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Las violaciones que alteraron la paz de Condega


En menos de una semana en el municipio de Condega, dos menores de edad fueron violados sexualmente en condiciones y lugares diferentes. Uno de los casos pasó inadvertido para las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y la niñez, a pesar de las graves lesiones físicas y psicológicas que provocaron en la víctima.
La otra violación, la de una niña de 14 años, generó acusaciones entre la Red de Mujeres contra la Violencia, la promotora del Ministerio de la Familia de Condega y la jefa de la Comisaría de la Mujer de Estelí.
Tanto es así, que algunos pobladores de Condega consideran que se ha dejado a un lado la persecución del violador de la pequeña, por apuntar con el dedo acusador a dos personas señaladas de revictimizar a la menor mancillada tras violentar protocolos de atención en caso de menores agredidas sexualmente.
Zunilda Castellón Pineda, promotora voluntaria del Ministerio de la Familia, y la capitán Marcia Loza, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de Estelí, son las dos acusadas por la Red de Mujeres contra la Violencia de dar, según ellas, “un trato viciado” a la agredida, que violentó los derechos humanos de la menor.
Ambas son señaladas de sustraer a la niña de su vivienda sin contar con la presencia de su tutora, a obligarla a desvestirse con fines que se desconocen, y a reconstruir los hechos en la escuela, ante la presencia de los imputados y del alumnado que a esa hora había en el centro escolar. También son señaladas de tráfico de influencias, al tratar, supuestamente, de obligar a la víctima a no revelar el nombre de uno de sus supuestos violadores, por ser éste el hijo del alcalde del poblado.
La Red de Mujeres manifestó su condena contra el supuesto accionar de las dos implicadas, e inició una campaña para lograr la destitución de Castellón Pineda y de la capitán Loza, señaladas por violentar los derechos de la menor.
Soy inocente
Zunilda Castellón Pineda, una de la señaladas por la Red de Mujeres, negó todas las acusaciones en su contra, y retó a las dirigentes de la Red a que fundamenten y demuestren sus señalamientos.
“Me están acusando de cosas que yo no he hecho, lo único que hice fue apoyar a la niña”, aseguró.
Castellón Pineda dijo no entender qué es lo que persigue la Red de Mujeres, “si aclarar que hubo una violación, o es porque quieren hacer un problema político, porque en el hecho supuestamente está involucrado el hijo del alcalde”.
Llamó la atención que la Red de Mujeres ahora se interese en el caso de la niña violada, cuando en el pueblo hay casos de violencia intrafamiliar y nunca han levantado un dedo para defender a las víctimas.
Ejemplificó el caso de un niño de seis años que fue violado la noche anterior a la violación de la niña. “Al pequeño lo violó otro menor de edad, quedó tan mal que perdió sus funciones motoras, pero ellas no estuvieron interesadas en ese menor, quizá porque no estaba el hijo del alcalde”, comentó.
“Logramos con ayuda de la técnica del Ministerio de la Familia llevarlo a un centro de protección de menores donde recibe atención especial”, aseguró.
Relató que otro caso que no contó con la atención de la Red, fue el de una mujer embarazada obligada por su marido a permanecer tres días en la calle donde poco después dio a luz. “Ahí no estaba nadie de esas que ahora me acusan”, indicó.
La señora Esperanza Cruz Canales, tía de la menor, reconoció que pudo haber señalamientos no correctos en la denuncia. “Realmente ella no estuvo en la reconstrucción de la violación”, aseguró.
Castellón negó que haya coaccionado a la menor para que no revelara el nombre del hijo del alcalde, quien también es señalado de partic ipar en la violación. “Nunca estuve sola con la niña, la niña pidió que yo estuviera con ella porque no quería hablar con la mamá y el papá, y pidió que yo estuviera con ella, pero siempre estaban presentes policías, fiscales y la jefa de la Comisaría”, lo que fue confirmado por la teniente Candida Benavides, oficial de la Policía de Condega.
Amenazada de muerte
Castellón Pineda está preocupada. Más por las numerosas amenazas de muerte que recibe a través de su celular, motivadas presuntamente por la denuncia en su contra, que por las acusaciones de la Red que, según ella, pretenden desprestigiarla.
Durante la hora que duró la entrevista con el equipo de EL NUEVO DIARIO, Zunilda recibió tres llamadas amenazantes. “He recibido cinco en lo que va del día, pero también hay llamadas de pobladores que me dan su respaldo”, aseguró.
Las amenazas de muerte la tienen muy preocupada, tanto, que optó por apartarse de su labor como promotora del Ministerio de la Familia, decisión que según ella tomó también para ayudar a la investigación que debe hacerse por su cuestionado papel en la atención a la menor violada. “Pero no van a hacer cambiar mi actitud de apoyo a los vulnerables”, aseguró.
No buscamos casos
Luisa Centeno, Directora de la Red de Mujeres contra la Violencia de Condega, desestimó los señalamientos de Castellón, y aseguró que ellas no buscan casos en la calle. “Los acompañamos cuando lo solicitan”, señaló.
Reiteró los señalamientos y negó que lo de la promotora de MiFamilia y la Policía sea un asunto personal. “Somos muy profesionales y responsables en nuestro trabajo”, señaló.
El padrastro
Luis Miguel Ordóñez, uno de los principales imputados por la violación, mantiene una relación sentimental con la madre de la víctima. “Mantienen una relación”, reconoció Cruz Canales.
Según la información en manos de la Policía, Ordóñez --quien se encontraba en la escuela “Dolores Salazar” en compañía de Rigoberto Blandón, Noel Zeledón y Gustavo Josué Montoya-- invitó a la niña a que entrara en la escuela bajo el argumento de que en el interior del centro escolar se encontraban los primos de ésta.
Pero todo resultó falso, Ordóñez le dio a tomar licor combinado con gaseosa hasta que la muchacha, producto del alcohol, quedó indefensa, lo que fue aprovechado para cometer la violación en la que presuntamente también participó el hijo del alcalde.
Otra de las versiones es que la niña sólo fue abusada sexualmente por Ordóñez. Cuando ocurrieron los hechos, Zeledón y Montoya habrían salido a comprar más licor, tiempo que Luis Miguel aprovechó para abusar de la hija de su compañera de vida.
La tía de la menor confirmó la relación que su hermana sostenía con Ordóñez, pero, además, reconoció que debido a ese noviazgo la relación entre madre e hija se tensó, al grado que la niña abandonó el hogar materno para vivir con la tía.
Por eso la niña recibía atención de parte de la promotora del Ministerio de la Familia en Condega.
Encontrar la justicia
Mientras esto ocurre, en los tribunales comunes de Estelí se libra la otra batalla, la de lograr que prevalezca la justicia y que los culpables de la acción criminal contra la menor sean sancionados, sin embargo, la justicia no ha prevalecido.
El juez de Distrito Penal de Audiencia de Estelí rechazó la solicitud del Ministerio Público de modificar la acusación inicial, y, de paso, revocar la medida cautelar impuesta a los imputados, que fue la de arresto domiciliar, a pesar de que el delito contra la menor es considerado de gravedad.
Para Sandra Mata, Fiscal Departamental de Estelí, los hechos ocurridos en Condega, no sólo perjudican a la parte ofendida, sino a toda la sociedad. “Debemos tener en cuenta todos que hay que resguardar la dignidad, honorabilidad y preservación de la integridad física y psíquica de las víctimas de estos delitos”, señala la fiscal.
El Ministerio Público, según Mata, “tiene como estandarte hacer conciencia social de respeto y protección a las víctimas cuando han sufrido delitos en contra de su integridad física”.
En tal sentido, esperan una administración de justicia recta, pronta y justa, que de certeza jurídica a la ciudadanía que hay una justicia parcial, siempre en busca de la comprobación de la verdad de los hechos.
Pero, tal parece, ese no será el camino. El pasado martes durante una audiencia especial solicitada por el Ministerio Público, el juez de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, Oscar Aquiles Bustamante Castillo, rechazó la solicitud del Ministerio de modificar la acusación inicial, y de paso acabó con la intención de revocar la medida cautelar dictada durante la audiencia preliminar de arresto domiciliar contra los imputados.
Mata anunció que apelarán la resolución del judicial, lo que “significa manifestar inconformidad con lo resuelto y restablecer la disposición legal violentada, y cuál es el bien jurídico lesionado para que el Tribunal de Apelaciones resuelva conforme a derecho”, afirmó.
En su resolución, el judicial no encontró cuáles eran los nuevos elementos de pruebas que se obtuvieron y que daban origen a la modificación de la acusación, por lo tanto la rechazó.