Nacional

“Somos víctimas de mafia estatal”

Por primera vez, desde la entrada en vigencia del Decreto de Emergencia Económica (32-2006 del pasado tres de mayo, que prohibió la tala, transportación y comercialización de madera en la RAAN, RAAS, Nueva Segovia y Río San Juan), los madereros dueños de los planes de manejo del río Kum Kum, que fueron el foco de atención del Decreto, hablan por medio sus asesores legales con EL NUEVO DIARIO, y afirman ser víctimas de la mafia estatal.

María Haydée Brenes

La madera en El Rama que llegó procedente del río Kum Kum, ya está siendo seccionada en lotes. La fecha de subasta fue fijada para los primeros quince días de septiembre del año en curso, sin embargo, los representantes legales de los dueños de los planes de manejo afirman que no existe sustento legal para que la misma se dé.
“El Estado de Nicaragua está actuando como mafia al colaborar entre sus instituciones por medio de un Decreto Presidencial de Emergencia Económica que no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, para despojar de la madera a ciudadanos nicaragüenses como el señor Nicolás Báez y a terceros adquirentes, que, cumpliendo los requisitos de ley la tumbaron”, señalaron los abogados.
De acuerdo con los juristas, se ha violado el debido proceso iniciado, y hay una notoria arbitrariedad contra los bienes retenidos, al no reconocerse el derecho ciudadano de sus representados.
“Si el Estado que dirige el señor Enrique Bolaños actuara con transparencia, sin corrupción, nosotros podríamos defendernos de acuerdo con ley, pero no es así, ya el director del Instituto Nacional Forestal (Inafor) está dando fecha de la subasta de la madera, cuando tenemos pruebas de que esa madera es legal, que ellos autorizaron los permisos, que se pagó al Estado más de dos millones de córdobas en impuestos, y que si hubo fallas se debieron a que ellos como institución rectora no cumplieron con sus funciones”, afirmó uno los abogados.
Según la documentación presentada por los abogados, los 25 planes mínimos de manejo de sus representados fueron aprobados por el Inafor en el período comprendido entre el 25 de agosto de 2005 y el 24 de febrero de 2006, y que al tres de mayo de 2006, cuando se emitió el Decreto 32-2006, sólo se estaba trabajando en siete de estos planes.
“La primera resolución dice que la madera era ilegal porque no estaba marcada y no contaba con una guía, entonces le pregunto yo a los señores de la comisión interinstitucional, cómo se dieron cuenta qué cantidad de madera le pertenecía a cada quién. La respuesta está en su cara, porque aquí tengo los 25 permisos con sellos, firmas y pagos autorizados por Inafor, y la madera estaba marcada”, dijeron.
Proceso tardío
También los representantes legales destacaron que el acto de retención de la madera es ilegal, porque se la quitaron sin una notificación que diera a conocer en virtud de qué se retenía, y hasta un mes después de emitido el Decreto 32-2006, nació al proceso administrativo.
Ellos no pueden probar que la madera del Kum Kum es ilegal porque es legal, comentaron, el sustento que tenían en la primera resolución para adueñarse de la madera era la contaminación del río con tanino, y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) dio a conocer un estudio que mandó a hacer, en el cual demuestra que no hay contaminación.
“Nosotros estamos peleando contra la mafia estatal, contra un monstruo que anuncia una subasta para la primera quincena de septiembre, cuando apenas el viernes 18 de agosto me entregaron la resolución que me da seis días para responder, diez días para esperar respuesta y 30 días para que el superior jerárquico se pronuncie, y después vamos a agotar la vía judicial, pero a ellos no les interesa llegar a la vía judicial porque lo que pretenden es vender la madera cuanto antes, y si lo hacen, ¿qué pelearemos? ¿papeles?”, preguntaron.
Otra supuesta treta del Estado para quedarse con la madera, fue alegar que las escrituras públicas que presentaron al momento de solicitarse los planes mínimos de manejo tenían nulidad perpetua, algo que según los abogados sólo pueden solicitar las partes, en este caso el maderero o la comunidad, y los comunitarios de Tasba Pounie autorizaron amparados en la Ley 445 de los Pueblos Indígenas, la extracción de madera en cien mil hectáreas, acción que fue confirmada por el Consejo Regional del Atlántico Sur.
Asumir responsabilidades
Los abogados destacaron que el Inafor debe asumir su responsabilidad al otorgar los permisos, pues fue esta institución la que recibió, verificó, revisó, aprobó y certificó cada uno de los planes mínimos de manejo, previo a que se cortara el primer árbol.
La Ley 462, su reglamento y las normativas establecen que los planes mínimos sólo se restringen para las áreas protegidas, ahora ellos abren procesos contra sus delegados que son sus representantes en los territorios, afectándonos como ciudadanos y terceros adquirentes que compraron de buena fe, afirmaron. Tenemos una cadena de acreedores entre los que se cuentan instituciones bancarias y particulares a quienes se les tiene que cumplir con pagos.
“Se nos llamó mafia maderera y les demostramos qué instituciones bancarias nos prestaron para este negocio, la mafia de este país es estatal, porque la subasta está beneficiando a allegados al señor Indalecio Rodríguez, titular de esa institución, que dicho sea de paso, es juez y parte en este proceso, porque se supone que es quien debe pronunciarse en este caso, y a la vez fue el que autorizó los permisos y debió vigilar por el cumplimiento de los planes… Es absurdo”, dijo uno de los abogados.
Destacaron que el Estado no tiene sustento para declarar ilegal la madera y menos subastarla, pues los términos de ley han sido violados, el proceso ha sido acomodado a conveniencia y no se han reconocido las objeciones, violando los derechos constitucionales y civiles de sus representados.
“No recurriremos contra el Estado como nos sugirió el titular de Inafor porque es algo desgastante para cualquier nicaragüense, lo que queremos dejar claro es que se están amparando en un Decreto Presidencial que no fue ratificado por la Asamblea Nacional, el cual tampoco se menciona en la recién aprobada Ley de Veda Forestal, la cual para colmo les señala claramente que deben respetarse los permisos otorgados, previa a la entrada en vigencia de la misma, así que la madera no puede ser subastada, esa madera tiene dueño y es legal”, concluyeron.

Subasta “comprometida”
Algunas fuentes, a raíz de la subasta en Bluefields, informaron a EL NUEVO DIARIO que la subasta de El Rama está comprometida y beneficiará a otro extranjero.
“¿Cómo es posible que el Inafor no se haya dado cuenta que la señora Roiz, que obtuvo la madera en Bluefields, y dos postores más, pertenecían a la misma empresa? (Valcor Nicaragua). Es decir, tres de los cuatro postores eran de una misma empresa. Aquí en El Rama ya se sabe quién va a llevarse la madera en la subasta, y es una persona extranjera e igual de cercana al titular de la institución”, comentó la fuente.