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“Shell ya se sometió a juicio en Nicaragua”

*** Procurador Alberto Novoa hace ver al Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, que la transnacional ya litiga en tribunales nicaragüenses *** Eso constituye un tácito desconocimiento a la jurisdicción del organismo de quien se está pidiendo arbitraje

Luis Galeano

El Estado de Nicaragua afirmó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), no debe atender la solicitud de arbitraje que les hizo la Shell Brand Internacional AG (SBI) y Shell Nicaragua S.A (SN), debido a que desconoció su jurisdicción al someterse a los tribunales locales por diversas demandas pendientes de resolver.
Shell demandó el 17 de mayo de este año ante el CIADI un arbitraje internacional para definir si son ellos los que tienen que pagar US$ 489 millones a los afectados por el Nemagón, o el Estado de Nicaragua el que debe pagarles a ellos esa cantidad por haberles afectado sus capitales.
Una carta enviada ayer martes por el procurador general de la República, Alberto Novoa, y el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Alejandro Argüello, a la consejera jurídica del CIADI en Washington, Claudia Frutos Peterson, afirma que la misma Shell le puso coto a cualquier petición de arbitraje internacional, al reconocer a los tribunales nicaragüenses para superar las demandas en su contra.
“La República de Nicaragua estima que en el presente caso, el CIADI (con base en las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje, Regla 41 relacionada con Excepciones Preliminares), no tiene competencia para conocer de la solicitud de arbitraje presentada por SBI”, se lee en la carta.
Agrega que “la SBI y la SN renunciaron a la jurisdicción del CIADI en el presente caso al someterse a la jurisdicción de los tribunales nicaragüenses”, y como ejemplo menciona que los demandantes, a través de sus apoderados locales, interpusieron recurso de Tercería de Dominio, admitida en un tribunal de primera instancia el pasado 13 de junio, y recurrida de amparo ante el Tribunal de Apelaciones un mes después.
Convenios de arreglos nos favorece
La Shell Brand Internacional invocó en su solicitud de arbitraje ante el CIADI el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Nicaragua y el Reino de los Países Bajos a finales de 2002 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2003, sin embargo, la carta de Novoa y Argüello deja claro que no es aplicable.
“Dicho acuerdo establece en su artículo 10, párrafo segundo: ‘Que las disposiciones de este acuerdo no se aplican a ninguna acción legal del Gobierno que haya tenido lugar antes de la fecha de su entrada en vigor’”.
La Ley 364 “Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas afectadas por el uso de los pesticidas fabricados a base de DBPC (Nemagón)”, se publicó en La Gaceta, diario oficial de la República de Nicaragua, No. 12, del 17 de enero de 2000, es decir, se constituye un acto del Estado antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
De igual forma, en la carta se menciona el artículo 26 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, que establece que “un Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio”.
Que agoten recursos nacionales
Con base en ello, Novoa y Argüello exigen en su carta que la SBI y la SN, agoten los recursos pertinentes que han iniciado de Nicaragua conforme las leyes de este país, previo a la solicitud de arbitraje ante el CIADI.
Para ello recuerdan que en diciembre de 2002, la juez Tercero Civil de Distrito, Vida Benavente, condenó a 38 marcas de las empresas Dow Chemical, Shell Oil Company y Standard Fruit Company (conocida en Estados Unidos como Dole Food Company) a pagar 489 millones de dólares a favor de 500 bananeros afectados por el pesticida.
También mencionan el embargo ejecutivo de 36 marcas Shell ordenado por el juez Sexto Penal Suplente de Managua, Felipe Jaime, el 13 de enero de este año, el cual está pendiente de resolverse en Apelaciones.
Shell Brand Internacional ha argumentado que este último hecho significa una “expropiación”, lo cual es rechazado por el procurador y el titular del Mific, debido a que en Nicaragua existe Ley de Expropiación, Ley 229, desde el 9 de marzo de 1976, fecha en que fue publicada en La Gaceta, pero su función es regular la forma de realizar la declaración de utilidad pública o de interés social.
En el presente caso, señala la misiva, nos encontramos ante una actuación judicial y “no expropiatoria”, a la cual han recurrido en la jurisdicción de la República de Nicaragua.
“De este modo, se debe anotar que al existir aún vías legales de solución interna de las disputas creadas, no existe daño alguno a la inversión que la SIB y SN ha efectuado en el país, debido a que los actos señalados por dichas empresas pueden perfectamente ser revertidos por medio de los recursos jurídicos interpuestos por sus apoderados locales”, señalan en su carta Novoa y Argüello.

Experto español podría representar a Nicaragua
De ser aceptado el arbitraje por parte del CIADI, Nicaragua tiene como fecha límite para presentar a su árbitro el 11 de noviembre próximo. Dentro de las opciones que estudia el procurador Novoa como arbitro por Nicaragua, la que más suena es el experto en asuntos de arbitraje internacional Bernardo M. Cremades..
El abogado nacido en Zaragoza, España, en 1943, de acuerdo a su extenso currículo ha tenido una amplia experiencia en el arbitraje comercial internacional y disputas de inversión. Ha actuado como abogado parte, co árbitro y presidente del Tribunal Arbitral de España en más de 200 arbitrajes.
Sólo para comparecer en esta demanda de arbitraje internacional, Nicaragua tiene que pagar US$ 60,000. Cada árbitro cobra US$ 3,000 por ocho horas de trabajo diario, cantidad que no se sabe por cuánto tiempo se va desembolsar porque depende de la duración del juicio.