Nacional

TAM liberó y narco voló

* Ya no hubo reo para el nuevo juicio después de la anulación de los magistrados * Juez preservó la prueba como depósito, a pesar que de oficio el TAM había ordenado se la devolvieran al acusado

Eloisa Ibarra

Manuel Antonio González Flores, el guatemalteco acusado de narcotráfico a quien magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) dejaron en libertad, abandonó el país dejando burlado al juez Octavo Penal de Juicio, Jaime Alfonso Solís, quien efectuaría un nuevo juicio por orden del TAM.
“Está cuidando a su mamá”
El doctor Solís no pudo efectuar el nuevo juicio programado para ayer porque González no se presentó, y un abogado que no tiene representación legal le informó que su cliente se encuentra en una parte del interior de Guatemala cuidando a su mamá, y dejando arreglados asuntos de su familia para regresar a enfrentar el juicio.
Solís informó que no dio lugar a los argumentos expresados por un abogado sin representación, y revocó la orden de libertad a González, ordenó prisión preventiva y lo declaró rebelde por no haberse presentado sin que existiera causa justificada.
Los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, remitieron al juez Solís el expediente del caso para que hiciera un nuevo juicio, después que declararon nulo el primer proceso realizado por la juez Adela Cardoza, quien condenó a González a diez años de prisión por transportar 163 kilos de cocaína.
Los dadivosos magistrados
En la sentencia, los magistrados argumentaron que el reo se encontraba detenido ilegalmente, porque el trece de enero pasado, cuando la juez Cardoza dictó la sentencia condenatoria, ya habían transcurrido los tres meses que establece el Código Procesal Penal (CPP) para dictar sentencia con reo detenido.
Lúquez y Briceño ordenaron la entrega de los bienes al reo, pero el juez Solís decidió dejarlos en calidad de depósito, por considerar que constituyen pruebas para el nuevo juicio, que ayer no se pudo efectuar.
La magistrada Martha Quezada, en su voto razonado, argumentó que el juicio se atrasó porque los abogados defensores pidieron la reprogramación varias veces por diversas razones, incluyendo hasta visitas al dentista, que en una ocasión usó el abogado de González Flores, Roberto Cruz.
La magistrada indicó, además, que la Juez de Primera Instancia informó en tiempo y forma a los abogados que había una demora atribuible a la defensa de 50 días, por lo que consideró que los defensores lo que hicieron “fue aplicar tácticas dilatorias para llevar el proceso hasta esta situación de supuesto vencimiento de término para lograr la libertad de su defendido”.
La investigación
Lúquez y Briceño son investigados por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial por haber dejado en libertad al guatemalteco, y semanas más tarde a unos salvadoreños, procesados por delitos de narcotráfico.