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GR: Fiscalía busca que delito prescriba

* Centeno Gómez niega tácticas dilatorias y devuelve cargos a Procuraduría * Magistrado desmemoriado fue quien entregó sin forma ni figura de ley, valiosa propiedad a esposa del ex presidente Alemán * Fiscal saca a bailar caso de Pedro Solórzano

Luis Galeano

La Fiscalía General de la República ordenó “diligencias innecesarias” que podrían provocar la prescripción de la denuncia que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la donación de unos terrenos del Estado a la Fundación “Para la Dignidad Humana Nicaragüense”, que presidía María Fernanda Flores, esposa del ex presidente y ahora reo Arnoldo Alemán.
El fiscal general, Julio Centeno, negó tal señalamiento, y dijo que si la denuncia de un delito en contra de los bienes del Estado alcanza la prescripción, no es responsabilidad de la Fiscalía, sino del representante del Estado que en este caso es la PGR.
El procurador del caso, Hernaldo Chamorro, indicó a EL NUEVO DIARIO que hace un par de semanas concluyeron las investigaciones del hecho y remitieron el expediente a la Fiscalía, pero que ésta lo devolvió a la Policía para que entrevisten al encargado de hacer las escrituras del Estado, Octavio Picado, además de solicitar un pronunciamiento legal del Ministerio de Hacienda.
“Esas dos diligencias, a mi criterio, no son necesarias, no van a aportar nada, porque en nada va a aclarar la donación el que realizó la escritura, y en cuanto al pronunciamiento legal de Hacienda, para eso está la auditoría del caso, que señala qué fue lo que ocurrió”, dijo Chamorro.
Agregó que lo que al parecer busca la Fiscalía es que la prescripción de cinco años que establece la ley alcance el caso, y que de esta manera la cuestionada donación a Flores de Alemán no sea llevada ante los tribunales.
El representante de la PGR explicó que el Código Penal establece que existe un tiempo de cinco años para que un ciudadano se presente ante un juez para ejercer la acción penal en delitos de orden público representados por la Fiscalía, de lo contrario prescriben.
“Pareciera ser que le están dando más tiempo, largas al asunto, de manera que alcance la prescripción, porque es un hecho que se dio en 2001, pero todo depende del criterio que tenga la Fiscalía sobre eso, porque si se trata de la donación del bien fue en julio de ese año, pero la inscripción de la propiedad fue hasta septiembre”, dijo Chamorro.
“Nosotros estamos tomando como fecha de prescripción la fecha en que se inscribió la propiedad a favor de la Fundación, y aún con todo y eso nos quedaría menos de un mes para ver qué pasa”, sostuvo el procurador del caso.
La denuncia
En abril pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia en la DAJ contra Alemán, el ex subprocurador Denis Maltez y el empresario Albert William Griffith, por presunto fraude y falsificación de documentos públicos.
Recientemente Maltez fue nombrado magistrado de la Sala Nacional de la Propiedad, es decir, que ahora goza de inmunidad.
La denuncia está relacionada con unos terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Montoya, que fueron donados a la Fundación “Para la Dignidad Humana Nicaragüense” por órdenes de Alemán.
Los terrenos estaban valorados en 1.7 millones de córdobas (145 mil dólares), aunque para donarlos fueron valuados en 200 mil córdobas.
De acuerdo con la denuncia, en el inmueble que donaron a la fundación de Flores existía una edificación denominada “Edificio ENA”, que había sido entregada al Estado en dación de pago por Inmuebles de Occidente Sociedad Anónima, que debía 1.4 millones de córdobas al Banco de Crédito Popular.
Cuando el bien ingresó a los activos del Estado, Griffith solicitó la “donación” a favor de la Fundación, para la construcción de las oficinas del “Club de los Amigos de la Tercera Edad”. Griffith dijo en su declaración que a quien tienen que investigar es a quien donó el bien.
El ex presidente y reo Alemán no se presentó a la cita que le envió la DAJ en este caso, alegando que goza de inmunidad ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y el recién nombrado magistrado de la Sala Nacional de la Propiedad, José Denis Maltez, dijo a la Policía Nacional que no recordaba por qué autorizó la donación de unos terrenos del Estado a la Fundación
Fiscal Centeno responde a señalamientos
El fiscal General Julio Centeno negó ayer que las diligencias ordenadas en el caso busquen la prescripción, y explicó que lo que están cuidando es que se cumpla con el debido proceso.
“No hay tales de que se esté buscando prescripción, y si eso pasa, pues la responsabilidad es de los señores de la Procuraduría porque fueron ellos los que presentaron el caso tarde”, dijo Centeno.
Agregó que las declaraciones del notario que hizo la escritura, Octavio Picado, “son vitales” para el proceso, debido a que es quien puede determinar la fe pública de las condiciones en las que se hizo la donación, y en el caso del pronunciamiento legal de Hacienda, dijo que se debe contar con un punto de vista de la entidad que maneja los bienes del Estado.
“¿En qué abona eso a la investigación?, en nada, porque nosotros ya cumplimos con todo el procedimiento de investigación que se requería, como la entrevista a los peritos, al responsable de Catastro del momento en que se dio la donación, de los denunciados, y, por tanto, no tiene sentido lo ordenado, y entiendo que ellos lo que buscan es a quién echarle la culpa de lo que ellos hacen”, dijo Chamorro.
“Nosotros quisiéramos ver a los procuradores actuar con esta misma diligencia en los casos que tienen que ver con funcionarios del actual Gobierno como el de Pedro Solórzano (que le impuso una presunción penal) de la Contraloría, pero lamentablemente sabemos que no lo harán porque son empleados de un Presidente que les dice qué hacer y qué no”, ripostó Centeno.

Violentario Ley 169
El ex presidente Alemán emitió el Acuerdo Presidencial número 195-2001, autorizando a la Procuraduría General de Justicia a comparecer ante la Notaría del Estado para suscribir en escritura pública la donación de los terrenos antes descritos.
De acuerdo con la denuncia de la PGR, Maltez hizo la solicitud del avalúo catastral sin incluir la construcción de un edificio que había en ese lugar, lo cual provocó que cuando se hizo el avalúo, el precio fuera por debajo de lo que establece la Ley 169 de Disposición de Bienes del Estado, de que cuando un bien estatal superara los 200 mil córdobas, su venta, donación o arriendo tenía que ser aprobado por la Asamblea.
El delito de falsificación se incluye en la denuncia, porque Maltez al “haber omitido hechos sustanciales, como obviar la existencia del edificio al momento de solicitar el avalúo catastral, no lo mencionó”.
Al haber donado el terreno con estas irregularidades, Alemán y los demás denunciados violentaron la Ley 204, de Reforma a la Ley 169, Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos, porque incluso para poder disponer del bien “valorado” en 200 mil córdobas, tuvo que haber pedido permiso a la Contraloría General de la República (CGR), algo que no ocurrió.