Nacional

Convocan a gran marcha

* Red y Movimiento Comunal hacen graves denuncias como suspensión de fianza y eximentes de inversión a Fenosa * Se apostarán frente a Asamblea Nacional el martes demandando fin de la privatización de la distribución de la energía y máximo control sobre generadoras

Eloisa Ibarra

Un “NO” a la entrega del aval por nueve millones de dólares a Unión Fenosa y un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucional la privatización de la distribución de energía eléctrica a favor de Unión Fenosa, es lo que demandan, la Red de Defensa de los Consumidores y el Movimiento Comunal Nicaragüense(MCN).
Ambas organizaciones convocaron a la población afectada por los cortes de energía eléctrica a marchar el martes a la Asamblea Nacional contra el gobierno, las generadoras y Unión Fenosa.
Enrique Picado, directivo nacional del MCN, y Ruth Selma Herrera, de la Red de Defensa de los Consumidores, coincidieron en afirmar que la CSJ debe declarar inconstitucional la privatización de la distribución de energía a favor de Unión Fenosa, porque el contrato tiene visos de nulidad y corrupción, que deben ser investigadas.
Herrera y Picado señalaron al presidente Enrique Bolaños como el principal responsable del problema energético, porque además de que fue el encargado del “irregular” proceso de privatización, siendo vicepresidente de la República y Presidente de la Junta Directiva de ENEL, ha permitido que operen en incumplimiento a lo establecido en el contrato.
Picado se preguntó públicamente por qué el gobierno pretende seguir defendiendo a Unión Fenosa y a los generadores en detrimento de los sectores más pobres, que incluye a pequeños comerciantes que han perdido más de ocho millones de dólares por los cortes de energía.
Los gastos en candelas y lámparas
Según Picado, partiendo de que existen 500 mil usuarios, calcula que si cada uno gasta cien córdobas al mes en comprar candelas, mechas, lámparas o cualquier cosa para alumbrarse, significan 50 millones de córdobas, unos tres millones de dólares que afecta al bolsillo popular.
Si hay 10 mil pequeños negocios y pierden 300 córdobas al día, significa tres millones de córdobas al día, 90 millones al mes, unos cinco millones de dólares. Esto, sumado a los tres millones de dólares, representa un golpe de más ocho millones de dólares a la pequeña economía familiar, cuantificó Picado.
Herrera adelantó que el martes, si los diputados le permiten tomar la palabra, expondrá algunas de las anomalías en que han incurrido las autoridades de gobierno para proteger los intereses de Unión Fenosa.
Por ejemplo, haber establecido en el contrato, que para el concesionario (Unión Fenosa) no será exigible el cumplimiento del artículo 76 de la Ley de Industria Eléctrica. Ese artículo se refiere a los programas de inversiones y cronograma de ejecución, incluyendo fecha de iniciación y conclusión, una de las partes más importantes por las cuales se pretendía la privatización.
¡Cómo es posible que en el contrato de concesión se exima al concesionario de todas las obras, convirtiendo la Ley 272 de Energía en papel mojado, aunque parezca inaudito!, expresó Herrera.
Deberían estar presos, dice
Para Herrera, todos los funcionarios involucrados en la firma del contrato, en abierta violación a la Ley de Industria Eléctrica, deberían estar presos y responder por el daño ocasionado a la población.
Otro aspecto que pretenden exponer en la Asamblea Nacional es lo referido a la fianza que por ley debería mantener Unión Fenosa, durante el tiempo de concesión, y que, según Herrera, el año pasado, el director de electricidad, Juan José Caldera, levantó en perjuicio del Estado.
Caldera, afirmó Herrera, debería responder por qué y con base en qué facultades levantó la garantía de unos 30 millones de dólares a Unión Fenosa Internacional, y les entregó una certificación en ese sentido, porque, supuestamente, no era necesaria, porque la empresa estaba cumpliendo a cabalidad el contrato, pese a todas las denuncias existentes.
Hay verdaderos túneles que han drenado el sistema energético del país, con cláusulas que deberían haber llevado a la nulidad. La Ley de Energía prohíbe el monopolio, y fue lo primero que hicieron obligando a la población a pagar un costo altísimo, desde antes de la crisis del petróleo, que las facturas subieron entre 300 y 500 por ciento, dijo Herrera.
“Unión Fenosa debe irse y sin ningún peso de indemnización, porque más bien le debe a la población” dijo Picado.
Sobre generadoras
Picado y Herrera consideran que la Asamblea Nacional y el gobierno deben atender con urgencia el tema energético, y en ese sentido establecer controles para las generadoras de energía que actualmente funcionan sin ninguna regulación y a base de chantaje, porque no existen sanciones.
A muchos de ellos les dieron casi regaladas las concesiones, y llegaron a establecer un mercado negro en la forma como pagan la energía, porque se pagaba al precio más alto e ineficiente el de la Planta Las Brisas, recordó Herrera, tras señalar que a partir de este año, se suspendió el pago de esa forma y las generadoras presionan porque vuelva.
“El Banco Mundial ha presionado a INE para que devuelva el mercado negro y les paguen a las generadoras al precio de la Planta Las Brisas. Los que están detrás de las generadoras son peores que los buseros, viven del chantaje”, afirmó Herrera.
Recordó que en la “crisis prefabricada” por las generadoras en septiembre del año pasado sacaron 30 millones de dólares a Hidrogesa, y nadie ha auditado cómo fueron utilizados.
La CSJ debe declarar la inconstitucionalidad, y el Estado invertir en las empresas estatales Hidrogesa y Larreynaga, y volver a hacer pública la distribución y auditarla con la participación de los usuarios y los ciudadanos, expresó Herrera.
Informó que están haciendo encuestas en los barrios para saber de cuánto están llegando los recibos, después de todos los cortes de hasta ocho horas durante varios días.
Riesgo para proceso electoral
Picado hizo un llamado a todas las autoridades a atender con responsabilidad la situación, porque de lo contrario se podría poner en riesgo el proceso electoral, debido a que la gente tiene los ánimos subidos porque tienen serios problemas debido a la falta de energía que no les permite trabajar con normalidad.
El dirigente comunal hizo un llamado al presidente Bolaños a que respete el derecho que tienen los nicaragüenses a protestar y a dejar de proferir insultos contra los pobladores y organizaciones que reclaman un servicio de energía eléctrica y abastecimiento de agua eficiente.