Nacional

“Coyotepazo” en el aire

**Todo fue hecho en un simple convenio con el MTI y un “ante mí” de una doctora **Notarios del Estado desconocen esas operaciones y no se sabe de dónde salió el dinero para comprar las propiedades **Primo de Julio Vega asegura que le compraron con “su valor catastral”. ¿Con qué valor vendieron los otros?

Luis Galeano

Ninguna de las 74 propiedades adquiridas por el MTI en las cercanías de la fortaleza El Coyotepe ha sido escriturada a favor del Estado. Lo único que existe es un “convenio” entre el secretario general de esa entidad, Alejandro Ríos Castellón, y un “ante mí” de una abogada, pero no hay escrituras que respalden al Estado para reclamar esas tierras.
Ni el procurador general Alberto Novoa ni el subprocurador Víctor Manuel Talavera han participado en la elaboración de las escrituras de compra de los terrenos afectados por la construcción de la circunvalación, una operación realizada durante la gestión del ex titular del MTI, Pedro Solórzano.
Los terrenos que se compraron a los pobladores a precios “diferenciados” ya fueron pagados por el MTI, pero se desconoce de dónde salieron los fondos para adquirirlos y el soporte que tiene el Estado para reclamarlos como suyos.
La Contraloría advirtió a Solórzano que para construir la circunvalación y comprar los terrenos debía licitarse para cumplir con la Ley de Contrataciones, pero éste hizo caso omiso a esa recomendación.
El secretario general del MTI, Alejandro Ríos Castellón, y la abogada Ana Cecilia Quezada Tórrez, fueron quienes firmaron en nombre del Estado el convenio de negociación de las 74 propiedades.
Tanto el procurador Novoa como el subprocurador Talavera negaron ayer por separado que la PGR haya tenido alguna participación en la firma del convenio, y también aseguraron que no han elaborado escrituras de aceptación de la compra de las propiedades que adquirió el MTI para la realizar el proyecto, que al final nunca se ejecutó.
“Que yo me dé cuenta, nosotros no hemos tenido participación en eso, pero para darte una mejor información, sería mejor que llamés al doctor Talavera, que es el que lleva las cuestiones de escrituración”, dijo Novoa al ser consultado por END.
“Bajo mi firma no se ha hecho ninguna transacción de ese caso, y para aceptar la venta debo tener en mis manos, específicamente el notario (que realizó la operación) y un Acuerdo Presidencial, y hasta este momento no conozco ningún acuerdo en ese sentido”, dijo por su parte Talavera.
El convenio
El convenio firmado por Ríos Castellón en su carácter de secretario general del MTI, y un “ante mí” de la abogada Quezada como notario con los pobladores, señala que el pago de las propiedades se haría efectivo en un período de 30 días posteriores a la firma y otorgamiento de la escritura pública de desmembración y compra venta.
“Asimismo, el MTI asumirá gastos y el pago de la elaboración del plano matriz y segregación, atestados de ley, el pago por cartulación e inscripción registral; una vez que se haya comparecido ante notario público del Estado como vendedor y el Procurador General de la República o quien designe para comparecer en calidad de comprador en escrituras separadas”, dice la copia de uno de los convenios que rola en nuestras manos.
“No conozco ese convenio del que me estás hablando, pero si podés mandármelo a mi oficina mañana (hoy), porque como te digo, bajo mi firma no se ha elaborado ninguna acción relacionada con este tema”, dijo Talavera.
Fue a través de ese convenio que el MTI “amarró” con los dueños de las propiedades el acuerdo de venta y los precios en los que serían vendidos los lotes. Ayer procuramos localizar a Ríos Castellón, pero no fue posible. También llamamos a la abogada Ana Cecilia Quezada, pero una persona que dijo era su hermana respondió el celular, y nos recomendó que la buscáramos hoy lunes en su oficina.
Una gran parte de los afectados por el proyecto que vendieron a precios de entre C y C el metro cuadrado de sus propiedades al MTI, dijeron a END que fueron “engañados” por funcionarios de esa entidad que les aseguraron que ese precio era “parejo” para todos, pero que al final resultó ser mucho mejor para los primos hermanos de Vega Pasquier.
El documento de la Contraloría señala que Mario, Jaime Antonio y Francisco Rigoberto Rosales Pasquier, los tres primos hermanos de Vega, quien al igual que Solórzano es uno de los más cercanos funcionarios del presidente Enrique Bolaños, recibieron C.56 por cada metro cuadrado de tierra, cuando a la mayoría de los pobladores que vendieron propiedades por donde pasaría la obra les pagaron entre C y C.
Las cercanías familiares
Fuentes del Gobierno informaron a END que la decisión de pagar a mejor precio los primos hermanos de Julio Vega, podría relacionarse con el hecho de que Federico Solórzano, hermano de Pedro Solórzano, es casado con Isolda Rosales Pasquier, hermana de Jaime Antonio, Mario y Francisco Rigoberto.
También aseguraron que podría haber influido el hecho que Mario Rosales Pasquier, fue hasta enero de este año, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), es decir, que cuando se dio la negociación de las tierras, a finales del año pasado, todavía fungía como empleado del Gobierno.
Mario Rosales negó ayer a END que las dos cosas hayan tenido algo que ver al momento de negociar el precio de las propiedades que se encuentran a orillas de Avícola “La Barranca”, en las cercanías de El Coyotepe, porque su costo está acorde con el valor catastral que les puso la alcaldía de Nindirí.
“¿Y vos creés que (mi hermana) se casó con él (Federico Solórzano) para efectos de la negociación? ¡Por favor! ¿O vos creés que las tierras las compramos ahorita para estar en el sector donde iba a pasar la carretera? ¡Por favor, hombre!, si tenemos 70 años de tenerlas”, dijo Rosales.

Mario Rosales: “Nos pagaron lo que valían”
*“Somos gente honrada”
Mario Rosales Pasquier, uno de los primos hermanos del actual secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Julio Vega Pasquier, afirmó ayer en una entrevista que el precio que les pagaron a él y a sus hermanos por los terrenos, no fue excesivo, y rechazó que se les haya favorecido por vínculos familiares.
“Yo tengo mis documentos que me respaldan, que demuestran que a nosotros nos pagaron de acuerdo con el valor catastral de la alcaldía de Nindirí, y ustedes mismos han dicho que la única persona que recibió ese precio por metro cuadrado (C$ 92,56) es Notario Solís Gómez, y es así porque es el único vecino que existe cerca de nuestras tierras y que también va a ser afectado por la circunvalación”, dijo Rosales.
¿No fue por su parentesco familiar con don Julio Vega que les pagaron un mejor precio por sus tierras?
Absolutamente falso. Julio Vega es mi primo y nos sentimos orgullosos de él, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo tengo un montón de familiares y amistades.
¿Y el hecho de que usted fuera funcionario del Gobierno tampoco influyó?
No fui funcionario público porque no devengué salario, era miembro de Junta Directiva del IDR ad honorem, y mi término se venció por ley el 1 de enero de este año. Somos gente honrada. ¿Ustedes creen que nos comportamos como los (funcionarios) deshonestos con el comportamiento que hemos venido observando en nuestro país?
¿Tampoco tiene que ver el hecho de que su hermana Isolda sea la esposa de un hermano de Pedro Solórzano?
Donde hubiese pasado la circunvalación hubiesen tocado terrenos nuestros, porque tenemos muchas propiedades por el sector. Nosotros hemos hecho nuestro dinero a costa de trabajo. Están jugando con nuestro honor, somos gente limpia, y estamos aquí y no nos podemos mover porque va a pasar la carretera. Nosotros fuimos los últimos en negociar porque no queríamos transar hasta estar seguros de que la carretera se iba a hacer.
Pero es extraño que sólo ustedes hayan sido los mejor pagados.
Te repito que nos pagaron el valor catastral, y Julio Vega no puede definir un valor catastral. Y es más, ese precio que nos pagaron es seis o siete veces menor que el que pueden tener nuestras tierras. Representamos sociedades que son Avícola “La Barranca”, que son los verdaderos dueños de las tierras, y somos 11 hermanos adultos dueños y mi madre. Nosotros fuimos los más sacrificados, porque el valor de nuestras tierras por su potencial comercial es mayor que el de los demás afectados.
¿Con quién negociaron las propiedades, con gente del Ministerio o participó la Procuraduría?
Nosotros hicimos todo con formalidad, lo hicimos con la doctora (Ana Cecilia) Quezada, ella vino a mi oficina, nunca nos movimos de aquí, ella vino y nunca negociamos con ningún funcionario más alto (de mayor rango) que ella. Firmamos un convenio que tiene que estar en el MTI.