Nacional

Somos los menos violentos del Istmo

* Sin embargo, urge elevar el presupuesto para garantizar seguridad ciudadana, porque cada vez crecen delitos contra las personas

Vladimir López

Nicaragua es el país menos violento de Centroamérica gracias, entre otras cosas, a que no sufrimos las consecuencias de los actos altamente delincuenciales de las maras que azotan Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyas acciones son una copia del actuar de las pandillas callejeras que operan en grandes urbes de Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, reconoció recientemente la Fundación Arias, de Costa Rica.
Sin embargo, para la coordinadora del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y miembro del directorio del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, CCSICA, Haydée Castillo, esa apreciación no significa que Nicaragua deba “dormirse” en sus laureles y mucho menos dejar el problema de la seguridad ciudadana únicamente en manos de la Policía Nacional.
La representante de la sociedad civil ante el CCSICA, quien hoy (jueves) participará en un taller que se realizará en el Hotel Princess de Managua, sobre “la gestión presupuestaria de la seguridad ciudadana en Nicaragua”, sostiene que el gasto para garantizar la seguridad aquí es preocupante y poco visionario, porque es demasiado escaso.
Argumenta esa preocupación señalando que los legisladores nicaragüenses, cuando aprueban la Ley General del Presupuesto de la República, únicamente centran sus alegatos de los problemas de seguridad ciudadana en el presupuesto destinado a la institución policial y a su efectividad.
Discutir nuevas visiones
Castillo expresó que en las sociedades democráticas la seguridad de los ciudadanos va más allá de la simple garantía de los bienes y la integridad de las personas. “Las nuevas visiones sobre el tema se refieren a la creación de sistemas que produzcan ciertos niveles de certidumbre a los ciudadanos. Evidentemente, estas visiones van más allá de las perspectivas policiales sobre el tema”, dijo.
Sostiene que la creación de estos sistemas de seguridad involucra la participación de diversas instituciones estatales y la formulación de políticas con participación de los propios ciudadanos, a fin de que vean representadas en ellas sus demandas e intereses.
“En Nicaragua prevalecen las visiones tradicionales sobre la seguridad ciudadana, tanto en las instituciones del Estado como en los ciudadanos. Eso hace que la demanda de seguridad se concentre en el quehacer de la Policía Nacional y no se considere la responsabilidad y competencia de otras instituciones”, se quejó.
Es necesario abrir el debate
Aunque no se ha abierto un debate público sobre el tema, Castillo señala que existen al menos tres definiciones sobre la seguridad de los ciudadanos: el enfoque de seguridad humana; el enfoque de la seguridad ciudadana, que considera a la seguridad como un derecho y un bien que debe ser asegurado por el Estado, y el enfoque de la seguridad pública, que se refiere de manera más específica a la labor policial en la prevención y enfrentamiento de los delitos y la criminalidad.
Reconoció que la Policía Nacional ha desarrollado una serie de acciones que la han llevado a su profesionalización y modernización, y que la concreción de estos esfuerzos se observa en su primer plan estratégico elaborado para el período 2000-2005, el cual engloba una decisión institucional de fortalecerse y disponer los recursos de mejor manera para las funciones que se le han designado.
Sin embargo, dijo, esos esfuerzos no son suficientes para la demanda de seguridad que tiene el país. Las demandas de seguridad en Nicaragua se miden básicamente por dos indicadores: el comportamiento de los delitos y las percepciones de los ciudadanos sobre la efectividad policial.
Precisó que durante los últimos cinco años, los delitos que más han crecido son contra las personas, y que los delitos contra la propiedad han mantenido una tendencia de crecimiento menos drástica.
“Mientras tanto, las percepciones de los ciudadanos sobre la seguridad generalmente son medidas a partir de su confianza en la institución policial. En ese sentido, los problemas de la seguridad ciudadana ocupan siempre el tercer o cuarto lugar en el orden de prioridad de las encuestas de opinión, con un porcentaje bastante inferior a las preocupaciones sobre la pobreza y el desempleo”, manifestó.