Nacional

Suiza devuelve fortunas robadas por dictadores

* Gobierno ya ha entregado 1,230 millones depositados en sus bancos por tiranos * Ya regresaron a Perú 77 millones de dólares robados por Vladimir Montesinos * Secreto bancario puede levantarse por orden judicial y a pedido del país afectado

EL PAÍS / Berna

Los “días de vino y rosas” parecen haber tocado su fin para las fortunas de los dictadores cleptócratas y políticos corruptos, al menos en Suiza. En un largo y complejo proceso iniciado hace diez años, las autoridades de la Confederación Helvética han bloqueado las cuentas de los tiranos para restituir los fondos a los países de donde fueron detraídos.
Hasta el momento han sido devueltos ya 1,546 millones de dólares (unos 1,230 millones de euros), y mantiene bloqueados otros 1,600 millones de dólares.
El caso más sonado fue la devolución en 2005 a Nigeria de más de 700 millones de dólares del ex dictador Sani Abacha, aunque la situación afecta igualmente a una larga lista de fondos depositados por gobernantes y políticos corruptos.
El dinero depositado por el dictador nigeriano Abacha en bancos de Suiza, “de origen manifiestamente criminal”, fue recuperado por Nigeria gracias a un acuerdo logrado con el Banco Mundial para su posterior utilización en proyectos de desarrollo de infraestructuras, salud pública y educación.
El clan de los Abacha habría desviado fondos del Estado por valor de más de 2,200 millones de dólares hacia el extranjero entre 1993 y 1998. En Suiza se ingresó una tercera parte, 700 millones, de los que hoy sólo permanecen bloqueados 7 millones esperando la orden judicial de restitución.
En la lista de cuentas investigadas por las autoridades suizas figuran personalidades como el político mexicano Raúl Salinas de Gortari o la ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto.
También están incluidos quienes fueron presidentes de Congo, Mobutu Sese Seko, y de Haití, Jean-Claude Duvalier, así como el ex jefe de los servicios secretos peruanos Vladimiro Montesinos, el ex presidente argentino Carlos Menem, el fallecido líder palestino Yasir Arafat, o los presidentes, Nursultán Nasarbáyev, de Kazajstán, o José Eduardo dos Santos, de Angola.
Otras restituciones sonadas fueron los 683 millones de dólares (sumando intereses) devueltos a Filipinas desde las cuentas en Zürich, Friburgo y Ginebra del ex presidente filipino Fernando Marcos, y los 77 millones de dólares recuperados por Perú de las cuentas suizas de Vladimiro Montesinos.

Gracias a leyes sobre “blanqueo”
Los fundamentos legales de esta política se basan en una ley federal de abril de 1998 conocida como “Ley sobre el Blanqueamiento” o LBA que obliga a banqueros e intermediarios financieros a conocer a los “verdaderos beneficiarios” de las cuentas y a señalar toda actividad sospechosa a las autoridades.
En julio de 2003 se mejoraron las herramientas legales con la nueva ordenanza de la Comisión Federal de Bancos. Por esta ordenanza se obliga a los banqueros a “establecer reglas que permitan determinar qué clientes y operaciones representan un riesgo”.
Esta medida afecta en particular a los políticos en ejercicio del poder.
Numerosos observadores críticos consideran que Suiza está realizando así su “segunda operación de limpieza” tras la concesión en 1995 de 1,236 millones de euros a los herederos de las víctimas judías del nazismo, que poseían cuentas en el país de los Alpes.
Esa suma, conocida como “Fondos de Desherencia”, fue acordada por los bancos suizos a fin de evitar largos y costosos procesos judiciales.

Ya habían devuelto lo robado por Marcos
“No puede decirse que Suiza esté realizando un ‘segundo lavado de imagen’, dado que la situación actual viene de un proceso iniciado en 1986 con la devolución del dinero de Marcos a Filipinas y el posterior bloqueo de fondos a gente como Mobutu, Charles Taylor o Bhutto”, comentó a EL PAÍS Paul Seger, consejero jurídico del ministerio de Asuntos Exteriores suizo y jefe de la Dirección de Derecho Internacional (DDI).
“En un momento dado”, prosiguió Seger, “las autoridades suizas se dieron cuenta de que esta situación no beneficiaba en nada al prestigio del país y de su plaza financiera y se decidió comenzar a ayudar a los estados a recuperar sus bienes’.
“No se justifica poner en tela de juicio el prestigio de la plaza financiera suiza por unas sumas que, comparativamente, son insignificantes en el volumen total de operaciones de la banca helvética”, comentó el embajador Balzaretti, asesor de la ministra de Asuntos Exteriores. “Hay que aclarar que los bancos no dirigen la política financiera del estado”, continuó Balzaretti, “sino a la inversa”.
Las aperturas de cuentas bancarias son regidas por el New Customer Rule o nueva regulación de clientes, lo que implica que “para abrir una cuenta bancaria en Suiza hoy hay que efectuar una especie de strip-tease financiero”, en palabras del embajador Balzaretti. Para abrir una cuenta en Suiza como no residente, se necesita la recomendación de un cliente existente y la ley es igual tanto para los bancos “normales” como para los gerentes de fortunas o private banking.
Las autoridades suizas se esfuerzan en recordar que “el secreto bancario puede ser levantado por cualquier delito tipificado en el Código Penal, siempre que haya una orden judicial firme y a pedido de las autoridades del país afectado, se pasan las pruebas al país demandante”. De todas formas, “sin una condena judicial en firme por parte del país afectado, no se pueden restituir los fondos de nadie”.
Paul Seger es el promotor de un encuentro que tuvo lugar los días 2 y 3 de este mes en la ciudad suiza de Lausana. El seminario en cuestión pasó relativamente desapercibido en los medios de comunicación, pero es de una importancia capital en la nueva etapa de la política suiza de transparencia bancaria.
El encuentro permitió por vez primera que los países conocidos como “plazas financieras” y los países en vías de desarrollo establecieran un diálogo para controlar el movimiento de los fondos ilícitos y estudiar las medidas de bloqueo de cuentas y restitución de fondos.
Suiza se basó en su experiencia con los fondos Abacha para identificar y analizar “todos los obstáculos que dificultan la restitución de dinero y complican los procedimientos legales”. El seminario se realizó en el contexto de la primera reunión de estados participantes en la Convención de la ONU de 2003 contra la corrupción y que se proseguirá en diciembre próximo en Jordania.
Esta convención es “el primer instrumento internacional que contiene la obligación jurídica de restitución de fondos ilícitos provenientes de la corrupción”.
A pesar de ello, este instrumento no especifica cuáles son los medios para llevar a cabo dichas restituciones, y ahí comienzan los problemas que causan un quebradero de cabeza a las autoridades helvéticas.

Quejas de países afectados
Según los países afectados, los procedimientos judiciales tendientes a la restitución de los fondos “son complejos, pesados y poco transparentes”. En teoría, el proceso consta de tres partes bien diferenciadas. La primera es la demanda formal de colaboración judicial por parte de un estado afectado a las autoridades suizas. Si se considera que hay base legal suficiente, las autoridades federales bloquean las cuentas y transmiten la información obtenida al país demandante.
Una vez juzgado el caso y con una sentencia firme, los suizos confiscan las cuentas y las transmiten al país afectado. Y ahí comienza uno de los principales problemas del proceso, dado que a menudo, “muchos de esos países sufren de un colapso absoluto de sus instituciones, lo que impide la transparencia”, en palabras del embajador Roberto Balzaretti. Suiza no dispone de medios de coacción en caso de que los países afectados no utilicen los fondos restituidos para los objetivos de desarrollo pactados, pero aún así está obligada a restituirlos.
Al día de hoy, la juez Cova, de Zürich, ha ordenado el bloqueo de 30 millones de dólares suplementarios de las cuentas de Vladimiro Montesinos, pero el gobierno suizo pone ciertas exigencias mínimas previas a la devolución del dinero, aunque lo que se haga con esas sumas sea una decisión que pertenezca exclusivamente a los peruanos.
Igualmente, se acaban de bloquear cuentas de Duvallier y Mobutu por unos ocho millones de dólares cada una.
“Hay dos consideraciones a hacer en este caso”, continuó su análisis Paul Seger, “una es de orden moral, y es que el dinero debe ser restituido a sus legítimos propietarios y la otra es que la utilización de estos fondos se haga de forma clara y transparente para que el dinero no vuelva a Suiza dos semanas más tarde”. A modo de conclusión, Seger comentó: “La principal consecuencia del caso Abacha es un efecto disuasorio que debería provocar que en el futuro la gente con fondos dudosos se lo piense tres veces antes de venir a depositar su dinero en Suiza”. La cifra que queda por restituir en total es cercana a los 1,600 millones de dólares.