Nacional

“Subsidiados” nunca pagaron los buses


Luis Galeano

El ex presidente de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), Rosendo Díaz Bendaña, denunció la supuesta falta de voluntad de los contralores de investigar millonarios préstamos que han recibido desde hace más de una década cooperativas de transporte y que, según él, nunca han sido pagados.
Díaz Bendaña solicitó en tres ocasiones distintas a los colegiados que revisarán la “deuda sin pago” que las cooperativas Parrales Vallejos, Colón y Silvestre Murguía asumieron en 1993, cuando se privatizó Enabus, pero le respondieron que cualquier inquietud que tuviera sobre el asunto la consultara con la Procuraduría General de la República (PGR).
La primera denuncia de Díaz Bendaña ante los fiscalizadores fue el 23 de septiembre del año pasado, y recibió como respuesta de parte de los colegiados que “la Contraloría no evacua consultas a particulares, por lo que deberá dirigir su consulta a la Procuraduría General de la República”.
El ex presidente de la Cornap insistió en la misma denuncia el 24 de noviembre del año pasado y obtuvo la misma respuesta de los contralores.
Deben 30 millones de dólares
No conforme, Díaz Bendaña remitió al ente fiscalizador documentación oficial de la Cornap facilitada el 05 de julio de este año por su actual presidente Chéster Noguera, que revela los créditos que las tres cooperativas asumieron con el Estado en 1993, los cuales en ese entonces sumaban US$ 14,853,656, y que hoy, con los intereses acumulados, superan con facilidad los US$ 30 millones.
“Ahora que han pasado ya siete meses (desde la última respuesta) en los que ustedes quizás han tenido tiempo de leer y reflexionar sobre el artículo 156 de nuestra Constitución, les ruego mediten y me contesten de acuerdo con el derecho”, dice la misiva de Díaz Bendaña enviada a la Contraloría el pasado 8 de julio.
El ex funcionario también remitió copia de las cartas enviadas a la Contraloría y la información de la Cornap al procurador general Alberto Novoa, a quien le sugirió que cobre la deuda en mora de los transportistas.
La privatización y la deuda
Entre la documentación destaca un acta firmada por la Comisión Nacional de Transporte integrada por el que era en ese entonces el ministro de Construcción y Transporte del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, Jaime Icabalceta; Martha Palacios, Viceministra de Finanzas; el ministro del Trabajo, Francisco Rosales, y los representantes de la Parrales Vallejos, Carlos Palma y Roberto González, en septiembre de 1993.
En ese documento el gobierno se comprometió a privatizar a favor de los Parrales Vallejos 101 buses argentinos MB por US$ 431,955; 163 buses brasileños MB por US$ 404,122; un total de 26 buses Pegasso usados por US$ 161,719; 35 buses Pegasso nuevos por US$ 2,935,937; 56 buses Isuzu por US$ 2,926,868 y 26 buses “rifados” por US$ 109,362.
Asimismo, se detallan herramientas por la suma de US$ 109,101, materiales y suministros por US$ 1,871,933, equipo ligero de ayuda US$ 66,060, mobiliario US$ 64,495, repuestos y otros por US$ 2,996,886; y combustibles y lubricantes por US$ 323,039.
Todo ello sumado alcanzó la cifra de US$ 12, 327,483, sin embargo, se descontó el pago de indemnización de personal por US$ 1,210,995, y la deuda de los Parrales quedó en US$ 11,116,487.
En el caso de la cooperativa Colón, se le entregaron 48 buses Pegasso por US$ 494,509; 30 buses nuevos Pegasso por US$ 2,531,946; repuestos para Pegasso por 1,160,003; herramientas US$ 15,372, materiales y suministros US$ 23,541, y en equipo de ayuda (furgón taller) US$ 28,230. Todo ello sumó US$ 4,253,593, pero se le descontaron US$ 614,559 de pago de indemnización a trabajadores, y por tanto, la deuda quedó en US$ 3,639,033.
La cooperativa Silvestre Murguía obtuvo de la privatización de Enabus un total de 14 buses MB usados por US$ 106,114, dos buses DINA usados por US$ 13,649, repuestos y otros por US$ 41,455, materiales, y suministros US$ 6,722, herramientas US$ 5,199, equipo ligero de ayuda US$ 5,581, mobiliario y equipo de oficina US$ 5,236. En total, lo obtenido por estos cooperados fue de US$ 192,135, pero se le descontó US$ 94,000 de indemnización a trabajadores y su deuda al final fue de US$ 98,135.
De acuerdo con el acta de resolución de la Comisión, los activos se vendieron a una tasa de interés del seis por ciento anual sobre saldos, a un plazo de diez años, incluido uno de gracia pagadero el principal en cuotas mensuales niveladas, y se constituyó como garantía prendaria los equipos adquiridos por las cooperativas.
Contraloría inhabilitada para investigar por caducidad
El vicepresidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, negó que existe falta de disposición de su parte para revisar la denuncia presentada por Díaz Bendaña, porque la ley les obliga a fiscalizar el buen uso de los bienes del Estado, sin embargo, explicó que el tiempo que ha transcurrido desde que se asumió esa deuda escapa del período que la ley les permite indagar.
“La Ley Orgánica nuestra dice que podemos hacer trabajos de auditoría y analizar operaciones de cinco años hasta la fecha, y en este caso el señor Díaz Bendaña nos está planteando que nos metamos a revisar un asunto que se dio en 1993 y que, por tanto, para nosotros ya caducó”, dijo Montenegro.
“Si él siente que se debe investigar sobre lo que está denunciado, pues para eso están la Procuraduría y la misma Fiscalía, para las que la caducidad no existe, por eso fue que le recomendamos que se abocara con el Procurador, para ver si él hace efectivo ese cobro de esas deudas que plantea”, agregó.
Ayer intentamos conversar con el procurador Novoa, pero no fue posible localizarlo en su celular.