Nacional

Dejaron prescribir fraudulenta “donación”

* PGR acusa a Fiscalía, pero Centeno dice que mejor se ocupen de Carcabelos y Pedro Solórzano * Se trata del edificio del Estado entregado para un asilo privado, violando Ley 169

Luis Galeano

La denuncia que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la donación de unos terrenos del Estado a la Fundación “Para la Dignidad Humana Nicaragüense”, que presidía María Fernanda Flores, esposa del ex presidente y ahora reo Arnoldo Alemán, prescribió en septiembre pasado, y toda la investigación de esa entidad y de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) quedó en nada.
El procurador Penal Iván Lara Palacios confirmó que el caso prescribió el 21 de septiembre de este año, después que la Fiscalía General de la República decidiera solicitar varias diligencias “innecesarias” en el caso que fue denunciado por la PGR ante la Policía desde el seis de abril de este año.
El fiscal general, Julio Centeno, negó tal señalamiento, y dijo que si la denuncia de un delito en contra de los bienes del Estado alcanza la prescripción, no es responsabilidad de la Fiscalía, sino del representante del Estado, que en este caso es la PGR.
“Lamentablemente el caso prescribió el mes pasado y no fue porque la Procuraduría y la Policía no hayan hecho su trabajo, sino porque la Fiscalía ordenó --muchos meses después de haber sido notificada del inicio de la investigación-- diligencias innecesarias”, dijo Lara.
Las investigaciones de la Procuraduría y la DAJ concluyeron a mediados de agosto y remitieron el expediente a la Fiscalía, pero ésta lo devolvió a la Policía para que entrevistaran al encargado de hacer las escrituras del Estado, Octavio Picado, además de solicitar un pronunciamiento legal del Ministerio de Hacienda.
“Esas diligencias no eran necesarias y lo que vimos fue una lentitud absoluta de parte de la Fiscalía”, dijo Lara.
El representante de la PGR explicó que el Código Penal establece que existe un tiempo de cinco años para que un ciudadano se presente ante un juez para ejercer la acción penal en delitos de orden público representados por la Fiscalía, de lo contrario prescriben. La donación del bien, ubicado cerca de la Estatua de Montoya, se dio en julio de 2001.

La denuncia
Lara dijo que la denuncia la interpusieron en la DAJ desde el seis de abril, y se señaló de presunto fraude y falsificación de documentos públicos a Alemán, al ex subprocurador Denis Maltez y al empresario Albert William Griffith.
“La Policía notificó en abril a la Fiscalía y al mismo doctor Alemán, pero ellos (la Fiscalía) comenzaron a mostrar interés por el caso hasta agosto, y lo hicieron para pedir diligencias que en nada abonaron a la investigación, en otras palabras, dejaron que el tiempo pasara”, dijo Lara.
Maltez fue nombrado magistrado de la Sala Nacional de la Propiedad, es decir, que ahora goza de inmunidad, y en su entrevista con las autoridades policiales dijo que no recordaba con exactitud en qué términos se había realizado la donación.
La denuncia está relacionada con unos terrenos del Estado que fueron donados a la Fundación “Para la Dignidad Humana Nicaragüense” por órdenes de Alemán. Los terrenos estaban valorados en 1.7 millones de córdobas (145 mil dólares), aunque para donarlos fueron valuados en 200 mil córdobas.
De acuerdo con la denuncia, en el inmueble que donaron a la fundación de Flores existía una edificación denominada “Edificio ENA”, que había sido entregada al Estado en dación de pago por Inmuebles de Occidente Sociedad Anónima, que debía 1.4 millones de córdobas al Banco de Crédito Popular.
Cuando el bien ingresó a los activos del Estado, Griffith solicitó la “donación” a favor de la Fundación, para la construcción de las oficinas del “Club de los Amigos de la Tercera Edad”. Griffith dijo en su declaración que a quien tienen que investigar es a quien donó el bien.
El ex presidente y reo Alemán no se presentó a la cita que le envió la DAJ en este caso, alegando que goza de inmunidad ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Fiscal Centeno responde a señalamientos
El fiscal General Julio Centeno negó ayer que hayan actuado con negligencia en el caso, y preguntó a la PGR porqué interpusieron la denuncia hasta en abril de este año, cuando han tenido más de cuatro años para hacerlo.
“Nosotros no buscamos que prescriba nada, en este caso vimos que había algunas inconsistencias y por eso mandamos a ampliar las investigaciones, porque no podíamos localizar al señor Armando Picado, que era el escriturador, y en el caso de don Claudio Gutiérrez, de Catastro en Ineter, está enfermo y se nos hizo imposible entrevistarlo”, dijo Centeno.
Agregó que “lo que habría que ver es si en realidad hubo daño o no al patrimonio del Estado, porque hasta donde entiendo esa es una obra de carácter social que está funcionando para apoyar a las personas de la tercera edad”.
El fiscal criticó a la PGR por centrar su trabajo en Arnoldo Alemán y Byron Jerez. “Nosotros aquí vieras cuántos casos tenemos y nos hacen falta manos que nos apoyen en casos como el de (Fausto) Carcabelos, Pedrito (Solórzano) y (la carretera) Chinandega-El Guasaule, pero ahí no hay ninguna investigación de la PGR, por eso los invitamos a que nos vengan a ayudar si es que no tienen nada más que Alemán y Jerez”.
“Nosotros tuvimos conocimiento sustancial y con pruebas hasta este año, por eso fue que no hicimos nada antes. El caso se muere porque ellos no actuaron, así que no vengan ahora con el cuento de que tuvimos más tiempo para interponer esa denuncia”, respondió Lara.

Violentaron Ley 169
El ex presidente Alemán emitió el Acuerdo Presidencial número 195-2001, autorizando a la Procuraduría General de Justicia a comparecer ante la Notaría del Estado para suscribir en escritura pública la donación de los terrenos antes descritos.
De acuerdo con la denuncia de la PGR, Maltez hizo la solicitud del avalúo catastral sin incluir la construcción de un edificio que había en ese lugar, lo cual provocó que cuando se hizo el avalúo, el precio fuera por debajo de lo que establece la Ley 169 de Disposición de Bienes del Estado, de que cuando un bien estatal superara los 200 mil córdobas, su venta, donación o arriendo tenía que ser aprobado por la Asamblea.
El delito de falsificación se incluye en la denuncia, porque Maltez al “haber omitido hechos sustanciales, como obviar la existencia del edificio al momento de solicitar el avalúo catastral, no lo mencionó”.
Al haber donado el terreno con estas irregularidades, Alemán y los demás denunciados violentaron la Ley 204, de Reforma a la Ley 169, Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos, porque incluso para poder disponer del bien “valorado” en 200 mil córdobas, tuvo que haber pedido permiso a la Contraloría General de la República (CGR), algo que no ocurrió.