Nacional

Solórzano explica uso de 12 millones


Luis Galeano

El ex ministro de Transporte, Pedro Solórzano, repitió ayer ante la Fiscalía que la presunción penal fallada en su contra desde la Contraloría por el uso indebido de 12 millones de córdobas, responde a intereses políticos en su contra de las “instituciones del pacto”.
Solórzano, actual Secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, llegó hasta la Fiscalía para responder a las preguntas que le elaboraron los fiscales a cargo del caso, y repitió que todo se hizo correctamente, y que por tanto la resolución del ente fiscalizador es política.
“La entrega del dinero se hizo de manera ordenada y decían que nos coordináramos con las alcaldías, pero de las 153 alcaldías la única ordenada que sabe de transporte es la de Managua, tal vez la de Masaya, Chinandega o Jinotega, pero las otras pequeñas no tienen Dirección de Transporte”, señaló Solórzano.
“Lo que hicimos fue quitar una huelga que le estaba haciendo daño a Nicaragua, al trabajador, y fui parte de una negociación en la que firmaron varias personas, y a ese acuerdo llegamos a que se entregara lo antes posible esa plata”, añadió.
No ha habido malversación
Asimismo, indicó que esa fue una operación enorme, y que llegó ayer a la Fiscalía para dar la cara, tras recordar que entre 1999 y 2001 se entregaron 500 millones de córdobas en bonos de combustible, y que nunca se ha investigado su destino ni se ha acusado a nadie.
“Que jamás piensen que hubo una malversación, se entregaron los 12 millones de manera correcta y están los documentos que soportan. Tuve la cortesía de venir aquí para hacer presencia, pero yo estoy amparado y vine para dar la cara”, dijo Solórzano.
El pasado 14 de junio, los contralores colegiados decidieron de manera unánime establecer presunción de responsabilidad penal en contra del ex ministro de Transporte Solórzano, por haber dado un uso distinto al señalado por la ley a unos 12 millones de córdobas durante su gestión.
Al igual que Solórzano, quien en esos días fue retirado de la lista de diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que lidera el candidato presidencial Eduardo Montealegre, la sanción penal se impuso al director de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Yamil Kuant.
“El ‘diputado’ Solórzano le dio un uso distinto a esos 12 millones que eran para que se entregaran a los transportistas en concepto de subsidio, y por ello fue que decidimos establecer esta presunción penal en su contra”, dijo el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, en ese entonces.
Solórzano dijo que siempre ha estado a la disposición de las instituciones del Estado, “aunque trabajan al servicio del pacto”, y mencionó que una muestra de ello es que ha sido acusado en 63 ocasiones en la Contraloría y que todas han sido evacuadas.
“Esto es una situación completamente política, porque no tiene otra razón más que esa, y es más, a mí nunca me llamaron a la Contraloría para que diera mi versión en este caso, me di cuenta por los medios de que estaban haciendo esa auditoría”, señaló.
La decisión de los colegiados se basó en un dictamen del Departamento Jurídico de la CGR firmado por José de Jesús Brenes, Director General Jurídico; Donald Sarria Vargas, Director General de Auditorías, y Gerardo Arce Castaño, Subdirector Jurídico.
La Contraloría impuso una multa de dos meses de salario a Solórzano, al aprobar una sanción administrativa después de confirmar que falseó la declaración de probidad que presentó ante el órgano superior de control, al asumir el cargo de ministro de Transporte en enero de 2002.
También tiene pendiente de fallo la auditoría del caso de la carretera Chinandega-El Guasaule por parte de la empresa mexicana Tradeco, a raíz de una investigación periodística de Confidencial y EL NUEVO DIARIO.
De la misma forma, está pendiente una investigación sobre la ampliación de la carretera Ticuantepe-Granada por la constructora española Hispánica, y un pago de 66 días de vacaciones, al parecer, al margen de la ley.