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Ticos reformarán la lesiva Ley General de Migración


CORRESPONSAL COSTA RICA
El gobierno de Costa Rica presentó este miércoles el proyecto de reformas a la Ley General de Migración, el cual será remitido a la brevedad posible a consideración de los diputados de la Asamblea Nacional.
El ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, explicó que se centra en 60 reformas del articulado de la ley, considerada en su momento como “draconiana y tipo Gestapo”, por el propio presidente Oscar Arias.
Dichas mociones surgieron y fueron consensuadas con diferentes organizaciones que trabajan en pro de los inmigrantes, la Iglesia Católica, universidades y la Defensoría de los Habitantes.
“Este proyecto en lo fundamental incorpora todas las reformas en materia de derechos humanos”, expuso Berrocal.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que se hizo un gran trabajo para tener finalizado el proyecto, el cual, aseguró, responde a las necesidades migratorias del país. El funcionario confía en que por el consenso logrado, es posible que en el Parlamento se le dé una tramitación ágil.

Corregirá artículos lesivos
En tanto, el director de Migración, Mario Zamora, coincidió con el ministro Berrocal en el sentido de que las reformas, además se subsanar los artículos considerados lesivos a los derechos humanos de los inmigrantes, también servirán para resolver los problemas de las visas, agilizar los procedimientos, establecer medidas severas contra los traficantes de personas, y cobrar un canon para atender las necesidades de salud y educación de los extranjeros.
“Creemos que la adecuación del texto a los tratados más avanzados en materia de derechos humanos, hará de este texto normativo uno de los textos de avanzada del continente. Creemos que se va a transformar en una de las legislaciones más avanzadas en América Latina en materia de migración”, coincidieron Zamora y Berrocal.
Respecto al cobro mensual que se plantea establecer (entre 17 y 18 dólares) a los inmigrantes con estatus o cuando quieren acceder a uno, los funcionarios de gobierno indicaron que se trata de “reivindicar aspectos de solidaridad de doble vía”, es decir, que Costa Rica siempre les ha brindado acogida y atención a los inmigrantes, y a cambio no existe una retribución al Estado. Señalan que al gobierno “le parece que es lógico y correcto”, puesto que los extranjeros reciben atención en salud y educación “sin discriminación” o estatus
“…Porque el Seguro Social da salud, seguridad; las clínicas, la maternidad en la cual las madres nicaragüenses dan a luz a sus hijos, y el Seguro Social asume todos los costos, y eso lo asumimos los costarricenses como un acto de solidaridad en nuestro estado social de derecho, lo mismo que en el ámbito de la educación, educación primaria, secundaria…”, apuntó Berrocal.
En los casos en que los inmigrantes no puedan pagar, deberán de contribuir con trabajo social y voluntario en sus comunidades. Zamora adujo que no se busca que el canon origine más ilegalidad de los extranjeros al tratar de evadir el pago, sino, por el contrario, que sea un factor de legalización por lo accesible que será.
“En ese sentido, queremos que sea la política de desarrollo y no la política de seguridad, el gran paraguas sobre el cual los flujos migratorios se interrelacionen con la sociedad costarricense. De allí que estemos aprovechando esta coyuntura histórica para transformar a la Policía de migración, que usualmente ha sido una Policía administrativa enfocada en la ejecución de deportaciones, a una Policía técnica en capacidad de enfrentar la criminalidad organizada que se dedica a materializar el delito de tráfico, pero sobre todo la trata de personas”, indicó el director de Migración.

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