Nacional

Graves cargos a INE

* Contraloría considera seria la denuncia y ordena una investigación a fondo * Tres funcionarias de INE recibieron 70 mil dólares por un trabajo que realizó la notaría del Estado * No se sabe del resto del dinero por un contrato de exploración, y Novoa pide que se investigue el uso de todos los fondos que maneja David Castillo

Luis Galeano

La Contraloría investiga el destino de US$ 232,566 que recibió el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) de una empresa internacional para negociar, elaborar y preparar los contratos de exploración y explotación petrolera en el Caribe, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) se encargó de hacer dichos instrumentos públicos y sin cobrar un solo centavo.
Las indagaciones el ente contralor iniciaron después de que el procurador general Alberto Novoa interpusiera una denuncia, el pasado 31 de agosto, en la cual manifiesta que lo único que se conoce es que de ese total de dinero, casi US$ 70,000 fueron repartidos dolosamente entre tres funcionarias del INE, en abierta violando la Ley de Probidad y la Ley de Contrataciones del Estado y del resto del dinero se desconoce el paradero.
“Hemos ordenado iniciar una auditoría especial en este caso, porque nos parece que la denuncia del señor procurador es seria, y es del ámbito de trabajo de esta Contraloría”, informó el presidente contralor Guillermo Argüello Poessy quien agregó que la decisión la tomaron el pasado jueves de manera unánime.
A partir de estas irregularidades Novoa pidió a la Contraloría una profunda investigación sobre el manejo de los fondos del INE para conocer si no existen otros casos como el presente, en donde se hayan pagado dobles salarios o supuestos honorarios a empleados de ese ente regulador.
Violaron Ley de Probidad y Ley de Contrataciones
La denuncia de Novoa, cuya copia rola en nuestras manos, afirma que las beneficiadas con esta acción fueron las doctoras Mariela Cerrato, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Josefina Ramos, y Gloria Patricia Mayorga, quienes recibieron entre las tres US$ 69,769.80, por negociar, elaborar y preparar los contratos del INE con la compañía MKJ/Exploraciones Internacionales S.A.
El pasado 22 de abril, Nicaragua anunció la firma de dos contratos de exploración y explotación de petróleo y reservas de gas natural con la empresa estadounidense MKJ/ Exploraciones Internacionales, S.A.
Cerrato es la secretaria Ejecutiva del INE, Ramos es la asesora legal de esa institución y Mayorga asesora legal de la Dirección de Hidrocarburos, es decir, las tres reciben salarios del ente regulador de energía.
Los pagos a las tres funcionarias, según Novoa, violan la Ley de Probidad y la Ley de Contrataciones, porque en el primer caso se trataría de un pago adicional al salario que ya devengan, y si se tratase de honorarios por tratarse de más de C$120,000 tuvieron que haberse sometido a un proceso de licitación de conformidad con la Ley 323 de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con el escrito de Novoa, mediante dos acuerdos presidenciales del 30 de marzo pasado y con instrucciones del presidente Enrique Bolaños, suscribió en escrituras públicas los contratos de exploración y explotación petrolera con dicha compañía, todo de acuerdo a los términos que previamente había negociado el INE con las entidades financieras identificadas como “Banco Tyra e Isabel”.
Sin embargo, el 20 de febrero, es decir un poco más de un mes antes de que se firmaran los decretos presidenciales, el titular del INE, David Castillo, informó al presidente Bolaños que el Consejo Directivo de esa entidad había decidido desde el 26 de enero nombrar a la Comisión Negociadora para dichos contratos, y que sería integrada de la siguiente manera:
Mariela Cerrato, Presidenta de la Comisión; el ingeniero Donaldo Espinoza, Director General de Hidrocarburos; ingeniera Verónica Artiles, miembro; licenciado León Paulino Pérez, asesor financiero; doctora Gloria Patricia Mayorga, asesora legal de Hidrocarburos, y la doctora Josefina Ramos, miembro jurídico.
Novoa agrega en su en denuncia que Castillo manifestó a Bolaños: “Ruégole, señor presidente, mantenga al notario propuesto, dado que el INE con el cobro de aranceles notariales, va a montar el quipo técnico de la exploración y explotación petrolera de conformidad con los Acuerdos Administrativos del 6 de diciembre de 2005 y 6 de febrero de 2006.
Notario de PGR hizo contratos
Sin embargo, los contratos fueron suscritos en el Protocolo del Estado ante los oficios notariales del doctor José Miguel Guevara Tórrez, en su carácter de notario segundo de la Procuraduría General de la República, al amparo de su Ley Orgánica y sin cobrar ningún arancel, y si lo hubiese hecho, se habrían depositado en la Caja Única del Estado a como lo dispone la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.
“No importando lo anterior, el INE pagó aranceles hasta por la cantidad de US$ 232,566 en concepto de negociación, elaboración y preparación de los contratos y de ese monto la cantidad de US$ 69,789.80 se ordenaron distribuir entre funcionarios del INE de la siguiente manera: Mariela Cerrato, US$ 32,896.41, Josefina Ramos, US$ 32,896.41 y Gloria Patricia Mayorga, US$ 3,976.98”, dice la denuncia de Novoa.
Desde el jueves de la semana pasada intentamos conseguir una entrevista con el titular del INE David Castillo, quien nos indicó que le llamáramos el viernes por la mañana para consultar cómo estaba su agenda de trabajo y ver si nos podía recibir. Ese día lo llamamos y no contestó su teléfono, le dejamos mensajes, pero no hubo respuesta. La tónica fue la misma todo el fin de semana.
También procuramos localizarlo a través de la vocera del INE, Juliana Hernández, pero no fue posible hablar con ella durante todo el fin de semana, a pesar de que dejamos mensajes en su celular.
Ramos: “No soy escrituradora del Estado”
Con quien si pudimos hablar por teléfono fue con la ex magistrada de la CSJ Josefina Ramos, una de las tres funcionarias del INE beneficiada con los pagos, y reaccionó tranquila ante los señalamientos que ha hecho el procurador Novoa en la CGR.
“No tengo ningún comentario sobre ese asunto, porque creo que al procurador Novoa se le explicó claramente cómo fue que se dio todo, y la verdad es que yo no soy escrituradora del Estado y lo mejor será esperar lo que haga y diga la Contraloría”, dijo Ramos.
Novoa expresó ayer que es necesario que la CGR determine qué pasó con los US$ 232,566, porque hasta este momento lo único que conoce es el monto del pago a las tres funcionarias el INE, es decir, no se sabe el destino de US$ 162,796.2.
“El INE recibió esos fondos, ya se sabe qué pasó con casi 70 mil dólares que fueron para el pago de esas tres personas, lo cual también debe ser revisado, pero creemos que es necesario saber qué ocurrió con el resto de la plata, porque es mucho dinero”, dijo Novoa.
Consideró que los pagos son irregulares porque las tres funcionarias del INE sólo se encargaron de revisar los términos de los contratos, los alcances jurídicos y la parte formal, no así la elaboración de esos títulos, porque de eso se encargaron en la PGR.
“Ellas hicieron lo que es su obligación como empleadas del INE, y, por tanto, acá lo que estamos viendo es una flagrante violación a la Ley de Probidad y la Ley 323, y, además, la Constitución prohíbe tener más de un empleo remunerado en el Estado, salvo en casos de docencia o medicina, y éste no es el caso”, concluyó el procurador.
Novoa pide un amplio análisis en fondos del INE
El procurador Novoa solicitó en su denuncia a los contralores que verifiquen a través de una auditoría lo siguiente:
Determinar el monto de las rentas y utilidades provenientes de las actividades del INE y cualquier otro ingreso no especificado que estuviere relacionado con los recursos energéticos en los últimos cinco años.
Establecer si estos ingresos han sido depositados en la Caja Única de la Tesorería General de la República, como lo establece el artículo 57 de la Ley 550 sobre Administración Financiera y el Régimen Presupuestario, publicada en La Gaceta No 167, del 29 de agosto de 2005. Con énfasis en el caso que ha sido descrito en los párrafos anteriores.
Conocer cuánto de estos ingresos ha dispuesto el INE para el pago de dobles salarios u honorarios a funcionarios del INE y
Qué otros pagos se han realizado contraviniendo las Normas Técnicas de Control Interno, Ley de Probidad y la Ley sobre Administración Financiera y de Régimen Presupuestario.