Nacional

Señalarán las fallas policiales y fiscales


Lizbeth García

Para enfrentar la campaña que existe contra el desempeño que el Poder Judicial ha tenido en los juicios de drogas, los jueces de Managua decidieron, por transparencia, dejar sentado en sus sentencias las negligencias fiscales y policiales que han acarreado nulidades y que han puesto en la calle a personas acusadas por narcotráfico.
En lo que parece ser una declaratoria de “guerra”, igualmente los jueces decidieron enviar informes a la Fiscal Departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, y al jefe del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional, Clarence Silva, sobre la actuación de sus subordinados en los juicios en los que han tenido que declarar la nulidad de los procesos por fallas en la actuación de Fiscales y policías.
Suelta a “pedrero” por formalismo y todavía echa culpa a Policía
El primer informe para la Fiscalía y Policía por la actuación de fiscales y policías llegó de la juez Adela Cardoza Bravo, quien en una carta que envío al comisionado Clarence Silva el primero de septiembre le informa que el 31 de agosto de este año celebró juicio oral y público para Rolando Toval Morales, acusado de tráfico interno de drogas, quien salió en libertad porque el acta de identificación técnica de la sustancia que le ocuparon (47 piedras color blanco hueso que pesaban 7.2 gramos) no decía qué droga fue la que encontraron ni qué reactivo aplicaron.
Toval fue detenido el 14 de julio en el sector donde venden carne en el Mercado Oriental, porque cuando la Policía lo requisó, le encontraron en la bolsa del pantalón una bolsa de plástico con las 45 piedras.
Durante el juicio, explica la carta, la Fiscal personada en el caso, Edith Tuckler, tuvo que pedir la clausura anticipada de juicio porque ni la fiscal que hizo la acusación ni el que la presentó, ni quienes efectuaron la audiencia preliminar y la inicial, respectivamente, vieron el error en la acusación que llegó hasta juicio.
“Negligente y subjetiva actuación fiscal”
“Le envío copia íntegra de la citada audiencia, así como del expediente en alusión con la finalidad de que conozca que cuando se tienen estos hechos registrados, no son responsabilidad del juez, sino a la negligente y subjetiva actuación fiscal”, agrega la carta que recibió el jefe antidrogas y la fiscal departamental María del Carmen Solórzano.
Aunque no fue posible entrevistar a la juez porque estaba en juicio, en su sentencia dejó sentado que la acusación no era clara ni precisa en cuanto qué sustancia se le ocupó al acusado, por lo que tuvo que declarar la nulidad absoluta del juicio.
“Siendo que se ha puesto en movimiento todo el sistema de justicia, Policía Nacional y Ministerio Público, y que existe negligencia de ambas instituciones, y por la campaña que se sigue en contra de los jueces a diario, voy a informar a Inspectoría de la Policía Nacional y al Ministerio Público”, agrega la sentencia, donde la juez consideró necesario dejar expuesto lo anterior para salvar su responsabilidad por transparencia y en virtud del principio de publicidad de las resoluciones.
En el fallo, la juez indica que por una negligencia toda la labor de verificación y denuncia quedan vulneradas, actos que bien pueden ser señalados o denunciados por las partes en la vía civil, administrativa y penal.
Sólo llenan machotes
Otra de las quejas de los jueces es que los fiscales que elaboran las acusaciones usan los “machotes” viejos que tienen de otras acusaciones en los discos duros de sus computadoras, y sólo sustituyen datos, pero a veces no borran todo, por lo que a veces hay incongruencias entre lo que dice la acusación, los medios de pruebas y la fundamentación de las medidas cautelares que solicitan.
Aunque no fue posible comunicarnos con la Fiscal Departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, para conocer qué harán ante las quejas de los jueces, se conoce que el problema de fondo es que cada fiscal de audiencia y de juicio tiene una carga de trabajo muy grande, pero también existen unidades y jefes inmediatos que revisan cada acusación e intercambio de pruebas antes de ser presentadas en las judicaturas.