Nacional

Magistrado revive recursos contra venta a Fenosa

**Están introducidos desde 2000, cuando ENEL privatizó la distribución de energía **Otros magistrados se inclinan por esperar “segunda instancia del arbitraje” anunciado por INE

Eloisa Ibarra

El magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó ayer que esta semana resolverán los tres Recursos de Inconstitucionalidad en contra la privatización de la distribución de energía a la empresa Unión Fenosa.
Rosales indicó que pondrá en agenda la discusión de los Recursos, porque es obligación de la CSJ darle respuesta a la gente que clama por una salida a sus problemas de falta de energía.
Recursos desde 2000
Los recursos se encuentran en espera de sentencia desde septiembre del año 2000, cuando la bancada sandinista y los trabajadores de la desaparecida Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) recurrieron de inconstitucionalidad contra la privatización dirigida por el presidente Enrique Bolaños, entonces Vicepresidente de la República y Presidente de la directiva de ENEL.
El magistrado Rosales explicó que para tener mayores elementos de juicio para resolver los recursos solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) copia del contrato suscrito entre las autoridades de gobierno y Unión Fenosa.
En la CSJ algunos magistrados consideramos que lo mejor es emitir la sentencia de los recursos de inconstitucionalidad, aunque la Corte, explicó Rosales, también podría conocer en segunda instancia el arbitraje que lleva adelante el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Cabe mencionar que antes de la privatización de la distribución de la energía a Unión Fenosa, los trabajadores solicitaron a la CSJ en reiteradas ocasiones que se pronunciara acerca de los recursos antes de la venta, pero la Corte guardó silencio.
En ese año la Sala Constitucional se limitó a dar lugar a la tramitación de los recursos y a mandar a oír a la Procuraduría General de Justicia de ese momento, que, según una fuente de la Corte, guardó silencio como en muchos otros casos.
Los argumentos del recurso
En los recursos se alega que el proceso de venta a Unión Fenosa fue viciado porque fue el único oferente y se vendió a una misma empresa las dos distribuidoras de energía, Disnorte y Dissur, pese a que la ley prohibía el monopolio.
Argumentaron que la venta a Unión Fenosa violaba la Ley 169, que regula la enajenación de los bienes del Estado, ya que por ley debía pasar por la Asamblea Nacional, pero fue decidida por el Ejecutivo basado en una ley de rango menor como es la Ley de Energía, cuyo contenido también fue violado, porque prohibía el monopolio en la venta.
Al momento de la venta, el entonces presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, defendió el proceso, bajo el argumento de que era parte de los compromisos de Nicaragua con los organismos financieros dentro del Plan de Ajustes Estructurales a la economía.
Los recurrentes esgrimieron que al vender las dos distribuidoras de ENEL se estaría creando un monopolio privado que podría ser perjudicial para el país, tomando en cuenta que se perdía la ventaja de la competencia.
“Para eso estaba el INE”
Contra los señalamientos de monopolizar la distribución de energía, el gobierno sostuvo que para eso estaba la institución reguladora, que en este caso es el Instituto Nicaragüense de Energía.
En los últimos días, la situación de Unión Fenosa se complicó cuando el presidente de INE, David Castillo, anunció la apertura de un proceso de arbitraje para conocer si la empresa ha incumplido con lo estipulado en el contrato.