Nacional

Apelan absolución de “peces chicos”


Lizbeth García

La Procuraduría de la República apeló la sentencia que dictó el Juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, declarando no culpables a Sayonara Navas Lau, Carmen María Carmona y Lucrecia Zelaya Cáceres, ex funcionarias del Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic).
Las tres mujeres fueron acusadas junto al diputado Marco Aurelio Sánchez, ex titular del Bavinic, y Roberto Orlando Murillo, por fraude en perjuicio del Estado hasta por 80 mil dólares, pero sólo ellas fueron a juicio, porque el primero goza de inmunidad y el segundo fue sobreseído del delito por el juez séptimo Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, resolución que el Tribunal de Apelaciones de Managua tiene que resolver.
El delito acusado habría ocurrido cuando Sánchez era presidente ejecutivo del Bavinic y ordenó que le pagaran a Roberto Orlando Murillo 80 mil dólares por una casa que el Estado le había confiscado.
Sin embargo, en la acusación, la Procuraduría demostró que Sánchez no estaba facultado para eso, porque si bien es cierto la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones “desconfiscó” a Murillo, también determinó que no era posible restituirle el bien porque el mismo había sido donado a Mario José Torres en 1990, por lo cual debía ser indemnizado por la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI) y no por el Bavinic.
El procurador auxiliar Penal Edén Aguilar explicó que si Murillo no estaba de acuerdo con la resolución, debió agotar la vía administrativa, pero lo que hizo fue interponer una demanda con acción de pago por ochenta mil dólares más daños y perjuicios, los cuales fueron tasados en 11 mil dólares.
Sánchez contestó la demanda y negoció con Murillo, a quien finalmente le fueron pagados 80 mil dólares mediante cuatro pagos avalados por las tres ex funcionarias acusadas.
Eso, según los testigos que depusieron en el juicio, fue una acción ilegal, ya que el Bavinic no era competente para indemnizar a ninguna persona particular, dado que tal función le correspondía a la OCI.
En la expresión de agravios, la Procuraduría indicó que apeló la sentencia del juez de primera instancia porque supuestamente no valoró suficientemente la prueba.
La Procuraduría basa su dicho en el hecho de que por una parte la sentencia dice que “los extremos de su acusación fueron reproducidos por los testimonios periciales, voluminosa prueba documental que materializa la relación de los hechos…”, sin embargo, el resultado fue un fallo de no culpabilidad.
Sin embargo, el juez sustentó su fallo diciendo en la sentencia que el Bavinic afectó el patrimonio del confiscado y como el Banco de la Vivienda es una institución del Estado, “cualquier institución del Estado que hubiere resarcido el daño causado por el Estado a un particular, no lo califica como una acción delincuencial”.
Además, el juez mencionó en la sentencia que lo que hizo el titular del Bavinic (Marcos Aurelio Sánchez) “fue tratar de que el Estado no saliese demandado”.