Nacional

“Médicos no son criminales”

*** Titular de Salud expresa que diputados no pueden ignorar elementos médico-científicos en la legislación del país *** Es una avalancha de manifestaciones contra la intención de los parlamentarios, por parte de organismos nacionales e internacionales

La ministra de Salud, Margarita Gurdián, sentó su posición ante la posible penalización del aborto terapéutico, y expresó que si los diputados no toman en consideración los elementos médicos-científicos, la legislación no corresponderá a la realidad del país.
Asimismo, dijo haber recibido cartas de protesta por parte de las sociedades médicas en contra de la reforma a la ley. “No puede ser que a los médicos se les trate como criminales cuando están tratando de salvar la vida de la mujer”, dijo la ministra.
Gurdián expresó que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional debe considerar la experiencia y el conocimiento científico que tienen los gineco-obstetras para tratar este tema. “Los médicos me expresaban que si una mujer llega con un problema donde se necesita realizar un aborto terapéutico, las empresas médicas previsionales no las van a querer atender y las remitirán a los hospitales estatales”, comentó.
Afirmó que los legisladores no han llamado a los médicos para que brinden mayor información. Los diputados sólo han atendido a los jerarcas religiosos, mientras que las sociedades médicas, organismos de la sociedad civil y movimientos de mujeres no han sido tomados en cuenta.
“Yo diría que antes de que se reforme la ley, se llame a las personas que puedan dar insumos y así tomar una buena medida legislativa. Si no son considerados los elementos científicos, los diputados no podrán tomar decisiones que se correspondan con la realidad”, dijo la ministra de Salud.
Demandarán al Estado
La Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), y la Procuraduría Especial de la Niñez, solicitaron que la reforma al artículo 165 no sea discutida hasta después del período electoral. “Es un tema muy delicado que requiere mayor profundidad, pero sobre todo consulta a los expertos”, dijo Norma Moreno, procuradora de la Niñez.
Luisa Molina, representante de la Codeni, afirmó que del 100% de mujeres que sufre violencia sexual, el 30% corresponde a niñas y adolescentes, que en su mayoría quedan embarazadas.
Moreno expresó que en dependencia a la decisión que tome el Parlamento nicaragüense se procedería a demandar al Estado, ya que cabría un recurso de inconstitucionalidad si se reforma la ley. “Si la Corte Suprema no da lugar a este recurso, se recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Otra de las opciones es denunciar al Estado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin embargo, esperan que los diputados respeten los compromisos que Nicaragua ha firmado en materia de derechos humanos.
Más organismos se pronuncian
Save the Children emitió un comunicado de prensa en contra de la derogación del aborto terapéutico, señalando que además se debe considerar que Nicaragua tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en América Latina, donde la gran mayoría de las niñas embarazadas han sido violadas.
“Poner en riesgo la vida de una niña por un embarazo forzado sin darle oportunidad para expresar su opinión, o condenar a una mujer a la muerte o a que sufra graves daños a su salud, para no enfrentar una sanción penal, es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, dice el planteamiento de esta organización.
Además, demandan que se garantice el derecho a la vida, la salud, la libertad, la seguridad, y a contar con asistencia médica y asistencial especial durante el embarazo. Asimismo, la mortalidad materna causada por la negación del aborto terapéutico deja en estado de orfandad a los hijos e hijas de estas mujeres.
Por su parte, la representante de Unicef en Nicaragua, Débora Comini, comentó que el tema del aborto terapéutico debe ser discutido con objetividad e imparcialidad. “Creo que se necesita más tiempo para reflexionar sobre el tema”, indicó.
La Coordinadora Civil consideró que eliminar la figura del aborto terapéutico sería un retroceso al marco jurídico constitucional de Nicaragua, y calificó la medida como un “atropello” a los nicaragüenses.
“Hay casos donde se tienen que salvar vidas y ahí tiene que prevalecer el criterio científico de los médicos. Además, con esto se está violentando el derecho humano universal a decidir, así como las resoluciones de las cumbres internacionales sobre la no discriminación contra la mujer”, dijo Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora.
Iván García Marenco, representante ante el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (Conpes) de la Coordinadora Civil, expresó que es un “insulto a la ciudadanía” que los diputados estén debatiendo este tema cuando apenas faltan diez días para los comicios.
(Con la colaboración de Valeria Imhof)