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Barcaza más bien agudizaría la crisis


Los contralores denegaron ayer de manera unánime la exclusión de procedimientos solicitada por la estatal Gecsa, para contratar de manera directa y por un período de siete años una barcaza de origen escocés, que forma parte del Reino Unido, la que proveería 80 megavatios de energía para hacer frente a la crisis energética, pero que le costaría al país cerca de 60 millones de dólares al año.
El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, informó que la decisión la tomaron luego que la Dirección Jurídica de esa entidad les recomendara que para aprobar la solicitud de la Generadora Eléctrica Central (Gecsa) debe existir un informe técnico del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que les oriente sobre la viabilidad de adquirir los servicios de la empresa británica Optima Integrated Energy Services L.P.
Más de US$ 400 millones en siete años
La decisión implicaría dejar comprometido al próximo Gobierno durante los cinco años de su administración, y al que le suceda por dos años más, y cada uno de ellos tendría la obligación de pagar US$ 59,568,000 al año, es decir, que al concluir el período por el cual se había solicitado la contratación directa, se sumarían US$ 416,976,000.
“Sé que el Gobierno, en su incapacidad e insolencia, va a tratar de culpar a esta Contraloría (de la crisis energética) porque le hemos rechazado su solicitud, pero no lo hacemos para perjudicar a este Gobierno que ya va de salida, sino que creemos que una solicitud de esta naturaleza se tiene que hacer debidamente documentada y soportada con un aval u opinión del INE, que es el ente regulador”, dijo Argüello.
En su resolución, los colegiados indicaron a Gecsa, generadora adscrita a ENEL, que si insistiera en solicitar la exclusión de procedimientos ordinarios que establece la Ley 323, requerirá de un informe técnico de INE, en el cual se dictamine con debida propiedad la viabilidad de esa contratación conforme a los análisis financieros y de precios, así como de las necesidades eléctricas del país.
“Nosotros no tenemos la experiencia para saber si ese precio es el precio de mercado, si las condiciones son beneficiosas para el pueblo nicaragüense y dejar comprometido al próximo Gobierno sea cual sea, nos parece una irresponsabilidad muy grande”, dijo Argüello.
A mediados de la semana pasada, el portavoz de la Presidencia nicaragüense, Lindolfo Monjarretz, informó durante una rueda de prensa que habían solicitado a la CGR que autorizara a Gecsa firmar un contrato con una compañía de Gran Bretaña, para que instalara en un periodo de 60 días una barcaza en Puerto Corinto, situado en el Pacífico de Nicaragua, excluyendo los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
En esa misma ocasión, el presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Ernesto Espinoza, explicó que el Estado compraría los 80 megavatios a esa compañía y luego los trasladaría a la distribuidora Unión Fenosa.
La solicitud de Gecsa la hizo a la Contraloría su gerente general, Rafael Bermúdez Rivera, el pasado 19 de septiembre, por medio de una misiva en la cual le indica que la solicitud de contratar directamente la barcaza la hacen “por la premura y el interés público” y que de aprobarse se pondría en marcha 60 días después de firmar el contrato.
La petición de Gecsa es para que los excluya de los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado, que demoran entre tres y seis meses.
Crisis no es ahorita
Argüello dijo que el Gobierno sabe desde hace muchos meses que el país no produce la energía que se requiere, y que a sabiendas de que una opción para paliar la crisis era buscar los servicios de esa barcaza, no se preocupó en cumplir con un proceso de licitación.
“¿Por qué diablos no licitaron? Ahora vienen a pedir esto cuando el Gobierno se está terminando, a querer comprometer (al país) en una contratación por siete años sin licitar, a mí me da miedo aprobar casi US$ 420,000,000 sin ningún soporte. Nos quieren llevar a una contratación contra la pared y querer culpar a esta Contraloría de no poder responder a la crisis”, dijo Argüello.
A la vez consideró que podría haber otros oferentes con mejores condiciones para el país, y que por eso es conveniente siempre tener a la vista todas las ofertas posibles por medio de un trámite de concurso de licitación.
Recordó que el país ya ha tenido varias malas experiencias cuando han autorizado exclusión de procedimientos de casos como el de Gecsa, y que basado en ello es que han tomado con más seriedad y detenimiento ese tipo de solicitudes.
Monjarretz considera que requisitos se pueden llenar
El portavoz presidencial Monjarretz dijo ayer que la Contraloría pudo haber aprobado la exclusión de procedimiento y hubiese pedido al INE toda la información relacionada con los aspectos técnicos del contrato de la barcaza.
“Se supone que estamos en una emergencia energética, y creo que lo más sensato era que se pudiera contratar directamente a la primera barcaza que venda por debajo de las tarifas que los países vecinos nos están vendiendo. Lo de esta barcaza es una oferta razonable, y si no se aprueba, lo que vamos a tener son más apagones ahora y en el próximo verano”, dijo el portavoz presidencial.
“Me imagino que el ente regulador está interesado en que no haya apagones y que va a enviar esa evaluación técnica lo antes posible a la Contraloría, porque ha quedado abierta esa posibilidad y me parece que en ese sentido la Contraloría está siendo parte de la solución”, agregó.
Gecsa dice que es el único oferente
Melvin Martínez
En su carta a los contralores, el gerente general de
Gecsa, Rafael Bermúdez Rivera, señala que la única oferta que con la cual se cuenta es la de la compañía británica, que ofrece una barcaza con una potencia de 80 megavatios, con turbinas a gas del fabricante Pratt & Whitney FT-4 Twin Pac Aero derivative duty.
“El precio ofertado por kilovatio es de US$ 0.10 centavos. Este precio es basado en precios actuales de combustible y búnker y está sujeto a variaciones en dependencia de los precios internacionales del petróleo.
El contrato a firmarse tendrá una duración de siete años”, dice la carta. Frank Kelly, Presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, dijo que la Contraloría no dio un rotundo no a la solicitud, sino que, “dejó una ventana abierta para poder reconsiderar la solicitud que hicieron por medio de Gecsa”.
“Ellos están haciendo una oferta con un precio bastante atractivo, pues hablan de 100 dólares por megawats, es más barato que lo se genera en Las Brisas; lo importante es que en Nicaragua, cuando una planta colapsa no hay nada que respalde el sistema”, dijo Kelly.
Afirmó que hoy sostendrá una reunión con sus técnicos y abogados, para dilucidar los argumentos legales que explicarán al INE, que, según la Contraloría, dictaminará la factibilidad del proyecto.
Agregó que es importante que Nicaragua tenga un respaldo, y la barcaza lo garantiza.
“Es la única oferta que está puesta en el tapete, pero si hay otra oferta mejor, se estudiará y se presentará a la Contraloría esa mejor oferta”.
Estas declaraciones se contradicen con lo afirmado por David Castillo, Director de INE, quien afirmó que existían tres propuestas de empresas que ofrecieron vender energía, y la barcaza escocesa sería la cuarta oferta.
“La empresa Geosa, por falta de pago de Unión Fenosa, ha reducido su capacidad de generar porque no tienen suficiente dinero para pagarle el combustible a las empresas que lo distribuyen en el país”, afirmó.