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“Negocio redondo con narcofortunas”

* Cuestiona reparticiones que hace el juez de Rivas, y la Contraloría interviene * Fiscal también apelará y asegura que judicial resolvió contra ley expresa, lo cual es prevaricato * Esas grandes sumas de dinero deberían servir para obras sociales, opina el Dr. Centeno Gómez

Mientras el procurador penal Iván Lara afirmaba ayer que la repartición ilegal de sumas millonarias de dinero, incautadas en casos de contrabando aduanero se están convirtiendo en un “negocio redondo”, el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, consideraba la urgencia de conocer la manera en que maneja ese dinero que forma parte del patrimonio del Estado.
Lara indicó que es necesario una reforma para que lo incautado pase a la Caja Única del Tesoro y no a determinada institución, porque es dinero que se maneja al margen del Presupuesto General de la República.
El procurador hizo los señalamientos a propósito de la reciente sentencia emitida en el caso de US$ 2,2 millones de dólares que por orden judicial y al margen de la ley, se distribuyó una parte al Poder Judicial, otra a la Fiscalía General de la República, la Policía y la Dirección General de Aduanas.
La Ley 42 no permite hacer interpretaciones, el artículo 14 establece de manera expresa, que el producto líquido de lo incautado se divida en tres partes iguales: un tercio para el denunciante (si existe); otro tercio para el captor (la Policía), y un tercio para un fondo de Aduanas para la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera.
Sin embargo, pese a lo establecido en la ley, el juez de Audiencias de Rivas, Edward Peter Palma decidió dividir el dinero incautado entre las cuatro instituciones, argumentando que existe precedente, dictado por él mismo.
El judicial decidió que junto a los US$ 2,219, 400 ocupados, según la Policía Nacional, también se incluyan US$ 1,280; 51,300 colones y 50 lempiras, que el conductor del furgón, el nicaragüense Julio César González, llevaba en su poder al momento de la detención.
Peter Palma decidió que el dinero se distribuya entre el Ministerio Público, la Policía, Dirección General de Aduanas (DGA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A cada institución le corresponderán 555 mil 170 dólares, mientras los colones y lempiras serían entregados a la DGA. El furgón y la rastra ocupados serán subastados y el dinero recaudado también será distribuido entre las cuatro instituciones ya mencionadas.
Contraloría tras “narcofortuna”
El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, propondrá hoy ante sus colegas la necesidad de solicitar a Palma un informe sobre la repartición de US$2.2 millones de la “narcofortuna” que venía escondida en un furgón, que fue detenido en Peñas Blancas el pasado 25 de agosto.
“Desde el mismo momento en que se incautó ese dinero pasó a ser patrimonio del Estado, y por eso es que creo yo que lo más saludable es que la Contraloría conozca a qué instituciones va ir ese dinero, y con base en qué ley se repartió de la manera en que lo hizo el señor juez”, dijo Argüello.
Agregó que la solicitud la harían no para revocar la decisión del judicial, porque está claro que no tienen facultades para eso, sino con el objetivo de conocer los fundamentos de tal decisión, además de conocer quiénes van a recibir ese dinero, para poder fiscalizar su manejo.
“Estamos hablando de bastante dinero para cada una de las instituciones, y es por eso que considero importante que nosotros conozcamos en detalle de esa repartición”, dijo Argüello Poessy.
Centeno anuncia apelación
El fiscal de la nación, Julio Centeno Gómez, anunció que apelarán la sentencia en lo referido a la repartición del dinero, debido a que a su criterio, el judicial se extralimitó al otorgar dinero a más instituciones que las que establece la ley.
“Vamos a apelar porque la ley es clara sobre la manera en que se tiene que repartir ese dinero, y en este caso el juez está actuando más allá de lo que dice la ley”, dijo Centeno, quien agregó que en lo personal se manifiesta en contra de que dinero incautado sea repartido.
Explicó que en el antiguo modelo procesal, el denunciante podía ser cualquier persona que acudiera a presentar una denuncia, incluso de oficio, pero que de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, consideran que el Ministerio Público es el denunciante.
“Yo hubiera querido que ni siquiera existiera la ley de la repartición, porque en principio me parece que un decomiso de esta naturaleza debería ser destinado a proyectes sociales sensibles como un orfanato, porque en esos lugares siempre hay necesidades”, opinó.
Sin embargo, indicó que lo que se estila en muchos países es que el dinero o lo incautado se reparta entre las instituciones que luchan contra el crimen, para fortalecer sus funciones.
Recientemente, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Marvin Aguilar, defendió el derecho del Poder Judicial de recibir una parte de lo incautado en los casos de contrabando aduanero.
Aguilar argumenta que la Ley 42 establece que tiene derecho el captor, y en todo caso es el Poder Judicial quien emite las órdenes de captura. Lara dijo que esa es una interpretación “halada de los cabellos”, que en el último caso, no cabe por ningún lado, porque la Policía Nacional detuvo al conductor del furgón in fraganti, sin orden de captura del Poder Judicial.
El juez, en la sentencia dice que falla conforme el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a los jueces resolver conforme a precedentes. Pero esa no fue una sentencia dictada conforme al principio de legalidad, dijo Lara. En el caso de la Fiscalía, Lara recordó que tienen obligación de ejercer la acción penal y acusar cuando los hechos lo ameriten.

Comisionados y “contadores” citados
A la vez, informó que en este caso ya han sido citados a declarar algunos comisionados de la Policía, relacionados con la orden de trasladar el furgón que manejaba González de Peñas Blancas a Managua.
También indicó que han citado a declarar a los funcionarios de Aduanas y del Banpro que estuvieron presentes en el conteo del dinero, de manera que se esclarezca si hubo o no pérdida de dinero.
González fue detenido el pasado 25 de agosto en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, después de que la Policía descubrió que en el furgón que manejaba, procedente de El Salvador, existía un compartimiento, el que después se conoció que era donde ocultaba el dinero.
El nicaragüense que fue condenado por Peter Palma a tres años de prisión, obtuvo el beneficio de libertad condicional, y creó una verdadera confusión cuando declaró ante el judicial que en el cabezal no venían US$ 2,2 millones, sino más de cuatro.
Esa afirmación empujó a la Fiscalía a iniciar una investigación autónoma, y ha puesto en tela de duda el actuar de la Policía, que no dejó que los funcionarios de Aduanas en la frontera contaran el dinero en ese lugar, y aduciendo que tenían sospechas de que se trataba de un caso de narcotráfico, ordenó que el furgón se trasladara hacia Managua.
Las autoridades policiales han resentido el hecho de que se le dé más credibilidad a la versión de un “delincuente” y “narcotraficante”, como han tildado a González Peña, en lugar de confiar en las cifras oficiales que han brindado ellos.