Nacional

CGR confirma presunción penal contra Solórzano


Luis Galeano

Los contralores colegiados confirmaron ayer la presunción de responsabilidad penal en contra del ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano, por irregularidades en el proyecto de ampliación de la carretera Ticuantepe-Granada, a cargo de Hispánica, tal y como lo había adelantado EL NUEVO DIARIO.
“Aprobamos de manera unánime la presunción penal contra don Pedro, porque hubo un daño patrimonial al Estado derivado de su decisión de beneficiar intencionalmente a Hispánica”, informó el contralor presidente Guillermo Argüello Poessy.
La resolución recomienda establecer presunción penal contra Solórzano por haber favorecido a Hispánica al no aplicar la multa de incumplimiento de entrega de la obra y a la vez violar la Ley de Contrataciones del Estado.
“Por el daño causado de manera intencional al MTI, en beneficio de la empresa Hispánica hasta por la suma de US$ 2,075,211, se presume responsabilidad penal a cargo del señor Pedro Solórzano, ex ministro de Transporte e Infraestructura”, señala la resolución cuya copia se encuentra en nuestras manos.
Protegió a Hispánica
De acuerdo con el documento, Solórzano no aplicó la cláusula de penalización del contrato suscrito con la empresa ibérica, en lo relacionado al cumplimiento de la entrega de la obra que estaba programado para 24 meses, contados a partir del 25 de noviembre de 2003.
El proyecto tuvo que haberse concluido el 25 de noviembre del año pasado, pero un acuerdo complementario hecho diez días después de esa fecha, extendió el plazo para que Hispánica lo entregara hasta el 24 de enero de este año, lo que tampoco se cumplió.
“Inexplicablemente el señor Solórzano durante la fecha de su gestión como ministro del MTI desatendió sus obligaciones y omitió de forma deliberada que la empresa Hispánica, por un lado, cumpliera con el plazo fijado para la entrega del proyecto, y por otro, tomara él como titular de la entidad contratante las medidas necesarias para que en este tipo de contratación se satisfaga el fin inmediato, en este caso la culminación de la obra”, dice la resolución.
“Como consecuencia de tal ilícito procedimiento, el contratista (Hispánica) no tuvo ninguna exigencia por parte del señor Solórzano, pues a la par de no reclamársele la entrega de la obra, tampoco le aplicaron la cláusula de penalización, que es lo más importante y perjudicial, pues es con lo que el Estado debió resarcirse del perjuicio que se le causó por el atraso en la ejecución de la obra”, agrega el documento.
De igual forma la resolución señala que Solórzano incurrió en una serie de irregularidades en contra del marco legal establecido en la Ley de Contrataciones, beneficiando “de forma anómala” a Hispánica, “ya que puso a ésta en clara ventaja en relación con los otros oferentes participantes en el proceso licitatorio, violentando con ello el principio de igualdad”.
No hay fianza de garantía
Argüello aseguró que Solórzano dejó indefenso al Estado al no firmar una fianza de garantía con un banco o aseguradora local, a como establece la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con el contrato firmado por el MTI e Hispánica, existen dos tipos de garantías, una por adelanto de la obra por US$ 3,871,000; y otra, de cumplimiento por US$ 4,444,439, 323. Sin embargo, ambas se vencieron: la primera, el 24 de octubre del año pasado, y la segunda, el 31 de enero de este año.
Argüello Poessy dijo, por su parte, que el superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, les contestó que el banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. de España, que es donde se encuentra depositada la garantía, no tiene agencia o representante en Nicaragua, por lo tanto, el Estado no puede reclamarla.
Ayer Solórzano dijo en la Contraloría que el “homólogo” del banco español en Nicaragua es el Banco Central, pero Argüello señaló que el superintendente de Bancos negó eso a través de la carta.