Nacional

Reparten “narcofortuna”

* Igual que con guatemaltecos, el mismo juez y el mismo defensor llegan a un acuerdo: libertad condicional, distribución millonaria, y lo de narcotraficante sólo quedó en la calificación de la nueva jefa de Policía * Furgonero por su parte, sin admitir que sabía lo que traía, deja caer su suma como “enchufada a una contadora” y repite versión al fiscal * Para las fuerzas del orden, dinero es producto “del narcotráfico”

Rivas y Managua

Mientras la Policía Nacional descalificó ayer la versión de Julio César González Peña, conductor del furgón retenido en Peñas Blancas el pasado 25 de agosto, el implicado ratificó ayer ante la Fiscalía que eran más de cuatro millones de dólares y no dos los que transportaba ilegalmente en el vehículo.
González Peña, quien era procesado por el delito de contrabando aduanero, fue puesto en libertad ayer por juez del Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Edward Peter Palma.
El implicado escuchó esta actitud benévola del judicial al presentarse a eso de las dos de la tarde de ayer a los juzgados de Rivas, para escuchar la lectura y notificación de la sentencia que le interpondrían.
Sin embargo, minutos después de haber sido condenado a tres años de prisión, obtuvo su libertad, ya que al terminar de escuchar la sentencia, su abogado defensor Carlos Cerda, solicitó al judicial la libertad condicional a favor de su cliente.
Dicha petición fue aceptada inmediatamente por Palma, y de esa manera se reeditó la historia de los dos guatemaltecos que fueron capturados el 10 de agosto del año pasado en Peñas Blancas, con un millón 190 mil 20 dólares que llevaban ocultos en una camioneta Ford, verde, con placa guatemalteca.
En esa ocasión los guatemaltecos Carlos Estuardo Méndez y Selvin Betancourt, al igual que González Peña, fueron acusados ante el juez Peter Palma por el delito de contrabando aduanero, y el abogado de ellos también fue Carlos Cerda, quien logró liberarlos bajo la misma figura.
Para ello, los guatemaltecos primero se declararon culpables, al igual que el nicaragüense, y además tuvieron que pagar una multa de 15 mil córdobas. González Peña declaró que por el momento se va a mantener descansando en su casa, ya que se encuentra un “poco enfermo”.
Ratifica versión
Horas antes de escuchar la sentencia que le devolvió la libertad, González Peña ratificó en Managua su versión de que eran más de cuatro millones de dólares los que llevaba en el cabezal y no US$ 2,2 millones, la cifra que informó oficialmente la Policía.
“El señor González repitió la versión que dio en la audiencia, de que escuchó decir a una de las cajeras del Banpro que había contado los reales, que se trataba de más de cuatro millones de dólares. Mantuvo su versión”, informó el fiscal Javier Morazán, minutos después de entrevistar a González Peña.
La entrevista, según Morazán, se realizó ayer por la mañana en la casa donde guardaba arresto domiciliar, en presencia de su abogado defensor, tal como solicitó González Peña a los fiscales como condición única para colaborar con la investigación que realiza el Ministerio Público.
“Pensamos que se podía echar para atrás, pero ratificó su versión igualito que la primera vez”, señaló Morazán.
Teme que Policía tome represalias
El abogado Carlos Cerda, defensor de González Peña, comentó que su cliente teme que la Policía tome represalias en su contra.
Según Cerda, el conductor tiene hermanos que viajan por Centroamérica en furgones y no descarta algún “montaje” en su contra.
El juez Palma distribuyó los US$ 2,219,400 entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía y la Dirección General de Aduanas. A la vez, ordenó el decomiso del furgón y los US$ 1,200 dólares que llevaba en sus bolsillos González Peña, quien por tres años tiene restringido visitar los juegos de azar, bares y consumir bebidas alcohólicas.
El dinero incautado fue repartida de esta manera, a pesar de que el procurador Penal Nacional, Iván Lara Palacios, indicó que la ley establece que debe dividirse en tres partes iguales entre el denunciante --cuando exista--, la Policía y la DGA. Si no hay denunciante, a criterio de Lara el dinero debería pasar a la Caja Única del Estado.
Granera: a fondo en cualquier denuncia
La nueva directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, evitó pronunciarse acerca de las declaraciones de los funcionarios de la DGA, que aseguraron ante la Fiscalía que nunca se les permitió contar el número de bolsos que contenía el furgón requisado.
“No voy a dar respuesta aquí a hechos concretos, estoy recibiendo de manera global la Policía, me comprometo a ver de cerca y en detenimiento este caso para ver todos los detalles”, dijo Granera.
Sin embargo, exigió respeto para la institución que ahora preside. “Yo voy a exigir respeto a la institución policial, a la Policía Nacional se le debe respetar, y no concibo realmente cómo se le dé mayor credibilidad a las palabras de un delincuente, de un narcotraficante, a las investigaciones que estamos haciendo seriamente y que le vamos a tratar de responder en todas sus dimensiones”.
Granera dejó claro que uno de sus retos es emprender “una lucha frontal y decidida contra cualquier expresión de corrupción en cualquier nivel de la institución”.
Sobre la investigación que ha iniciado la Fiscalía, manifestó que su política y pensamiento “siempre ha sido que la mejor forma de defender la institución es abrirnos a cualquier cuestionamiento, abrirnos a cualquier investigación y llegar a fondo en cualquier denuncia”.
Policía: “No eran 20 pesos y no había seguridad en la frontera”
El comisionado Julio González, jefe de Auxilio Judicial, consideró que todo se aclararía si la Fiscalía entrevista a la empleada del Banpro que --según el conductor-- dijo que la cifra incautada era mayor a la reportada en un acta oficial de la institución bancaria.
“Ahí está el Banpro, que dio la certificación: son 2.4 millones de dólares. Ahí hay un acta de incautación”, dijo.
Pero dos funcionarios y el director declararon que la Policía evitó que participaran en el conteo.
El problema se resuelve sencillo: hay un delincuente que dice que escuchó decir a alguien, que la identifica como una persona del Banpro. Que llame la Fiscalía a esa persona del Banpro si lo dijo o no, si no lo dijo, se terminó el problema.
Estamos hablando de funcionarios de Aduana, no sólo de un implicado en el caso.
¿Y por qué van a desconfiar de la palabra del funcionario de Policía, que dice que eso es y el Banpro dice que eso fue?
Pero Aduanas afirma otra cosa.
Lo siento mucho, yo no soy funcionario de Aduanas.
¿Es decir, que está en desacuerdo con Aduanas?
Yo no estoy en desacuerdo con lo que dice la Aduana. Yo lo que le digo es que lo que la Fiscalía tiene que hacer en su investigación es llamar a la supuesta funcionaria del Banpro y que diga si lo dijo o no.
González manifestó que Aduanas pretendió desde un inicio que el conteo se realizara en la propia frontera, pero las medidas de seguridad no lo permitían.
“Y no hay ningún procedimiento que diga que debíamos hacerlo ahí. No hay ninguna ley, ahí no lo dijo (el magistrado de la Sala Penal) Marvin Aguilar, el Código no lo establece. Además, es una cuestión administrativa, porque es incautación por contrabando, no es delito de orden de los tribunales”.
Ante la crítica de funcionarios aduaneros de que la Policía cerró cualquier acceso al conteo del dinero, González insistió: “Hicimos lo que teníamos que hacer por medidas de seguridad. No eran 20 pesos los que ahí estaban y esa gente se mueve con seguridad y están en el borde fronterizo, papá”.
El jefe policial afirmó que lo “más importante” era determinar el origen de la plata. “Estamos trabajando en eso. ¿De dónde provenía todo ese dinero? Por el decir de alguien han armado un alboroto y no se han preocupado de dónde provenía ese dinero: es del narcotráfico”.
Pero el peritaje no arrojó nada.
Aunque hubiera arrojado, tres sentencias lleva el Tribunal de Apelaciones diciendo que por lavado tiene que estar la droga. Todo mundo sabe que es lavado.
Para el comisionado general Horacio Rocha, subdirector de la institución, la Policía aceptará responsabilidades en el caso si así lo determinan los resultados de la investigación del Ministerio Público.
“Queremos que la Fiscalía profundice, y si hubo problemas, pues la Policía Nacional está dispuesta a asumir sus responsabilidades y adoptar las medidas necesarias según el caso. Aquí no estamos evadiendo nada. Con la información que tenemos de todos los oficiales que han participado, consideramos que no se ha perdido ningún tipo de dinero”, dijo Rocha.
“Al fiscal le dijimos: queremos y exigimos una investigación autónoma. Ahí se va a determinar, y después decidir en base a todas las entrevistas y pesquisas que haga, qué fue lo que ocurrió”, agregó.

(Con la colaboración de Heberto Rodríguez y Luis Galeano)