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EU y ex jefes del cartel de Cali harán acuerdo

* Con ello pretenden detener una “extradición masiva” de toda la familia

Bogotá / EFE -Un acuerdo "sin precedentes con la justicia de Estados Unidos" será suscrito con 29 integrantes de la familia Rodríguez Orejuela, de los ex jefes del desarticulado cartel de la cocaína de Cali, informa hoy la revista colombiana "Semana".
Según un artículo de la publicación, que titula "Acuerdo inminente", la familia de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, extraditados a EU en 2004 y 2005, respectivamente, "entregará toda su fortuna a cambio de que los dejen en paz".
Los dos ex jefes, al aceptar su culpa de los cargos, recibirán 30 años, señala la edición de "Semana" que sale hoy a circulación.
Un bufete de abogados "convenció a los Rodríguez Orejuela de que era más viable un acercamiento directo con Washington para lograr el acuerdo, y así se hizo", según la publicación.
Las condiciones, agrega la revista, "fueron impuestas por los departamentos del Tesoro y de Justicia. Y los términos de la negociación cogieron más fuerza desde hace siete meses, cuando William, hijo de Miguel, se entregó voluntariamente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en Panamá".
Miguel era el único de los 15 hijos, 21 sobrinos y tres nietos de los Rodríguez Orejuela que estaba pedido de extradición. Sin embargo, "toda la familia a lo que más le ha temido es a una extradición masiva", añade "Semana".
Salen de “lista Clinton”
Anota que "con el acuerdo, todo va a cambiar" y "todos salen de la 'lista Clinton' (de personas y empresas montadas con dinero del narcotráfico), en la cual están incluidos desde hace tres años 95 personas relacionadas directa o indirectamente con los Rodríguez Orejuela".
Para "vivir en paz", dice más adelante la nota, "los Rodríguez entregan todo", inclusive bienes que ni siquiera se sospechaba que eran de ellos ubicados en Colombia, en España, en Venezuela, en Ecuador, en Panamá y en Estados Unidos".
"Semana" también señala que las familias de los ex jefes de ese cartel desarticulado a mediados de 1990, "pidieron que se les permita continuar ocupando las casas y apartamentos en donde viven actualmente".
Lo más probable, añade, "es que tengan que pagar arriendo al Estado colombiano" por ello.
Con el acuerdo "se abre un nuevo capítulo en la historia de las negociaciones con los narcotraficantes" (...), pero a diferencia de otros casos, en éste no existe delación de ninguna clase", precisa "Semana".