Nacional

Fiscalía y Procuraduría acusarán en caso EPN

* Salen a relucir malos manejos en diferentes instituciones gubernamentales

Lizbeth García

La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, dijo ayer que a mediano plazo procederán a acusar a quienes corresponda por el desvío de fondos que hubo en la Empresa Portuaria Nacional (EPN), según revela un informe que la Contraloría General de la República envió al Juzgado Tercero Penal de Audiencias, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República, que por medio de su titular Hernán Estrada, también prometió acusar.
“El caso de puertos se estaba investigando con anterioridad. Estábamos esperando que la Contraloría enviara su resolución. Eso nos llegó hace como ocho días, se adicionó a las investigaciones del Ministerio Público, y el fiscal especial Elton Ortega está trabajando en la investigación, y creo que vamos a estar listos en un mediano tiempo para proceder”, apuntó Rosales.
La funcionaria explicó que han recibido otras denuncias de los diferentes ministerios de Estado donde están asumiendo las nuevas autoridades, porque “al parecer casi en todas las instituciones se presentaron algunos malos manejos que están siendo puestos en conocimiento del Ministerio Publico, al igual que la Policía Nacional”.
Rosales no quiso adelantar nombres, pero precisó que han recibido denuncias del IDR, INEC, MTI y la empresa de puertos.
Pero aunque el Ministerio Público no quiso revelar detalles de la investigación, se conoce que los investigados son el ex director de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Roberto Zelaya Blanco y ocho funcionarios y ex funcionarios de la institución que habrían provocado un daño económico para el Estado por el orden de los 30 millones 335 mil córdobas, a quienes los contralores decidieron por unanimidad establecer presunción de responsabilidad penal y administrativa, el 23 de noviembre del año pasado.
Además de Zelaya Blanco, también están siendo investigados por la Fiscalía, Luis González Barberena, ex gerente financiero de la EPN; Noel Enrique López Pérez, auditor interno; Gabriel Humberto Collado, ex conductor de gerencia financiera, y Ernesto Chamorro Martínez, ex miembro de la Junta Directiva.
También Luis Debayle Solís, ex directivo de la EPN y ex presidente Ejecutivo de Enacal; Julio González Alvarado, Federico Solórzano Castillo y Jaime José Sáenz Argüello.
Según el informe de auditoría que la CGR envió al juzgado Tercero Penal de Audiencias, a cargo de la suplente María Mercedes Rocha, Roberto Zelaya Blanco aparentemente realizó transferencias de cuentas no registradas de la EPN a otras cuentas bancarias personales, sin presentar soportes.
El auditor interno de la empresa, Noel López, se encargaba de falsificar documentos que establecieran la legitimidad de estas transacciones, según revela la auditoría que se inició por denuncia de la Junta Directiva de la EPN, que quería que se investigaran los pagos de viáticos a la Directiva que estuvo del primero de enero de 2003 al 31 de julio de 2005; la compra de un terreno y el proyecto de construcción de un nuevo edificio.
El ente fiscalizador también investigó las ilegales donaciones que las autoridades de la EPN hicieron a personas jurídicas y naturales desde 2001 hasta 2005, y descubrió que una de las empresas beneficiadas con 15 mil dólares fue Ajansa (Asociación Jurídica Automovilística de Nicaragua), donde supuestamente el ex mandatario Arnoldo Alemán tiene acciones.
Sin ningún soporte jurídico, también los ex funcionarios y funcionarios de la EPN donaron 20 mil córdobas para Ben Hur, evento que cada año organiza el ex ministro del MTI, Pedro Solórzano.
La CGR explicó que no pudieron investigar las transacciones que hizo Roberto Zelaya Blanco para aparentemente sacar más de 419 mil dólares de las cuentas del EPN, entre el 30 de octubre de 2000 y el 12 de noviembre de 2001, porque el Consejo no puede pronunciarse sobre operaciones que tengan más de cinco años debido a que las mismas ya habían caducado.
Pese a las limitantes en la auditoría, el procurador general Hernán Estrada, quien ayer realizó una visita de cortesía a los jueces civiles y penales de Managua, dijo que van a proceder judicialmente en el caso de la EPN, para lo cual ya delegó al procurador penal Iván Lara Palacios, quien actuará conforme ley para llevarlo a donde corresponda, “porque evidentemente ahí se llevaron los recursos del pueblo de la forma más burda”.
Estrada indicó que como ellos llegaron a trabajar en la Procuraduría, el caso no se quedará en los escritorios.

El procurador Hernán Estrada aclaró que ni la procuradora Ada Luz Valerio ni la ex procuradora Karolina Vásquez son empleadas “fantasmas” de la portuaria, porque si bien es cierto brindaron asesorías en la misma hasta 2004 y 2005 respectivamente, eso fue antes de que fueran contratadas como procuradoras auxiliares penales.