Nacional

“¡Quieren hundir nuestras tierras!”


“Nosotras no estamos en contra del desarrollo del país, todos queremos vivir bien, tener comodidades, pero no a costa del sacrificio de la gente del campo que ha vivido siempre de sus tierras, ni a costa de matar un río que nos ha dado vida por muchos años”.
Lilliam Pérez, profesora, miembro de la Casa de la Mujer, Bocana de Paiwas, RAAS.
El pueblo de Bocana de Paiwas se recuesta sobre un pequeño cerro, a la orilla de la bocana donde se junta el río Paiwas con el hermoso río Grande, dentro de la Región Autónoma del Atlántico Sur, en el mero centro de Nicaragua.
También es el centro de una batalla estilo David y Goliat, librada por la Casa de la Mujer de Paiwas y otros pobladores, frente a un megaproyecto impulsado por el Gobierno de Nicaragua, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gobiernos europeos y latinoamericanos, y un consorcio de compañías transnacionales.
La lucha comenzó cuando la Casa de la Mujer se dio cuenta, a través del Internet, de que se había revivido al Proyecto Copalar. Se trataba de un viejo proyecto de represa, elaborado en los tiempos del dictador Anastasio Somoza Debayle.
Retomar este proyecto amenaza con desaparecer la mitad del municipio de Bocana de Paiwas, incluyendo toda la cabecera municipal: el poblado de Paiwas.
La página web, donde encontraron la información en Internet, se esfumó misteriosamente después de la primera denuncia pública de las mujeres. Cuando quisieron conseguir más información de instituciones gubernamentales, les negaron acceso a documentos públicos sobre el proyecto.
Las mujeres recurrieron a amistades en México, uno de los países involucrados en el proyecto. Así, lograron ampliar la información. Supieron que se calificó el proyecto como “factible”, es decir, que se puede construir, y que traerá ventajas a quienes inviertan en él. A raíz de esto, formaron una comisión de pobladores para investigar la situación.
¿Qué es el Proyecto Copalar?
El Proyecto Copalar surgió en los años setenta, cuando se estudió su “factibilidad” y hasta se pusieron mojones, pero fue postergado debido a las guerras de los años setenta y los ochenta. Al inicio de los años noventa se reabrió el proyecto y se buscó apoyo para reiniciar los estudios de “factibilidad”.
En los últimos años, el Gobierno nicaragüense ha estudiado seriamente unos doce proyectos de este tipo. La mayoría de estos proyectos se ubican en el norte del país y en las regiones autónomas del Caribe, afectando a comunidades donde la población es meramente campesina e indígena.
La enorme magnitud de Copalar
Copalar es el más grande de esos doce proyectos. Tanto así que cambiaría el mapa de Nicaragua. Contempla la inundación de una parte de la cuenca del Río Grande de Matagalpa, 21 de los ríos que lo alimentan y los valles circundantes.
Ahí se construirá una infraestructura enorme, incluyendo una represa de casi 1 kilómetro de ancho y 200 metros de alto, en la comunidad de Perro Mocho, además de otras tres represas pequeñas. Según cálculos, el embalse creado por las represas cubriría un área equivalente a la mitad del lago Xolotlán de Managua.
El costo de este proyecto es de unos 277 millones de dólares, cifra que da una idea de cuánta ganancia produciría para sus dueños transnacionales. Copalar permitiría la privatización del río Grande de Matagalpa hasta la fuente, además del agua de los otros 21 ríos.
Se calcula que la represa hidroeléctrica generaría por lo menos el doble de energía que el consumo actual de todo el país. La energía sería exportada a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac) que conectará una serie de proyectos similares desde Panamá hasta el sur de México.
Presidentes ya firmaron
Este sistema Siepac es un compromiso adquirido con el Plan Puebla Panamá. Se relaciona directamente con el montaje de la “Autopista de Información Mesoamericana” (AIM) y el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) con Estados Unidos. Por esto, es una pieza clave para la globalización en Centroamérica y representa una prueba de fuego para Nicaragua.
El presidente mexicano Vicente Fox y el presidente Bolaños, ya firmaron públicamente un acuerdo sobre Copalar para que México participe en lo que llamaron “el negocio del siglo”. Para esto se formó en 2003 un consorcio llamado HydroCopalar, compuesto de Proyectos y Planificación de México, la compañía Voit de Suiza y Siemens de Alemania. En Siepac están involucrados el BID, el Gobierno español, seis empresas estatales centroamericanas y la compañía española Endesa.
“¡Copalar va!” Sin consultar a la población
En Nicaragua Copalar está incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por la Asamblea Nacional y ejecutado por el Gobierno Central. Hay personajes poderosos del Gobierno que promueven el proyecto, especialmente dentro del Poder Legislativo (Asamblea Nacional).
A pesar de tantos acuerdos y planes, ningún funcionario estatal ha sido consecuente con su deber de consultar a la gente afectada. Ni siquiera les han informado de los planes. Se han realizado reuniones sobre Copalar entre diputados de la Asamblea Nacional, funcionarios del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), el alcalde de Paiwas y los alcaldes vecinos de Río Blanco y Matiguás, pero todo a puertas cerradas.
El alcalde de Paiwas ha dicho a las comunidades rurales que no sabe nada en concreto, y otras instituciones del Estado han obstaculizado el acceso a información sobre el proyecto, la cual es y debería ser pública.
Algunas no creen
Algunas personas en las comunidades rurales no creen que se hará el proyecto, ya que se ha hablado de él desde hace mucho tiempo.
Se han aprovechado del aislamiento en que vive la gente del campo, la polarización política y la desconfianza heredada de la guerra, para mantener a la gente con dudas y en posiciones pasivas. Con algunos productores se ha hablado de comprarles las tierras y creen que van a recibir una buena ganancia con el proyecto. Desafortunadamente, las experiencias en otros países demuestran lo contrario.
“Y nos organizamos”
Gracias al impulso de las mujeres, la Comisión contra la Represa en Paiwas ha unido a mujeres y hombres, adultos, jóvenes, feministas, liberales, sandinistas, gente sin partido, líderes religiosos evangélicos y católicos, maestros y profesoras, comerciantes, mujeres que trabajan en sus casas, finqueros y productoras.
“Hemos hecho dos foros con personas afectadas por represas en otros países. La gente que ha participado ha quedado preocupada al oír los testimonios de gente salvadoreña, hondureña y guatemalteca, que vivieron en carne propia la construcción de una represa y la destrucción de su modo de vida.”
Las consecuencias de la represa ¡Nueva cabecera municipal!
El Proyecto Copalar ya tiene consecuencias en el municipio. Hay un conflicto sobre la ubicación de la cabecera municipal. Históricamente ha sido Paiwas, pero ahora la Alcaldía y las instituciones municipales se desplazaron hacia el poblado de Ubú Norte, a la orilla del área proyectada para el embalse.
Las nuevas autoridades, originarias de Ubú Norte, lo oficializaron con una ordenanza municipal en 1998. Ahora se respaldan con un dictamen técnico que emitió el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) en enero de 2003, donde afirma que Paiwas “se encuentra expuesto a fenómenos de inestabilidad de terreno... y a inundaciones por la proximidad del río Paiwas”.
Como resultado, los proyectos del municipio ya no están destinados a beneficiar a Paiwas. Frente a este problema, la ex concejala Severina Cerda, habitante de Paiwas, apoya a su gente en la propuesta de dividir el municipio en dos.
Algo sobre los daños
Según el Gobierno y los diputados, sólo cinco mil personas serán afectadas por la represa. Severina, que también es miembro de la Comisión contra la Represa, afirma que las personas afectadas, incluyendo a la gente que vive río abajo, serían unas treinta mil personas, según cálculos locales.
La construcción de la represa destruiría una enorme zona verde, con abundantes ríos y vegetación, donde se producen lácteos y carne para el mercado nacional y de exportación, además de productos de la pesca, granos básicos, frutas y verduras que la población produce para autoconsumo. La represa vendría a desaparecer esta capacidad productiva.
La gente perdería sus tierras, sus casas, negocios, escuelas, iglesias, centros de salud, su instituto de secundaria, su Casa de la Mujer, su Centro Cultural y la radioemisora
--Palabra de Mujer-- ganadora hace poco del Premio One World a los Medios, como la mejor radio comunitaria del mundo. Falta contabilizar estas pertenencias del poblado de Paiwas y las doce comunidades afectadas, y otras más.

Destrucción del ambiente y de la historia
El medio ambiente sería devastado. Morirían los caudales de los ríos, desaparecerían comunidades enteras, su forma de vida, construidas con el esfuerzo de generaciones. La represa desvanecería para siempre pruebas de la historia antigua nicaragüense, al quedar sumergidos muchos petroglifos, estatuarias y otras riquezas arqueológicas en la zona, sobre todo cerca de los ríos.
No sólo afectaría a la gente en el área del embalse, sino a toda la población de las zonas circundantes, especialmente río abajo. En estas zonas de la Región Autónoma del Atlántico Norte habitan comunidades indígenas que han vivido ancestralmente de los ríos.
Con la construcción de un nuevo lago, se recalentaría el clima. La zona de río abajo se secaría, porque la represa retendrá el flujo del agua para llenarse. Posteriormente, la gente del río abajo enfrentará un nuevo peligro. Al rellenarse demasiado la represa, con un huracán podrían producirse situaciones similares a la del huracán Juana en 1988, cuando las autoridades de Apanás, dejaron ir una enorme cantidad del agua represada al Río Tuma, provocando inundación en Mulukukú.
Sin beneficio para las y los pobres
El Gobierno ha dicho que el proyecto será un beneficio para el país, que creará empleo para la gente de Paiwas en la construcción, y en el turismo posteriormente. También se ha dicho que habrá alguna forma de indemnización para la gente afectada.
Dinora Arróliga, de Villa Siquia, una de las comunidades más afectadas, comenta: Puede ser que le beneficie al Gobierno, pero a nosotros los pobres no. Vivimos de nuestra tierra y es mentira que nos van a pagar el valor de lo que tenemos actualmente. Por eso no confiamos en que el proyecto va a ayudar. Puede ser que les ayude a ellos y a los extranjeros. Claro, para ellos son millones de dólares.
Lilliam Pérez nos cuenta de las experiencias de otros lados:
La promesa de empleo es propaganda de los gobiernos, porque están aliados con las trasnacionales. En los foros, los afectados de otros países contaron que a la hora de construir embalses no los llamaron para trabajar. Las compañías ya llevaban su personal. En ningún lugar los pobladores fueron empleados, ni siquiera para acarrear piedra. Les dijeron lo mismo, que iba a haber empleo, que les cambiaría la vida, que tendrían mejores ingresos, pero más bien les han perjudicado. Ahora ellas y ellos están sin empleo y sin tierra.
En Guatemala también perdieron los pobres
En Guatemala, en Chixoy, la represa ya tiene más de 20 años de existir. El gobierno se comprometió a indemnizar con la misma cantidad de tierra o con dinero, pero en el foro, el año pasado, la gente contó que todavía no les han pagado sus tierras. Están hacinados en asentamientos. Les dieron una casita nada más, donde viven hasta tres y cuatro familias, en parcelitas de tierra con problemas de delincuencia y enfermedades. No les pusieron agua potable y ni siquiera pueden usar la energía que sacan de ahí. Antes, estos campesinos y campesinas eran productores y agricultores. Ahora no tienen dónde cultivar.
¿Indemnizaciones o confiscaciones?
Aun en el caso que se indemnizara a la gente, la ley explica que se les pagaría el valor catastral de la tierra registrada (un valor normalmente ínfimo), y a este valor se le restarían los impuestos que deben los dueños. En el caso de Paiwas, esto dejaría a muchos propietarios sin dinero. No todos los terrenos son registrados ni tienen sus impuestos al día. Gran parte de la población está compuesta por trabajadores de fincas con parcelas pequeñas para su consumo, y quedarían sin nada.
La situación es peor para las mujeres, ya que raras veces son dueñas de la tierra y se valora muy poco su trabajo en la casa y en la comunidad. Muchas mujeres de Paiwas han levantado sus casas o pequeños negocios con esfuerzo propio, usando materiales tradicionales de construcción, para garantizar la sobrevivencia de sus familias. Esos esfuerzos no serían compensados, pues para ellos no tienen ningún valor.
Miseria y corrupción
Las mujeres serían condenadas a vivir bajo un nivel de miseria hasta ahora no visto en esta zona productiva. Frente a esta realidad y a la experiencia de otros países, las promesas del empleo, a partir del turismo y la construcción, saben a engaño.
Los proyectos de represas también tienen otros peligros. Han provocado conflictos y corrupción en las comunidades. Lilliam comenta: No están interesados en negociar. Las transnacionales han comprado a líderes para que convenzan a su gente, para que les digan que la represa va a generar energía, van a tener luz eléctrica gratis, van a trabajar, van a poder poner sus negocios turísticos... y al final nada. Inocentemente, algunos líderes engañen a su gente, pero ya sabemos que son trampas.
Latinoamérica: represas a cualquier costo
A través de los foros se han documentado testimonios de toda Latinoamérica sobre el asesinato de líderes y de gente que se resistía a ser desalojada. En Colombia la represión contra los oponentes de las represas ha llegado al asesinato y la desaparición de líderes indígenas.
En Paraguay, la Policía golpeó a los pobladores que construyeron chozas improvisadas en las costas de la reserva de Yacyreta. En Chixoy, Guatemala, uno de los sobrevivientes contó cómo ante sus ojos mataron a su compañera y a sus hijos, cuando preguntó a las autoridades “¿A dónde quieren que vayamos?” La respuesta fueron los disparos. La violencia comenzó en 1980, y después de cinco años, más de cuatrocientos indígenas maya achí --entre mujeres, niños y ancianos-- habían perdido la vida.
Desesperación y violencia
En Nicaragua, la Comisión Contra la Represa ya se ha entrevistado con el Ejército. Les dijeron que su deber es obedecer al Gobierno y resguardar a la población. Esto significa que evacuarán por la fuerza a las personas que se resistan a ser desalojadas.
La región de Paiwas fue muy afectada por las guerras del período revolucionario. El proceso de desarme y recuperación de las comunidades ha costado mucho tiempo y sacrificios. Sin embargo, muchos lugareños han dicho que están dispuestos a volver a las armas. Ramón Moreno, miembro de la Comisión, nos cuenta de un incidente que recién ocurrió:
Llegaron unos señores y tomaron fotos del río diciendo a unos que eran turistas y después a otros que eran doctores. La gente se dio cuenta de las dos versiones y los parquearon. Los acusaron de que eran “de la represa”. Los asustaron, los sacaron a la fuerza del lugar. Con la Comisión estamos tratando de luchar de manera pacífica, pero no podemos controlar las reacciones que tome la gente en sus propios terrenos.
Con una explosión de violencia, las más perjudicadas serían las mujeres, por su rol de liderazgo en la Comisión. También porque, con una guerra local, aumentarían los altos niveles de violencia contra las mujeres, que de por sí ya son altos en el municipio. Las compañeras de la Casa de la Mujer esperan evitarlo, agotando esfuerzos para la divulgación y negociación.
Copalar: Violación a los Derechos Humanos
Su lucha no es fácil. El Proyecto Copalar violenta abiertamente a los derechos de las mujeres, los pobladores y de las comunidades indígena de río abajo. También violenta la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Autonomía.
El Gobierno dice que el interés nacional es superior a estos derechos y leyes. A través de la Asamblea Nacional esperan ampararse bajo una nueva ley especial sobre proyectos hidroeléctricos, que permitiría pasar por alto los derechos y protecciones establecidos en nuestra Constitución y nuestras leyes, en circunstancias e intereses que ellos determinen.