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Fenosa cobra Seguro

T Carta de Aseguradora del Banco Mundial entregada en Hacienda y luego pasada al INE, donde nadie dio la cara T MIGA-BM realizó anuncio de cobro por documentación en tres tomos que Fenosa hizo, reclamando contra declaración de nulidad de la CGR y las negativas para alza de tarifas T Vocero de Fenosa dice que “eso es del ámbito internacional”, y Red del Consumidor critica duramente a Ortega

Oliver Gómez

55 millones de dólares está cobrando desde la semana pasada una agencia aseguradora del Banco Mundial al Estado de Nicaragua, pues aseguran que las autoridades de gobierno incumplieron el contrato de concesión que suscribieron con su cliente, Unión Fenosa, ya que declararon de nulidad este documento y ahora ni siquiera le quieren aprobar los aumentos de tarifa que necesita esta compañía para seguir operando.
Ese “anuncio de cobro” le llegó el tres de enero pasado al entonces ministro de Hacienda, Mario Flores, firmado por los ejecutivos de la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA, por sus siglas en inglés), que pertenece al grupo del Banco Mundial.
Bajo membrete de Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA-BM), los ejecutivos precisan a Flores que este documento es un “anuncio de cobro” de la aseguradora, que finalmente decidió evaluar el caso de Fenosa, y tras comprobar todos los señalamientos de sus directivos, ahora resuelven que el Estado debe pagar el monto total calculado por la transnacional española-portuguesa.
Y es que la sede de Fenosa en España calculó que su filial Nicaragua, desde hace tres años registra una pérdida superior a los 55 millones de dólares, y esa suma la recurren ante la agencia aseguradora invocando dos tipos de coberturas que tienen contratadas: “Expropiación” e “Incumplimiento de Contrato”.

Documento en tres tomos
La suma y sus debidos argumentos, Fenosa los expone en un documento de tres tomos (en inglés), que enviaron el año pasado a la sede central de MIGA en Washington, Estados Unidos. Esta información fue procesada y luego de una investigación del caso, según la extensión del Banco Mundial, se les canceló una parte del seguro y ahora se busca un acercamiento con el Estado para saldar cuentas.
En este legajo de documentos, Fenosa se queja ante MIGA de que el pasado 24 de agosto de 2006, el gobierno de Nicaragua, y especialmente el ente fiscalizador, la Contraloría General de la República (CGR), denunció de nulidad el contrato de concesión que firmó con el gobierno de Arnoldo Alemán para asumir la distribución de la energía en nuestro país.
Agregan que las demás instituciones han cerrado filas contra la compañía porque después de eso, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), no ha querido aprobar aumentos de tarifas que han solicitado sus distribuidoras, Disnorte y Dissur, argumentando los desajustes internacionales en el precio del petróleo.
MIGA también advierte al Estado que, de tener alguna inconformidad respecto de esta notificación, deja a disposición el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una dependencia del Banco Mundial, para evacuar cualquier sugerencia o diferencia.

Hacienda lo pasó a INE
EL NUEVO DIARIO conoció que el nuevo ministro de Hacienda, Alberto José Guevara Obregón, “se fue de espaldas” al encontrar este reciente documento, que fue notificado por su antecesor, Mario Flores, al titular de INE, David Castillo.
Castillo ayer no contestó su teléfono celular y mucho menos la secretaria del Consejo de Dirección de INE, Mariela Cerrato.
El gerente de Comunicación de Fenosa, Jorge Katín, dijo que la sede en Nicaragua desconoce esta notificación porque este asunto es manejado por los socios internacionales, “y por eso a nivel local nosotros desconocemos cualquier carta, pues eso se maneja en las altas esferas de Unión Fenosa Internacional”, dijo.
Katín también se refirió a las declaraciones del presidente Daniel Ortega, durante el discurso en su toma de posesión, y aseguró que la empresa no se siente aludida cuando señaló que las privatizaciones han sido malas, pues sólo daños le han causado al país.
El problema energético del país no es un problema exclusivo de la distribuidora, dijo Katín, y por tanto tienen que sentarse las generadoras, distribuidoras y todo el sector privado para resolverlo.
También expresó que Ortega “ni siquiera mencionó a Unión Fenosa, sólo dijo que había sido privatizada la energía a los españoles”.

Reacción de la Red
Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), dijo que este organismo estuvo investigando la situación de MIGA, pues les fue anunciada, y por eso ahora no les causa sorpresa sino repudio.
Salgado señaló que ahora no cabe duda de que Fenosa pretende irse del país lo más pronto posible, pues en lugar de buscar soluciones al problema energético, como lo han manifestado sus directivos, están huyendo para no rendir cuentas de sus compromisos, los que primero deben evaluarse en Nicaragua para que las partes puedan proceder luego a nivel internacional.
“Fenosa debe responder, igual que el INE blandengue que tenemos. La Corte Suprema de Justicia también debe mostrar diligencia y beligerancia en la resolución de los casos, pues al atrasar los fallos se vuelve cómplice de Fenosa. Los magistrados tienen más de 60 casos contra Fenosa en sus escritorios y se niegan a resolverlos”, denunció Salgado.
Los miembros de la Red se mostraron inconformes con las declaraciones de Ortega, porque también reconocen que ni siquiera mencionó a Fenosa, y durante su campaña usaba este problema como bandera. “Paz y reconciliación no es borrón y cuenta nueva. El pueblo quiere justicia social y no caridad social”, dijo.
Salgado y altos directivos de la Red, dijeron que esperan que Ortega no siga repitiendo en sus discursos lo mismo que ya ha denunciado este organismo en los últimos años: “que las privatizaciones son malas, que le han causado daño al país, que las empresas no han cumplido sus compromisos y que vamos a luchar y estamos luchando para que cumplan”, precisó.
Recomendó a Ortega que empiece por cuantificar y cualificar en informes, el daño que ha causado Fenosa al país con sus incumplimientos al contrato y los extensos apagones de 2005 y 2006, un tema que debe incorporar a la agenda de reunión con el Cosep, donde está una mínima parte de los principales afectados.
“Ortega debe rendir cuentas a la población y especialmente a los consumidores, de cómo recibe ENEL, Hidrogesa, Gecsa, Entresa y las concesiones de Polaris, Ormat y Gesarsa, porque de lo contrario, cargará con cualquier anomalía que aparezca en algunos años. Eso lo dejamos claro”, refirió.
Los técnicos del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) ayer reportaron que la falta de energía en el país se mantiene entre 8 y 18 megavatios, lo que sigue ocasionando apagones en diversos puntos. También revelaron que los grandes consumidores de energía como Distribuidora de Bluefields, Enacal y Triton Minera, ahora están operando sin tener garantías en el Mercado Eléctrico Regional (MER).
En su informe de anoche, el CNDC destaca una drástica reducción en la producción de electricidad y una limitada capacidad reportada por la generadoras Empresa Energética Corinto (EEC), Generadora Eléctrica de Occidente S.A. (Geosa), Tipitapa Power, Censa, Hidrogesa, Gecsa y Polaris.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA-BM)

Riesgos políticos cubiertos por Unión Fenosa

EXPROPIACIÓN
Se proporciona protección contra las pérdidas derivadas de medidas adoptadas por el gobierno receptor que tengan el efecto de privar al tenedor de una garantía de la propiedad, el control o sus derechos sobre la inversión, o de limitarlos en alguna medida. Además de la nacionalización y confiscación directa, también se cubre la expropiación progresiva, es decir, una serie de actos individuales que, con el tiempo, tienen un efecto expropiatorio. Se dispone de cobertura limitada para la expropiación parcial (por ejemplo, la confiscación de fondos o activos tangibles). No se consideran expropiatorias las medidas no discriminatorias adoptadas de buena fe por el gobierno receptor en el ejercicio de su legítima autoridad reguladora.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Proporciona protección contra las pérdidas derivadas del incumplimiento o ruptura de un contrato con el inversionista por el gobierno receptor. En el caso de alegar un supuesto de incumplimiento o ruptura de contrato, el inversionista debe ser capaz de invocar un mecanismo de resolución de conflictos (por ejemplo, arbitraje) previsto en el contrato correspondiente y obtener una sentencia favorable por daños y perjuicios. Si tras un período determinado el inversionista no ha recibido pago, o si el mecanismo de resolución de conflictos no funcionara debido a medidas adoptadas por el gobierno receptor, MIGA pagará la indemnización. MIGA podría efectuar un pago provisional mientras el mecanismo de resolución de conflictos esté pendiente de pronunciamiento.