Nacional

Inafor es un desastre

* “Una medicina peor que la enfermedad”, denuncia el Procurador Ambiental con pruebas en la mano * Zona maderera atrapada en Reserva Natural y se están secando las fuentes de agua * Industria forestal trabaja a todo vapor para satisfacer demanda del mercado hondureño y salvadoreño

Especial para El Nuevo Diario
Segunda entrega

OCOTAL, Nueva Segovia.—Afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), don José Andrés Castillo Urbina, propietario de bosque y transportista de madera en trozas, vocifera contra las autoridades locales del ente regulador forestal y amenaza con que habrá una limpieza institucional, una vez que gane las elecciones su candidato presidencial, Daniel Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Está furioso. Son casi las diez de la mañana, y José Andrés Castillo sigue esperando que llegue un funcionario del Inafor y le libere su camión Mack, placa NS 2024, que está parqueado y retenido en el patio de las instalaciones del Marena de esta localidad.
“Retuvieron mi camión en el sitio llamado La Quesera, en propiedad de Luis Paredes, de la empresa Facesa. Yo le estoy prestando el servicio de transporte y hemos constatado que tiene su documentación en regla, sus permisos, sus guías de traslado, y resulta que sorpresivamente, funcionarios de Marena, de la Procuraduría, acompañados del Ejército, rodearon el camión y lo capturaron en el lugar donde estaban trabajando mis trabajadores”, explicó molesto.
Sin embargo, la base de datos construida durante esta investigación periodística confirma que realmente la industria Maderas para Siempre, Facesa, tiene un permiso de aprovechamiento en La Quesera, municipio de San Fernando, sin embargo éste se venció el 20 de abril de 2006, es decir, más de cuatro meses atrás. Es por un volumen de 1,755 metros cúbicos.
Castillo, hombre corpulento, se identifica a sí mismo como propietario del bosque San Andrés, ubicado en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia. Dice que tiene en su poder un permiso de aprovechamiento forestal, extendido por las autoridades locales de Inafor, para extraer y comercializar 629 metros cúbicos de pino. Sin embargo, a raíz del Decreto de Emergencia, asegura que éste quedó suspendido.
“Aquí las autoridades locales nos entregaron permisos para trabajar, así que si se ha violado la ley, los primeros que lo han hecho son los funcionarios de esas instancias que autorizan”, insistió Castillo.
Pruebas de negligencia
Tiene razón. En el operativo contra la tala ilegal y el contrabando de madera, que ejecutó la Procuraduría del Ambiente en Nueva Segovia, del cinco al ocho de septiembre, los equipos de la PGR encontraron evidencias y pruebas de la negligencia de algunos funcionarios locales de Inafor, así como de algunos regentes, quienes por ley están autorizados para aprobar y dar seguimiento a los planes de aprovechamiento forestal o los planes anuales (POA).
Una evidencia irrefutable son dos guías forestales para el transporte de madera en rollo, extendida por el regente Teodoro Ramos A., quien está registrado ante el Inafor con el número 130804043-0192. Las guías corresponden a las números 058613 y 058614, extendidas completamente en blanco, a favor de Antonio Galo Sánchez, propietario del permiso de aprovechamiento de coníferas No. 06954. Con esas guías forestales, se estaba transportando de forma ilegal e irregular dos cargamentos de pino extraídos de la comunidad de Alcántara, municipio de Dipilto, Nueva Segovia.
El desastre de los regentes
El Procurador Ambiental, Dr. Lisandro D´León, tiene una opinión negativa del rol que han jugado en esta emergencia del bosque, los regentes forestales. “Según mi criterio, los regentes forestales vinieron a convertirse en una medicina peor que la enfermedad. Se supone que están obligados a llenar la guía de aprovechamiento en el terreno, señalando además qué árboles se van a cortar y de qué forma hacerlo, respetando las normas técnicas. Sin embargo, nosotros hemos quitado (incautado) guías en blanco a madereros”.
Pero, el Procurador Ambiental no sólo detecta debilidades éticas y profesionales en los regentes forestales, sino también en los funcionarios de distrito y municipales de INAFOR.
“Cheques en blanco” del Inafor
“Es un acto de irresponsabilidad estar otorgando planes de aprovechamiento forestal, cuando no tenés la capacidad para ir a supervisar, entonces, es darle un cheque en blanco a los madereros, a los dueños de bosques. Así que si vas a dar permiso para que exploten, hay que darle seguimiento, para confirmar si el beneficiario está cumpliendo o no con lo establecido, de lo contrario, estás contribuyendo a que el bosque se esté perdiendo de manera irreversible”, insiste D´León.
Durante el operativo de la PGR, Marena y Ejército, las autoridades requisaron en manos de un maderero y transportista, una Circular de la Delegación Distrito Norte Las Segovia, sellada y firmada por el Ing. Norman Ibarra Almendarez, que permanecía en blanco, para que fuese llenada por el transportista. De esta forma, podría estar legalizando la madera cortada ilegalmente, ante las autoridades policiales y militares. Es un cheque en blanco, precisamente, para trasladar cantidades no cuantificadas de madera en trozas..
Otro documento irregular, que fue requisado por las autoridades de la PGR, del Marena y del Ejército, es el permiso de aprovechamiento forestal No. 06126, extendido al Sr. Róger López Midence, propietario de bosque, para extraer 1,620.5 metros cúbicos de pinos, del sitio conocido como El Encanto, antes del dos de junio del 2006. Sin embargo, el delegado de INAFOR del municipio de San Fernando, aparentemente, le amplió la vigencia del permiso hasta el treinta de septiembre del 2006, a pesar que la Ley de Veda Forestal ya estaba en vigencia y establece una zona de restricción de quince kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del país, “donde no se permite el aprovechamiento forestal para todas las especies”, bajo vigilancia del Ejército.
Esa prohibición afecta a don Róger López Midence, ya que está extrayendo pino de una zona que está a unos 200 metros de la guardarraya con Honduras, dentro de su propiedad heredada de sus ancestros y que comprende alrededor de 400 manzanas de bosques de pino.
“No me puedo escapar de esa prohibición y es ahí donde digo que esta ley (de Veda) fue hecha sin ninguna consulta técnica en los lugares y las zonas forestales de este departamento. Aquí estamos hablando que en esta situación estamos miles de productores, que estamos asentados en 40 ó 50 mil hectáreas de bosques ubicadas en ese radio de quince kilómetros, entonces, nos estaría afectando”, señaló.
El ranking de los grandes importadores hondureños
En el período 2001-2006, en el ranking de los
grandes importadores hondureños, que compran
madera de Nicaragua, están las siguientes industrias:
No.
Razón Social Valor FOB US$

1.José Lamas S.R.L. 1,350.,864.20

2.Yodeco de Honduras S.A.* 1,083.788.85

3.Maderas y Equipos de R.L. de CV 876,969.45

4.Mimbres de Honduras S.A.* 316,143.66

5.Zinma Exports de R.L.* 240,528.67

6.Serv Especializados en Maderas* 194,202.49

7.Industrias de Madera S.A. de C.V.* 188,922.72

8.Canahuati Mitra, Jamal 57,613.53

9.Tracoma S.A. de CV* 36,353.29

10.Derivados de Maderas S.A. de C.V.* 16,216.17

* Estas industrias hondureñas no registran pago de impuestos por las importaciones de madera nicaragüense, dejando traslucir la posibilidad de evasión fiscal en el vecino país.

Se están secando las fuentes de agua
Zona maderera atrapada en Reserva Natural
* Industria forestal trabaja a todo vapor para satisfacer demanda del mercado hondureño y salvadoreño
En Nicaragua, según el Mapa Forestal, existían alrededor de 71,745 hectáreas de pinares en el Centro y Norte del país, de los cuales, la gran mayoría (88%) se localizaban en el departamento de Nueva Segovia. Sin embargo, en el período 2001-2002, los pinares de este departamento sufrieron un severo ataque del gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis), que afectó a más de la mitad de sus bosques y provocó pérdidas estimadas en US$ 95 milones de dólares.
En el caso de Nueva Segovia, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Veda Forestal se vuelve más compleja que en otros sitios del país, ya que el 80 por ciento de sus tierras son de vocación forestal y, por otra parte, se levanta ahí la Reserva Natural Dipilto-Jalapa, que abarca más de 40,000 hectáreas y que comprende los municipios de Dipilto, Mozonte, Jalapa y San Fernando. Para resguardarla hay dos guardaparques y tres técnicos en la oficina de Marena.
“En el operativo se encontraron diferentes camiones (alrededor de seis), bajando de la Reserva, que se encuentra comprendida en los quince kilómetros de la Ley de Veda Forestal, entonces, tenemos que revisar qué permisos tienen, la legalidad de esta madera, para ver si amerita o no su decomiso. Existen planes estructurados de aprovechamiento, pero ustedes lo pudieron ver, no están cumpliendo ni tomando en cuenta las normas ambientales. No se respetan los semilleros, las fuentes de agua, se observan francas a orillas de las fuentes de agua, en violación a las leyes. Debido a esto, nosotros en el ministerio tenemos abiertos 23 procesos administrativos contra madereros”, indicó Martha Virginia Rubio, Delegada del Marena en Nueva Segovia.
Mercado en Honduras y El Salvador
La industria segoviana, igual que la del resto del país, trabaja para satisfacer las necesidades de empresas importadoras salvadoreñas y hondureñas, algunas de las cuales han sido sometidas a investigaciones de evasión fiscal o de tala ilegal de madera en sus propios países.
Según cifras oficiales de la DGA, en el año 2005 Nicaragua exportó 18.6 millones de pie tablar de pino, con un valor FOB de US$ 3.3 millones. De ese monto, el mercado salvadoreño importó US$ 1.7 millones y Honduras US$ 1.5 millones. Más del 95 por ciento.
“En el caso de El Salvador, el pino nicaragüense tiene demanda en la industria de la construcción y de mueble, mientras en Honduras, se emplean para hacer las cercas que separan las viviendas en Estados Unidos, y que nosotros les llamamos orejas de gato. Esas las mandamos hechas de aquí, los hondureños las pasan por una curadora y luego las exportan a Estados Unidos y Canadá”, refiere Héctor Ramos, Presidente de la Cámara Forestal y del Consorcio Forestal de Nueva Segovia.
De acuerdo a nuestra base de datos, basándonos en permisos de exportación concedidos por Cetrex, entre 1999-2006, los mayores exportadores hacia esos mercados vecinos son: Maderas Segovianas, S.A. (US$ 7.9 millones), Industria Maderera San Martín (US$ 2.1 millones), Empresa Maderera Nicaragüenses, S.A. (US$ 2.0 millones), Agencia de Trámites de Exportación Cáceres Sánchez (US$ 2.0 millones), Fabio José García Lanuza (US$ 1.5 millones); Aracely Calixtra López (IS$ 980,749.57) y; Norma Esperanza Bautista Vargas (US$ 407,166).

Aprovechamiento vs. veda
Ramos, maderero al igual que su hermano, estima que la industria forestal de ese departamento genera alrededor de 3,000 empleos directos y de unos 15,000 ó 18,000 indirectos, involucrados a lo largo y ancho de la cadena forestal, desde los que derriban y extraen el recurso hasta los cargadores y transportistas.
La presión sobre el recurso forestal es fortísima. En el año 2000, por ejemplo, en Nicaragua se registraban 85 aserríos operando con permisos de Inafor, de éstos, un total de 18 se localizaban en Nueva Segovia, en los municipios de Ciudad Antigua, Jalapa, Macuelizo, Mozonte, Ocotal y San Fernando. Seis años después, en 2006, de un total de 65 aserríos operando con permisos de Inafor, 33 se localizaban en Nueva Segovia.
Para Ramos, una salida salomónica al dilema que se encuentra la industria forestal (aprovechamiento vs. veda forestal), sería revisar caso por caso, entre los beneficiarios de planes de aprovechamiento forestal, y dejar que continúen trabajando los que han demostrado ser responsables y castigar a los que han demostrado irresponsabilidad.
“Además, estamos proponiendo que le asignen más recursos al INAFOR y que el regente lo pague el Estado, para que su jefe sea el gobierno y no el maderero”, dijo Ramos, del Consorcio Forestal de Nueva Segovia.