Nacional

“Fallen sobre amparo de San Jacinto Power”

* Lo recibieron hace dos años y medio, y no resolverlo le ha permitido a recurrentes usufructuar ilegalmente inversión de 70 millones de dólares del Estado

Heberto Rodríguez

Los miembros del Consejo Superior de la Controlaría solicitaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS) que dicten resolución definitiva sobre el recurso de amparo administrativo interpuesto por Carlos Rodolfo Icaza Espinoza, apoderado especial de San Jacinto Power S.A., admitido por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en 2004.
ENEL autorizó a esta sociedad anónima el derecho de uso de las instalaciones físicas y pozos de la empresa del Estado (Intergeoterm) en el campo geotérmico San Jacinto Tizate, sin que se haya obtenido ningún beneficio, razón por la cual el 19 de marzo de 2004 los contralores en ese entonces denunciaron de nulidad el contrato.
La contratación establecía que cuando comenzara a operar la planta geotérmica le venderían al Estado a 5.95 centavos dólar el kilowatt/hora, todo a cambio de que se hicieran unas inversiones equivalentes de 26 millones de dólares, sin embargo, de acuerdo con los contralores eso nunca se dio.
No obstante, el TAM resolvió que ha lugar la suspensión del acto reclamado por el apoderado especial de San Jacinto Power.
En razón de que el artículo 47 de la Ley de Amparo en vigor establece que la CSJ deberá dictar la sentencia definitiva dentro de los 45 días a la recepción de las diligencias, y han pasado más de dos años y no habido ninguna resolución, los colegiados están solicitando que se resuelva de forma inmediata.
“Los suscritos miembros que conformamos el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, como parte recurrida, con el derecho que nos otorga la ley, os solicitamos respetuosamente dictéis la resolución definitiva sobre el presente caso a la mayor brevedad posible”, se lee en una comunicación enviada a la CSJ.
A la vez, los contralores solicitan sea “denegado el recurso de amparo promovido por el doctor Carlos Rodolfo Icaza Espinoza, en representación de la entidad denominada San Jacinto Power, Sociedad Anónima, a efecto de la que la CGR cumpla con su deber constitucional de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado”, dice el mismo documento.
El contralor Luis Ángel Montenegro se refirió ayer al tema, asegurando que en San Jacinto Tizate se habían invertido un poco más de 70 millones, por lo que consideran que hay daño al patrimonio al Estado, porque prácticamente se regaló esa empresa.