Nacional

Otorgan privilegios a presunto abusador


Leoncio Vanegas

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA -La procuradora especial de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Norma Moreno Silva, denunció la revocación de prisión preventiva por la de arresto domiciliar que otorgó el doctor Lenín Lechado, Juez de Distrito Penal de Audiencias de Ocotal, a favor de un empleado de la Alcaldía de Quilalí, a quien se le imputa el delito de abusos sexuales a una niña sordomuda de 13 años.
La Procuradora opina que hay suficientes argumentos jurídicos que no prevalecieron en la decisión del juez, aun cuando considerara las prerrogativas del Código Procesal Penal (CPP) y las garantías constitucionales para quienes infrinjan las leyes o cometan delitos.
Señaló que el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, ratificado por el Estado de Nicaragua en 1990, establecen que toda decisión que tome cualquier autoridad de la administración pública --y el Poder Judicial es una de ellas-- debe ser poniendo en primer lugar los derechos de la niñez y adolescencia, garantizando el principio del interés superior de las niñas, y ya no se diga en los casos de violencia sexual, esgrimió la alta funcionaria.
Indicó que el delito que se le achaca al funcionario de la Comuna quilaliana, conforme a la legislación penal “es considerado como un delito grave; lo otro, porque hay una agravante, que es la condición de discapacidad de la niña (abusada). Definitivamente, no tenía la posibilidad alguna de pegar un grito, de pedir auxilio, ejemplificó.
Dijo que hay testigos oculares, que vieron al sujeto, ahora encausado, cuando llevaba del brazo a la menor hacia el lugar de los hechos.
Abuso ocurrió en la noche y con apagón
Moreno Silva observa en la decisión del judicial de esta ciudad cabecera, que las autoridades que imparten justicia no están siendo especializadas en otros temas, más que en lo relativo al CPP, “y debe de haber coherencia entre lo que establece este Código Procesal Penal, con lo que contiene el resto de la legislación nicaragüense”, anotó.
También consideró que demorar el juicio hasta el 19 de enero del próximo año es otra violación a los derechos humanos de la menor, los cuales no prevalecen en el proceso.
Tratamos de conocer la versión del doctor Lechado, pero no fue posible encontrarle en las oficinas del Juzgado, adonde sólo llega en calidad de juez suplente.
Moreno Silva dijo que el caso lo atiende la Procuraduría, a petición de ayuda que hizo la Asociación “Los Pipitos”, tanto del nivel nacional como del capítulo de Condega, porque la menor es afiliada a esta organización que vela por los derechos de la niñez con discapacidad.
Conforme a la versión de los hechos que conoce la Fiscalía departamental, la niña salió a realizar un mandado, a tempranas horas de la noche, y en un momento en que entró un apagón de luz. Sus padres, preocupados por la demora, salieron en su búsqueda, y la encontraron cerca del cementerio del pueblo de Quilalí con su vestimenta rasgada.
Pasó a ser abuso deshonesto
Al parecer, en este lugar, cuando caminaba por la calle, el victimario la tomó por la fuerza y la llevó al terreno de tumbas, donde habría consumado sus apetitos sexuales. La menor, con su lenguaje de señas, apuntó con su dedo índice al empleado de la Alcaldía.
“Con base en eso, los padres (de la menor) pusieron la denuncia y la Policía lo detuvo”, dijo el licenciado Douglas Vargas, Fiscal departamental del Ministerio Público. La niña narró los hechos con asistencia de una traductora de señas, en la que también hizo mención de tres hombres. Al parecer, la confusión puede estar en la dificultad para precisar los hechos con su singular lenguaje.
Para determinar las evidencias del supuesto delito, a la niña se le hizo el examen médico legal y no presenta evidencias de violación, ni siquiera alteración en sus partes por efecto de tocamiento. “Entonces, nos planteamos el caso como un abuso deshonesto porque la niña lo identifica (a su victimario) y tiene alterada su vestidura, y nosotros lo pasamos a la instancia judicial”.
Alcaldía en la picota del escándalo
Aunque la Fiscalía abogó para que se mantuviera la prisión preventiva para el implicado, a criterio del Fiscal, es probable que el juez haya tomado en cuenta el examen médico y las versiones distintas que narró la niña, que atenúan la imputación.
Sin embargo, el caso ha salpicado al alcalde de Quilalí, Gersán Pozo, quien según la procuradora Moreno Silva, utiliza los recursos de la Comuna para defender al acusado por la supuesta violación de la niña sordomuda. Según ella, Pozo ha dispuesto del asesor legal de la institución para que defienda al supuesto abusador sexual.
Además, tiene el privilegio de tener como sus fiadores para su arresto domiciliar, al padre del edil y a un primo de éste, quienes han puesto bienes económicos como garantía para que el imputado enfrente el juicio en libertad.
“La madre de la niña (…) fue visitada por el abogado de la Alcaldía, quien ofreció dinero para que retirara la acusación del Ministerio Público”, acusó.
Declarar “non gratas” a alcaldías que protegen a abusadores
Añadió que la actuación de las autoridades edilicias de ese municipio es deplorable, porque las alcaldías son parte de la Red de Alcaldes Amigos de la Niñez y son integrantes de las comisiones locales de la niñez y adolescencia.
“Vamos a elevar la petición ante el presidente de la red, y ante el comité nacional de las comisiones de la niñez, para solicitarles el retiro de la Alcaldía de Quilalí. El alcalde, en vez de dar el ejemplo de proteger a la niñez, está protegiendo a un violador”, indicó la procuradora Moreno Silva.
Dijo que el caso es similar al acontecido en Condega, donde dos pudientes vinculados al alcalde, están libres por el delito de violación de una niña, mientras los de menor poder económico y de influencias van para juicio oral. “Cuando hay tráfico de influencias, tráfico de dinero, de poder, muchos casos de violencia sexual cometidos contra niños y niñas adolescentes, han quedado en la impunidad y se ha violentado el acceso a la justicia”, finalizó la procuradora Moreno Silva.