 culatas del remolcador “Rubén Darío”, cuando al llevarlas a reparar a Nicaragua Machinery Company, Nimac, en Managua, la firma salvadoreña las documentó como de su propiedad.
Según Obregón, Nimac les reconoció las culatas por un monto de US$24,695.85. “Se lo está dando en base a un activo que es patrimonio de esta empresa. Entonces nosotros, en razón y apegados a derecho, tenemos toditito el derecho de decirle que esos US$24,000 son míos, son de EPN, y no son tuyos, porque esa materia prima era de mi barco”, dijo Obregón.