Nacional

Se puede revertir regalo energético

* Contrato había sido denunciado de nulidad por la Contraloría, pero los concesionarios se ampararon y TAM suspendió el acto * Nunca pagaron, nunca invirtieron, y sólo producen 6 de los casi 70 megavatios a que se habían comprometido

Luis Galeano

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dio lugar al recurso de amparo que la sociedad San Jacinto Power S.A, interpuso en contra de una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que denunció de nulidad el contrato de concesión que el gobierno le cedió para utilizar los pozos de la empresa estatal Intergeoterm, en el campo geotérmico San Jacinto-Tizate.
La empresa Polaris Energy Nicaragua que ahora goza de la concesión, reaccionó tranquila ante el fallo de la Suprema, pues sus funcionarios consideran que todo lo han hecho conforme a las leyes del país, y que además cuentan a su favor con un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR).
La decisión de no dar lugar al amparo la tomaron los miembros de la Sala Constitucional de la CSJ, Francisco Rosales, Guillermo Selva, Rafael Solís, Rogers Argüello y Dámisis Sirias, el pasado nueve de octubre, después de revisar el recurso de amparo administrativo que interpuso en nombre de San Jacinto Power S.A, su representante legal Carlos Rodolfo Icaza.
ENEL, bajo la dirección del hoy presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, autorizó a esta sociedad anónima el derecho de uso de las instalaciones físicas y pozos de la empresa del Estado (Intergeoterm) en el campo geotérmico San Jacinto-Tizate sin que se haya obtenido ningún beneficio, razón por la cual el 19 de marzo de 2004, los contralores de ese entonces denunciaron de nulidad el contrato.
TAM suspendió
Icaza, en nombre de San Jacinto Power recurrió de amparo contra la resolución de la CGR ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que dio lugar a la suspensión del acto reclamado el 28 de abril de 2004.
La contratación establecía que cuando comenzara a operar la planta geotérmica, le venderían al Estado a 5.95 centavos dólar el kilowatt/hora, todo a cambio de que se hicieran unas inversiones equivalentes a 26 millones de dólares, sin embargo, de acuerdo con los contralores eso nunca se dio.
En julio de 2000, cuando el ahora mandatario del país era presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Energía (ENEL), firmó con Ervin Krüger, presidente de la empresa Kitco, una concesión para explotación del campo San Jacinto-Tizate por un período de 20 años, prorrogable por 10 más.
En esa oportunidad, Krüger afirmó que con ese contrato el Estado recuperaría 26 millones de dólares que invirtió en el campo geotérmico en 1992, y en seis meses podría generar cinco de los 66 megavatios de energía a que se comprometió generar, y en 16 meses hasta 25 megavatios, para cumplir con el contrato.
El presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, ha dicho que los empresarios que recibieron el campo energético de San Jacinto Tizate deberían estar produciendo por lo menos 66 megavatios, y en la actualidad sólo producen 6.
Ervin Krüger primero representó a empresarios alemanes que recibieron la concesión en 1999, luego en julio de 2000, firmó una concesión como socio de Kitco, de San Jacinto Power, y ahora el campo geotérmico se encuentra en manos de la Empresa Polaris, de la que su hermano Walter Krüger es representante, y que tomó la administración del proyecto desde junio de 2004, asociada a canadienses. Fue hasta en julio del año pasado que inauguraron la primera planta.
Ante la falta de pronunciamiento del caso por parte de la CSJ, los miembros del Consejo Superior de la Controlaría solicitaron el pasado 7 de septiembre a los magistrados de la Sala Constitucional, que dictaran una resolución definitiva sobre el recurso de amparo, la cual resolvió a favor de la resolución de los colegiados.
Polaris: “No hay problema”
La vocera de Polaris Energy Nicaragua, Adriana Romero, dijo que aunque no es a ellos a quienes les corresponde responder por el fallo de la CSJ, sino a ENEL, que el que cedió la concesión, decidieron hablar con EL NUEVO DIARIO para decir que la sentencia no les afecta.
“La CSJ dice que la resolución administrativa de la Contraloría constitucionalmente es correcta, pero ellos (los contralores) no pueden anular la concesión, le corresponde al procurador a través de un juicio, y nosotros ya contamos con un pronunciamiento de abril de 2004 de la Procuraduría que dice que todo el contrato fue cedido a derecho”, dijo Romero.
“Aquí la Contraloría a quien tuvo que haber sancionado es a ENEL, porque nosotros somos una empresa privada, pero damos la cara porque el hecho nos toca, pero como todo lo hicimos respetando las leyes, todo correctamente y de manera transparente, por eso es que hablamos”, agregó.
Explicó que Polaris no ha producido los 66 megavatios que se habían previsto desde que se les dio la concesión de San Jacinto-Tizate, porque desde 1999 hasta 2004 han tenido que llenar una serie de requisitos, entre ellos: entrega del PPA, o contrato de compra-venta de energía que se hizo efectivo en diciembre de 1999; la concesión de explotación que se entregó el 30 enero de 2001, y el tercer requisito, la licencia de generación entregada el nueve de diciembre de 2003.
Indicó que el año pasado fue inaugurada una planta que tiene una capacidad instalada de 10 megavatios, y desde junio de 2005 empezó a inyectar energía en el sistema integrado nacional, generando 8.2 megavatios e inyectando 7.6 megavatios.
Romero dijo que en una segunda fase a mediados de 2008, pretenden llevar la planta a 31 megavatios con una inversión de 57 millones de dólares que vendrán del banco del Brasil, y que el restante de megavatios se logrará a finales de 2010.
Contralores satisfechos
Por su parte, el vicepresidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, dijo que se siente satisfecho con la decisión de la CSJ, ya que se convierte en una magnífica oportunidad para el Estado y los nicaragüenses de recuperar esa empresa energética “que había sido regalada”, y en la que el país había invertido cerca de 30 millones de dólares.
“Esta empresa fue regalada a Ervin Krüger en aquel entonces sin compensación alguna en términos económicos, y creemos que el procurador de la República debe presentarse ante los tribunales de justicia para restituir este bien importante para la sociedad”, dijo Montenegro.
“La razón y el derecho nos asistían y aquí ha quedado demostrado plenamente con ese fallo, y esperamos que el procurador actúe en concordancia con los intereses de los nicaragüenses”, sostuvo.
El procurador general Alberto Novoa dijo ayer que no conocía en detalle la sentencia de la CSJ, pero aseguró que actuaría de acuerdo a derecho. “Vamos a demandar la norma, es decir, vamos a hacer lo que la Contraloría señaló siempre y cuando creamos que sea lo que legalmente corresponde”, dijo Novoa, sin entrar en detalles.