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Estado debe US$ 8 millones a ex trabajadores de Aduanas

* Son 142 empleados que en 1993 se fueron a la huelga reclamando reivindicaciones laborales

Un grupo de 142 trabajadores de Aduanas, despedido en 1993 por la Dirección General de Aduanas (DGA), exige al gobierno que haga efectiva la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se ratificó la violación a los derechos humanos de los trabajadores y ordenó al Estado nicaragüense reparar los daños causados a éstos.
En la resolución 11-381 que falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los trabajadores el 11 de octubre de 2001, se ordena al Estado nicaragüense reparar los daños morales, sociales, económicos y culturales ocasionados a los 142 trabajadores aduaneros despedidos injustamente.
“Denunciamos que a lo largo de cinco años hemos enviado al señor presidente Enrique Bolaños muchísima correspondencia, solicitando en ella sus oficios para un arreglo amistoso del caso No. 11,381, sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta”, dijo Alfredo Barberena, representante de los 142 trabajadores aduaneros, en un comunicado escrito.
“El gobierno de Nicaragua sin ninguna responsabilidad social y aprovechándose de las condiciones paupérrimas y miserables de los 142 trabajadores… ahora pretende indemnizarnos con US$ 1,400 (mil cuatrocientos dólares) para cada uno por los 13 años, o sea US$ 107.69 (ciento siete dólares) al mes, o sea US$ 0.29 (veintinueve centavos de dólar) por día”, declaró Barberena.
De igual forma, Barberena afirma que de todas las reuniones y acuerdos que han tenido con los funcionarios del Estado en la sede del CIDH ninguna se ha cumplido hasta la fecha, lo cual ha retardado el caso por muchos años, haciendo que la indemnización a los trabajadores sea impagable.
“Nuestra propuesta de indemnización se cuantifica y se dolariza cada mes, siendo hasta la fecha nuestro reclamo de indemnización la cantidad de US$ 8,000,000 (ocho millones de dólares)”, puntualizó barberena.
Antecedentes del caso
El caso surgió cuando, en 1993, la Federación Nacional de Aduanas protestaba por reivindicaciones salariales, planteando un pliego de peticiones y utilizando los canales establecidos por el Ministerio del Trabajo (Mitrab). Sin embargo, el mismo Mitrab declaró que las peticiones eran ilegales y procedió a despedir a los trabajadores, que recurrieron de amparo ante el Tribunal de Apelaciones, ya que el arto. 83 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga, y se suspendieron los efectos de la resolución del Mitrab.
Sin embargo, la DGA despidió a 400 trabajadores, aunque luego se logró que se reincorporaran más de 258. El resto no fue reintegrado por pertenecer a la Federación sindical.
Desde entonces el caso ha sido expuesto ante la OEA, se han realizado reuniones en la sede en Washington de la CIDH, de donde han salido propuestas de parte de los representantes del gobierno que luego, en Nicaragua, no se han cumplido.